Un millón de firmas de nueve países permitirá cambiar leyes

El Gobierno español ha metido presión a la nueva Comisión Europea, que no se constituyó hasta febrero, para recuperar el tiempo perdido. Y la presión parece haber dado frutos pues mañana, con un mes de anticipo sobre la previsión inicial, debe aprobarse uno de los proyectos estrella de la presidencia española: el reglamento de la Iniciativa Ciudadana Europea, que permitirá a los ciudadanos proponer directamente reformas legislativas a la Comisión Europea. Según fuentes comunitarias, el proyecto de la Comisión, que desarrolla el Tratado de Lisboa, exige el respaldo de un millón de firmas procedentes de un tercio de los estados de la Unión -en la actualidad, nueve sobre 27- y que representen al menos el 0,2% de la población de cada uno de ellos.

Los promotores de la iniciativa tendrán un plazo de un año para recoger las firmas, que serán verificadas por los estados respectivos. Una vez presentadas, la Comisión dispondrá de cuatro meses para pronunciarse, tanto sobre los aspectos formales como sobre el fondo.

Mientras Diego López Garrido calificó ayer la presidencia española de "incansable, eficaz, comprometida, solidaria o europeísta", el responsable de Relaciones Exteriores del PP, Jorge Moragas, consideró "prematura" cualquier valoración integral, pero instó al Gobierno a "esforzarse para adecuar los resultados a los objetivos que marcó el Congreso".