El fiscal acusa de un doble delito de prevaricación al presidente de Portos

Con las elecciones autonómicas de 2005 ya perdidas, al último Gobierno de Manuel Fraga, del que Alberto Núñez Feijóo era vicepresidente primero, le entraron las prisas por dejar listo su plan de acuicultura, que amparaba 21 piscifactorías en distintos lugares de la costa. Mientras PSdeG y Bloque negociaban ya el reparto de carteras de la coalición, la Xunta en funciones de Fraga y Feijóo aprobó el 29 de julio de 2005 ese proyecto que aquel Gobierno del PP consideró "estratégico para la economía gallega". Dos sentencias firmes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaban de tumbar uno de las plantas acuícolas más polémicas de aquel plan, la de Rinlo, en el entorno de As Catedrais, en la Mariña lucense, que contó además con el beneplácito del ayuntamiento socialista de Ribadeo. La empresa Acuinor, SL, ya no podrá construir allí su piscifactoría, después de que el TSXG haya anulado la preceptiva declaración de impacto ambiental. Y mucho menos después de que un segundo fallo invalidara aquel acuerdo de Fraga.

El actual titular de Portos era en 2005 alto cargo de Medio Ambiente

Pero las consecuencias jurídicas de autorizar una piscifactoría en un espacio protegido de la Red Natura con hábitats prioritarios pueden no terminar ahí. El fiscal especializado en la defensa del Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, acaba de presentar una denuncia penal contra el entonces director general de Calidade e Avaliación Ambiental, José Manuel Álvarez-Campana, por el modo en que tramitó la declaración de impacto ambiental de la planta acuícola en 2005. Campana es ahora presidente de Portos de Galicia.El fiscal especializado en la defensa del Medio Ambiente, que parte de una denuncia previa del colectivo ecologista Adega, atribuye a José Manuel Álvarez-Campana dos delitos de prevaricación medioambiental y prevaricación urbanística. En su denuncia, de nueve páginas, que ha presentado en los juzgados de instrucción de Santiago y que obra en poder de Adega, el fiscal explica que en la zona de Ribadeo donde la Xunta de Manuel Fraga pretendía instalar la piscifactoría, el Inventario Nacional de Hábitats detecta dos de carácter prioritario y un tercero de interés comunitario.

No sólo eso. Subraya el ministerio público que toda esta información la tenía ya en 2005 la Consellería de Medio Ambiente, que dirigía entonces Xosé Manuel Barreiro. Según consta en el escrito enviado al juez, la "Administración Medioambiental es consciente no sólo de la condición de LIC/ZEPVN [Lugares de Interés Comunitario / Zonas de Especial Protección de Valores Naturales] de As Catedrais, su inclusión en Red Natura 2000, sino también de la presencia, en los terrenos sobre los que se autorizan las obras, de hábitats prioritarios y no prioritario".

El fiscal de Medio Ambiente cita el Real Decreto 1997/1995, coincidente con la directiva comunitaria sobre hábitats, para recordar que, para autorizar proyectos sobre terrenos afectados por la Red Natura donde se detectan hábitats prioritarios, "únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión Europea, otras razones imperiosas de interés público de primer orden".

El ministerio público va más lejos y concluye que la declaración de impacto ambiental firmada por el entonces director general de Calidade e Avaliación Ambiental intentó eludir los controles de la Unión Europea sobre estos espacios protegidos, con el objetivo de salvaguardar "intereses ajenos de naturaleza económica".

Todo ello figura en el texto de la denuncia que estudia ya el juzgado de instrucción número 3 de la capital gallega: "Con la finalidad de impedir el control de las instituciones comunitarias, pese a la constancia de que se trataba de un espacio protegido, así determinado en la directiva y en los inventarios, y por si ello fuera poco, consignado con un asterisco en el numeral que los identificaba, no consultó a la Comisión Europea, tal y como establece el punto 4 del artículo 6 de la directiva, la inmisión en este espacio protegido, pues la aprobación del proyecto no se refería a consideraciones relacionadas con la vida humana y la seguridad pública, ni a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, sino simplemente, la respuesta a intereses ajenos y de naturaleza económica".

La denuncia cita las dos sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que han anulado esa declaración de impacto ambiental y la autorización para la planta de Rinlo, y pide al juzgado que solicite a la Xunta el expediente completo sobre esta piscifactoría y tome declaración en calidad de imputado al actual presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana, a quien atribuye los citados delitos de prevaricación medioambiental y urbanística. Portos es un ente adscrito a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.

Ex concejal en A Coruña, la trayectoria política de Álvarez Campana siempre estuvo ligada a las siglas del Partido Popular. Con la Xunta de Manuel Fraga permaneció en el cargo de director general de Calidade e Avaliación Ambiental hasta que fue relevado en otoño de 2005 por el bipartito. Dio entonces el salto a la dirección de la Cámara minera, una patronal de empresas donde figuran representadas varias de las firmas energéticas con las que el propio Álvarez Campana había tratado en la Administración, desde el departamento que emitía los informes de impacto ambiental para canteras, minicentrales y otras obras susceptibles de dañar el medio ambiente. Sólo dejó la Cámara minera para concurrir a las elecciones autonómicas en las listas del PP en febrero de 2009. Con Feijóo de vuelta en la Xunta, recuperó su despacho en la Administración, ahora como presidente de Portos de Galicia.