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Deterioro del mercado laboral

Los sindicatos rechazan la propuesta de reforma laboral del Gobierno

La patronal cree que el documento "es un buen punto de partida"

Poco ha gustado a los sindicatos la nueva propuesta de reforma laboral del Ejecutivo. Entra de lleno en el despido y, de facto, propone su abaratamiento -por la vía de la extensión del contrato con 33 días de indemnización ya existente-, uno de los demonios sindicales. "No me gusta el tono", proclamó el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, en una entrevista en RNE. "Discutible", fue la palabra que empleó el líder de UGT, Cándido Méndez, para hablar de la parte del documento que trata sobre las indemnizaciones por despido en el acto en defensa del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

El texto que los agentes sociales recibieron el pasado martes apuntalaba las intenciones del Ejecutivo de extender el contrato de fomento del empleo indefinido, una figura que contempla una indemnización por despido de 33 días frente a los 45 ordinarios. Incluso propone la posibilidad de que el Fondo de Garantía Salarial -financiado con la aportación empresarial de un 0,2% del coste salarial de cada trabajador- asuma parte del coste de despidos de estos contratos. También busca abrir la posibilidad de que las agencias privadas de colocación intermedien en el mercado laboral.

Va en "una línea de abaratamiento del despido", según Fernández Toxo

Todo esto ha caído como un jarro de agua fría en los sindicatos, ya escamados con el Gobierno por su propuesta de retrasar la edad de jubilación y aumentar el cómputo de las pensiones.

Para Toxo, la propuesta va en "una línea de abaratamiento del despido". En su opinión, el intento de impulsar el contrato de fomento del empleo indefinido es tratar de revitalizar una vía que se ha demostrado poco eficaz. Toxo, además, mostró su rechazo por cómo el Gobierno ha tomado su propuesta de traer a España el modelo austriaco de despido. "Pillado de mala manera", fue la expresión que usó.

En UGT, Méndez salvó la parte del documento que contiene propuestas para atajar el paro juvenil (en el 40%), los cambios en las bonificaciones y el impulso de la reducción horaria para ajustar costes laborales frente a los despidos. Pero atacó a todo aquello referente a la contratación y al despido y las agencias privadas de colocación.

Más allá que el secretario general de UGT fue el responsable negociador del sindicato, Toni Ferrer. "Son propuestas completamente discutibles y sesgadas", dijo. En concreto, sobre la propuesta de que el Gobierno asuma parte del coste de despido, Ferrer afirmó rotundo y coloquial: "No juegue usted con el dinero público".

La acogida de la patronal al documento del Gobierno fue mucho más favorable. Tras no hacer declaraciones el día anterior a la salida de la reunión en la que recibió el papel, ayer el vicepresidente de CEOE y responsable de los empresarios catalanes, Joan Rosell, calificó la propuesta como "un buen punto de partida". "Ahora hay que trabajarlo rápido", continuó. Rosell pronunció estas palabras en un acto del Fórum Europa en Barcelona en el que estaba el líder de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, que al oír las palabras del vicepresidente, sentenció: "Amén a todo lo dicho".

En cambio, el líder del PP, Mariano Rajoy, que ha estado habitualmente en sintonía con la patronal en esta materia, atacó con dureza: "Ese documento no sirve para afrontar el problema del paro en España, el de la temporalidad, y no supone ninguna iniciativa que se concrete en nada". "No decide nada y se limita a hacer sugerencias", sentenció.

Al paso de las críticas a la propuesta, salió desde Washington el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Afirmó que la propuesta no supone una merma de los derechos de los trabajadores. A su juicio, el documento de Trabajo, "innovador y reformista", cumple el objetivo de reducir el coste de la contratación para el empresario sin mermar la indemnización por despido. Admitió, no obstante, que ello obligará a aportar recursos públicos lo que, en su opinión, "nada debe extrañar", informa Miguel Gónzález.

Por su parte, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández y el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, definieron el documento como una herramienta de trabajo. Mientras que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, puso el acento en que de lo que se trata en última instancia es de fomentar el empleo y la contratación, no de abaratar ni subvencionar el despido.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 14 de abril de 2010