El PSM reclama al juez que impute al vicepresidente González en el Gürtel

La revisión de más de 800 facturas correspondientes a expedientes de contratación y a anticipos de caja, todas ellas incluidas en el sumario de la trama Gürtel, lleva a los socialistas madrileños a reclamar al juez Antonio Pedreira, instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se impute a 45 altos cargos regionales.

Entre ellos figura el vicepresidente, Ignacio González, así como 15 directores generales, ocho secretarios técnicos, seis subdirectores generales, dos jefes de gabinete y cinco jefes de área, entre otros. El escrito que el PSM, personado en la causa, entregará al juez antes del final de esta semana considera que estos cargos serían responsables de los delitos de prevaricación y negociación prohibida a los funcionarios.

El secretario general de los socialistas, Tomás Gómez, citó expresamente al actual Defensor del Menor, Arturo Canalda, que fue viceconsejero de Sanidad; a la directora general de Medios, Isabel Gallego, a la que calificó de "mano derecha de Esperanza Aguirre"; y a la ex alcaldesa de Leganés, Guadalupe Bragado, de la que dijo que fue "reina por un día". Pero entre los mencionados también destacan dos miembros de la dirección del PP regional que preside Aguirre, como Borja Sarasola, secretario general técnico a las órdenes de González, o el concejal popular Fernando Martínez Vidal, que fue director general de Relaciones Externas hasta 2007.

Gómez anunció que, si se admite su petición, solicitarán la dimisión de la presidenta regional. "El Gürtel afecta a todo su Gobierno", afirmó. "Es personal que depende directamente de la presidenta".Las acusaciones contra 45 altos cargos regionales están basadas en el análisis de la documentación incluida en el sumario del caso Gürtel respecto a los 367 contratos que otorgó la Comunidad de Madrid a las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama de corrupción que afecta a varias administraciones en manos del PP. Los socialistas han revisado más de 800 facturas -de expedientes de contratación o de anticipos de caja para pagar actos de la Comunidad de Madrid- que les llevan a afirmar que estos cargos avalaron con su firma el troceo de contratos atribuido por el sumario del caso a las empresas de Correa, en connivencia con el ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, imputado en el caso. Por eso consideran que fueron autores del delito de prevaricación y cooperadores necesarios del delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.

"Se encargaban miles de actos, éstos se realizaban y, cada cierto tiempo, el ex consejero Alberto López Viejo elaboraba las facturas, que se remitían a las empresas para que éstas las enviaran a las consejerías", explican fuentes jurídicas del PSM. "A partir de ahí en las consejerías reconstruían los expedientes". Por eso, agregan, en algunos casos eran los secretarios generales técnicos los que firmaban los documentos y, en otros, los propios directores generales, los gerentes, los subdirectores o los jefes de área. Las mismas fuentes explican que López Viejo se cuidó mucho de firmar la documentación, pero sí requería de estos altos cargos para poder llevar a cabo sus manejos con la trama Gürtel.

Para llegar a esta conclusión, los socialistas han acudido también al informe judicial que figura en el sumario del caso sobre el fraccionamiento de contratos, que establece que por esta vía se desviaron unos 3,18 millones de euros. Según este informe, el truco utilizado consistía en trocear el contrato de un mismo acto en varias partes por cantidades inferiores a 12.000 euros. La normativa de contratación establece que, por debajo de esta cifra, no es necesario convocar un concurso para adjudicar un contrato. Eso permitía designar sistemáticamente a las empresas de Correa, incumpliendo los principios de concurrencia y publicidad.

Para elaborar la lista de altos cargos, los socialistas sólo han tenido en cuenta a quienes firmaran órdenes de pago que cumplieran cuatro requisitos: que hubiera fraccionamiento en varios contratos de un mismo acto; que esos contratos de una misma actividad los tramitara a la vez el órgano administrativo correspondiente; que las facturas tuvieran una numeración correlativa; y que éstas fueran expedidas por la empresa (o las empresas) en la misma fecha.

Por ejemplo, el acto de entrega a los adjudicatarios de 250 pisos en La Ventilla el 13 de mayo de 2005 da lugar a dos facturas por el mismo concepto: una presentada por la empresa Good & Better, por importe de 11.992 euros, y otra de Easy Concept, por 11.811 euros. Ambas corresponden a la misma actividad y las tramita y paga al mismo tiempo el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima).

En el caso del vicepresidente Ignacio González, los socialistas le atribuyen haber firmado -y, por tanto, avalado- el pago de dos facturas diferentes por el mismo acto de celebración del Día de la Constitución, según las citadas fuentes jurídicas. En ambos casos, se trata de abonos que no superan los 12.000 euros y en la documentación figura su firma y la de Alejandro Halfter, secretario general técnico de su consejería hasta que, tras las elecciones de 2007, fue nombrado viceconsejero a las órdenes de Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior.

No es el único secretario general técnico. También figuran los de las consejerías de Educación, Familia y Asuntos Sociales, Presidencia, Cultura y Turismo. Además, están directores generales de Presidencia, Sanidad, Familia y Asuntos Sociales, Deportes (ya inexistentes y en Vicepresidencia), Cultura (ahora en Vicepresidencia), Economía y Consumo (ahora en Hacienda) y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. No incluye las áreas de Justicia, Interior, Transportes, Vivienda y Hacienda.

Entre los altos cargos incluidos en la lista socialista figura Matías Morante de la Calle, que fue subdirector de Régimen Interior y Servicios Generales de la Consejería de Educación hasta enero de 2007. Murió en abril de ese año, informa la agencia Efe.