Detenido otro guardia civil por la red de prostitución de Lugo

El mismo día en que se levantó parcialmente el secreto de sumario de la Operación Carioca, la jueza que instruye las diligencias para esclarecer la red de prostitución que operaba en Lugo ordenó ayer la detención de un subteniente de la Guardia Civil, J.B.L., quien a última hora de la tarde pasó a disposición judicial. Como en ocasiones anteriores fueron agentes de asuntos internos del instituto armado los encargados de practicar la detención. Ocurrió por la mañana, cuando el mando se encontraba en su despacho de la comandancia, donde tenía encomendadas funciones de jefatura dentro de la policía judicial, a la que también perteneció el cabo Armando L.T., actualmente en prisión por esta causa. El cabo aparece en el sumario como uno de los principales implicados, ya que la instructora lo investiga como supuesto autor de los delitos de tráfico ilegal de personas, determinación a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, agresión sexual y contra la intimidad.

La juez señala a los mandos como cooperadores de la trama

En el auto de imputación, la juez acusa al cabo de no persiguer la actividad delictiva de varios de los implicados e incluso de "cooperar" con la red para facilitar la entrada en España de algunas inmigrantes. Sostiene que el mando, ya en la reserva, se valió de su condición de miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para obtener favores sexuales, y concluye que también ha inducido a mujeres a ejercer la prostitución en burdeles de Lugo.

Con estos argumentos, la instructora trata de determinar la posible relación que existió entre el cabo y José Manuel García Adán, dueño de uno de los cinco prostíbulos que en la madrugada del 16 de octubre de 2009 fueron tomados por los agentes policiales, para consumar una operación que llevaba fraguándose desde diciembre de 2008, cuando se ordenaron las primeras escuchas telefónicas. La juez alude a las "indignas condiciones de trabajo" de las mujeres que se prostituían en estos locales, desde entonces precintados, tres de ellos en la capital lucense, otro en el municipio de Outeiro de Rei y un quinto ubicado en Ribadeo.

Ayer también se conocieron los primeros testimonios de seis testigos protegidos. Las mujeres volverán a prestar declaración el próximo viernes, salvaguardadas tras un biombo y con nombres supuestos, para responder a las preguntas que les formulen los letrados de las partes implicadas. Se trata de "preconstituir" una prueba de declaración, ante el riesgo de que no pudieran hallarse en el país cuando llegue el juicio.

Ninguna de ellas implicó ayer directamente al cabo detenido. Luana, de nombre falso, cuenta cómo llegó a España y quién realizó las funciones de intermediación, pero cuando le preguntaron por Armando aseguró que "nunca" oyó hablar del guardia civil. A Valquiria, otro apodo, sí le sonó el nombre de Armando, pero no vinculado a comportamientos irregulares. Esta mujer admitió que tras la detención del agente le comentaron que éste "arreglaba papeles a las extranjeras" y reconoció en fotos al cabo y subteniente detenidos.

El sumario revela decenas de conversaciones telefónicas entre los principales implicados y detalla las cantidades que debían percibir por los servicios realizados en los locales de alterne, donde trabajaban más de doce horas al día. También relata como por norma, en alguno de los clubes, las mujeres tenían que entegar 10 euros por el primer contacto sexual y otros 12 por manutención, además de 3 euros por sábanas y toallas. A medida que se incrementaban los servicios disminuían las cantidades que tenían que pagar al local.

En la instrucción figura que "en Lugo funcionan desde hace tiempo varios clubes, la inmensa mayoría de las mujeres se encuentran en una precaria situación de necesidad, no solo económica sino emocional, carente de permiso de trabajo y residencia". "Las mujeres eran traídas a España por José Manuel García Adán y colaboradores", precisa uno de los autos.