En defensa de una gobernanza territorial

Es posible identificar cuatro tipos de políticas públicas con especial vinculación a un territorio. Las primeras serán aquellas políticas susceptibles de ser territorializadas o con aplicación inmediata sobre un espacio determinado (tales como la educación, ciencia, tecnología); las segundas son las políticas públicas construidas a partir de bases territoriales específicas (como las orientadas a los espacios rurales o a los sistemas productivos locales). Las terceras serían las políticas públicas correspondientes a la construcción de planes territoriales específicos (como las políticas de planeamiento local o regional); y, finalmente, las políticas públicas territoriales son aquellas que enfatizan el desarrollo endógeno, esto es, la capacidad de utilización más eficiente y diferencial de nuestros recursos y activos.

Los últimos sucesos de la política gallega caminan en dirección opuesta al consenso organizativo

En el marco de la política económica resulta preciso articular la necesidad de territorializar las políticas públicas de manera que nos permita intervenir a nivel local y regional y, al mismo tiempo, poder servir de catalizador de la gobenanza. Es decir, definir la estrategia general de desarrollo y establecer los mecanismos de cooperación para poder concertar los proyectos comunes.

Estas pautas nos sirven para detectar varios niveles de reconocimiento en lo tocante a la aplicación de las mencionadas políticas públicas. O sea, proceder a conocer las preferencias de los actores y las distintas modalidades de cooperación/coordinación; y, en segundo lugar, subrayar las pautas de la negociación y del consenso entre los distintos agentes. Con estos pilares podemos estar seguros de dar pasos adelante en los objetivos de cohesión territorial a partir de sacar partido de las potencialidades específicas de cada territorio.

Para poder avanzar en la gobernanza territorial son necesarias tres condiciones: en primer lugar, garantizar la mayor participación de los actores públicos y privados; en segundo lugar, garantizar la subsidiariedad, lo que significa la adopción de estrategias desde las realidades locales y más próximas al ciudadano; y, en tercer término, procurar la integración de políticas sectoriales reforzando las sinergias entre todas ellas.

En suma, un territorio debe ser un factor de racionalidad en lo tocante a las políticas públicas. Lo que significa que debe ser pertinente en cuanto a la proximidad y a las relaciones y contextos en los que se inserta. Por eso, hoy más que nunca, debemos darle mayor importancia a la gobernanza territorial que, en definitiva, reclama una nueva forma de pensar sobre las capacidades del Estado y las relaciones entre éste y la sociedad, lo que algunos científicos europeos llaman multilevel governance.

La gobernanza territorial exige una acción colectiva, esto es, un conjunto de actores comprometidos en la resolución de los problemas comunes. Dicha acción debe ser producto de una adecuada elección y selección por parte de los actores al objeto de solucionar los problemas existentes. Igualmente, la gobernanza territorial también la podemos definir como la capacidad de integrar y adaptar organizaciones de diferentes grupos e intereses territoriales con la finalidad de asegurar una representación y posicionamiento frente a actores externos y para defender estrategias en relación a los mercados, a otros Estados y a otros niveles de gobernanza. Estamos redefiniendo el nuevo rol de una acción política relacionada con la actualización de la gobernanza territorial.

Los últimos acontecimientos de la política gallega no fueron ni caminan, como se está constatando diariamente, en esta dirección. El debate sobre la fusión de las cajas de ahorro, las disputas en torno a los planes territoriales y los derivados del uso de suelo, y las controversias en lo que hace referencia al decreto sobre el uso del gallego, por escoger tres ejemplos, son muestras de que damos pasos en la dirección contraria a lo que es gobernanza territorial.

La gobernanza territorial exige construir un consenso organizativo, pues debe agrupar a los diferentes actores de tal forma que se pueda llegar a alcanzar a definir una meta común. Debe fomentar la aportación y la contribución de cada actor al objeto de poder realizar y llevar a cabo sus objetivos. Finalmente, debe existir una visión común para un futuro.

Otros resaltamos, dando un paso más, el hecho de que la importancia de un territorio radica en su capacidad de promover cambios estructurales que impulsen las capacitaciones individuales y colectivas en una perspectiva integrada. Pues bien, aquí, en Galicia, todavía tenemos un enorme déficit en este aspecto. La razón es que algunos siguen mirando de reojo (y casi en exclusiva a los demás), y no mirando al futuro. Y ahora es el momento de las oportunidades, no del victimismo.