Jerez reclama un anticipo al Gobierno para pagar las nóminas

El gobierno local de Jerez pidió ayer al Estado un anticipo de 1,5 millones de euros para afrontar el pago de las nóminas de marzo de la plantilla municipal. La frágil situación económica que atraviesa el Consistorio desde hace años y la caída de los ingresos por la crisis estalló ayer ante los empleados de esta administración, que, por primera vez en su historia, no ha abonado los salarios a la totalidad de los empleados.

Para completar la liquidación de salarios de los 2.700 trabajadores, el gobierno socialista convocó un pleno extraordinario y aprobó, con el apoyo de PP e Izquierda Unida y la abstención del PSA, solicitar un adelanto de los fondos que el Gobierno tiene que enviar a Jerez "ante la urgencia de atender necesidades de tesorería".

El relevo de los altos cargos supondría un ahorro de 1,3 millones

Manifestación de un millar de empleados de las empresas de servicio

El Consistorio destina cada mes seis millones de euros para gasto de personal, pero desde hace tiempo los ingresos no alcanzan esa cantidad. Con el dinero requerido al Estado, el Ayuntamiento pretende abonar la totalidad de las nóminas correspondientes a marzo. Según las directrices marcadas por la alcaldesa, Pilar Sánchez, hasta ahora han cobrado todos los empleados que perciben menos de 2.000 euros mensuales.

Serán los políticos y los empleados con mayores remuneraciones los que tendrán que esperar a que el Gobierno atienda la petición municipal y transfiera el dinero, algo que, según fuentes municipales, ocurrirá "en sólo una semana". Es la primera vez que el Ayuntamiento jerezano se retrasa cinco días en el ingreso de los sueldos de los trabajadores y admite que no dispone de fondos para liquidar los salarios.Sin embargo, este retraso en el pago de las nóminas no sorprendió demasiado a la plantilla, a la que hace ya algunas semanas la alcaldesa advirtió de que peligraban sus salarios por "los graves problemas económicos del ayuntamiento".

Pilar Sánchez lo achacó entonces a la decisión de la Consejería de Empleo de archivar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal que la edil socialista pretendía aplicar en el concejo con carácter urgente. En los últimos meses, el gobierno municipal ha reconocido que tenía que hacer juegos malabares para conseguir pagar a los trabajadores. Y que estos juegos malabares podían dejar de funcionar en cualquier momento, como parece que finalmente ha ocurrido.

La gravedad de las cuentas municipales de Jerez, con una deuda global cercana a los 700 millones de euros, llevó ayer a la alcaldesa Sánchez a anunciar medidas drásticas. La edil socialista convocó a primera hora de la tarde a todos sus concejales para anunciarles, entre otras iniciativas de ahorro, el cese de todos los asesores y cargos de confianza del gobierno municipal.

Sólo con este recorte, el consistorio confía en ahorrar algo más de 1,3 millones de euros anuales. Esta idea, discutida en una reunión que se prolongó durante más de cinco horas, se enmarca en un plan más completo con el que la edil jerezana pretende afrontar la precaria situación financiera de la administración local.

Al cierre de esta edición, la ejecutiva socialista debatía las medidas de ahorro que planea aplicar la alcaldesa, quien quiere contar con el respaldo de su partido y del grupo municipal socialista antes de concretar el próximo viernes nuevas reducciones del gasto municipal con el fin de garantizar la estabilidad en el Consistorio y las nóminas de la plantilla.

El retraso en el pago de las nóminas que está empezando a sufrir la plantilla del Ayuntamiento jerezano ya es, sin embargo, una tónica habitual en la mayoría de las empresas concesionarias de servicios públicos. Unos 1.200 trabajadores sufren retrasos en los pagos desde hace alrededor de un año.

El Ayuntamiento culpa a las empresas adjudicatarias, todas ellas privadas, por no cumplir con sus empleados, mientras que las sociedades, por su parte, responsabilizan al Consistorio por no pagar a tiempo los servicios que prestan estas compañías.

Los operarios, "hartos" de sufrir la misma situación mes a mes, salieron en la tarde de ayer a la calle para exigir su derecho a cobrar "de manera regular".

Más de un millar de empleados participaron en una manifestación convocada por CCOO y UGT. Bajo el eslogan "por la estabilidad en el empleo y el salario en las empresas concesionarias", los manifestantes reclamaron al Ayuntamiento y a las adjudicatarias que busquen los recursos necesarios y establezcan "fórmulas de pago" para que se garanticen las nóminas de la plantilla, "la única que está cumpliendo con su trabajo", según los sindicatos.

Ayer los 200 trabajadores de Limasa, la concesionaria de limpieza de colegios y dependencias municipales, acumulaban un retraso de 20 días en el pago de la nómina. Además, los sindicatos están a la espera de que en sólo unas jornadas se empiecen a denunciar impagos de los salarios de marzo.