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El Gobierno reduce las plazas para nuevos funcionarios un 87% en 2010

El recorte, ajustado al plan de austeridad, supone un ahorro de 280 millones

Luis R. Aizpeolea

La Oferta de Empleo Público para 2010 va a sufrir de modo espectacular las consecuencias de la política de austeridad que el Gobierno se ha impuesto para combatir la crisis económica. El Consejo de Ministros de ayer aprobó un recorte del 87% de las plazas de nuevo ingreso que baja de 15.084, en 2009, a 1.989 en 2010. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, comentó al anunciar la drástica reducción que se "adapta y adecua a la actual coyuntura económica".

La medida se ha adoptado siguiendo los criterios del plan de austeridad del Gobierno que implican la reducción del gasto de personal público del 4% hasta 2013 y un recorte de la tasa de reposición hasta el 10% (esto es, que de cada 100 funcionarios que causen baja sólo se podrá contratar a 10). Este recorte de gasto supone un ahorro de 280 millones de euros en la Administración del Estado para 2010.

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Las 1.989 plazas de nuevo ingreso se concentran especialmente en las Fuerzas de Seguridad del Estado y en las Fuerzas Armadas. Se reparten así: 222 para la Policía Nacional; 232 para la Guardia Civil; 754 para las Fuerzas Armadas y 781 para la Administración General del Estado.

La Oferta de Empleo Público para 2010 incluye, también, 2.030 empleos para la Administración de Justicia. De ellos, 1.326 corresponden a comunidades autónomas con competencias en la materia y 704 al área competencial del Ministerio de Justicia. La oferta se enmarca en el Plan de Modernización 2009- 2012 en este ámbito. La Administración de la Justicia tiene una dinámica diferenciada de la Administración General del Estado y en ella no se aplican los criterios de tasa propios de esta.

Además del criterio prioritario de austeridad que ha guiado la oferta de empleo público, el Gobierno ha tenido en cuenta, también, la promoción interna de los funcionarios y la concentración en sectores prioritarios, según informó ayer Fernández de la Vega.

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En este sentido, de las 781 plazas de la Administración General del Estado de 2010 el 50% corresponden a Instituciones Penitenciarias; el 12,04% a la lucha contra el fraude fiscal; el 9,12% a la investigación; el 8,2% al orden social; el 8,2% a cuerpos informáticos; el 6,38% a la seguridad aérea y meteorológica; el 3,1% al sector exterior y el 2,9% a la Administración Civil. No obstante, el contraste con el número de plazas de 2009 es espectacular. Si el año pasado la Administración General del Estado convocó 5.050 plazas, en 2010 se ha reducido a 781.

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT advirtieron ayer al Gobierno que el drástico recorte en la oferta de empleo público puede resentir el servicio que prestan las administraciones públicas a los ciudadanos.

La Federación de Servicios de Comisiones Obreras denunció que el hecho de que "no se cubran las vacantes convenientemente irá en perjuicio de los ciudadanos e impedirá que los organismos públicos cumplan sus objetivos". Julio Lacuerda, de UGT, calificó de "insuficiente" la oferta de empleo público de este año.

Fernández de la Vega, momentos antes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Fernández de la Vega, momentos antes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.ULY MARTÍN

Datos de la oferta

- La Oferta de Empleo Público para 2010 es de 1.989 plazas frente a las 15.084 de 2009 (un 87% de reducción). Se ajusta al plan de austeridad del Gobierno que recorta la tasa de reposición de efectivos hasta el 10% y reduce el gasto de personal en un 4%. Implica un ahorro de 280 millones de euros.

- Las 1.989 plazas nuevas se reparten así: 754 para las Fuerzas Armadas; 232 para la Guardia Civil; 222 para la Policía Nacional y 781 para la Administración General del Estado.

- Los 781 puestos de la Administración General del Estado de 2010 contrastan con los 5.050 de 2009. El reparto de 2010 es el siguiente: 50% para Instituciones Penitenciarias; 12,04% para la lucha contra el fraude fiscal; 9,12% para investigación; 8,2% para el orden social; 8,2% para cuerpos informáticos; 6,38% para seguridad aérea y meteorológica; 3,1% al sector exterior y 2,9% a la Administración Civil.

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