El relevo del juez frena el sumario de la trama urbanística de Polop

La investigación judicial sobre la supuesta trama urbanística que la policía destapó a raíz del asesinato del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, del PP, está en vía muerta dos meses después. El relevo de juez en la oficina instructora, el Juzgado número 3 de La Vila Joiosa, ha frustrado la práctica de diligencias. En la causa no consta todavía ningún imputado. La Fiscalía de Alicante tampoco ha decidido en ese tiempo quién asumirá la acusación.

A finales de enero, la instructora del asesinato de Ponsoda, la titular del juzgado número 2 de La Vila, decidió separar del sumario las diligencias relacionadas con el urbanismo, probable móvil del crimen. Este segundo sumario recayó en el juzgado número 3. En ese momento, su responsable era una juez sustituta, por enfermedad de la titular. Esta magistrada acaba ahora de reintegrarse al puesto.

La fiscalía aún no ha designado quién llevará la causa urbanística

La juez suplente no acordó la práctica de diligencias y la titular ha pedido un aplazamiento de las primeras pruebas previstas: la declaración, en calidad de testigos, de personas vinculadas a la trama. Entre esos testigos se encuentra un empresario al que supuestamente el cerebro del crimen de Ponsoda, su predecesor en el cargo, Juan Cano, le pidió dinero para un PAI.

El juzgado no ha fijado fecha para las comparencias de los testigos. La Fiscalía de Alicante aseguró ayer que está a la espera de la práctica de esas diligencias para decidir quién asume el caso. Inicialmente, se ha hecho cargo la fiscal de área de Benidorm, que también lleva la acusación en el sumario del asesinato.

La ralentización de las diligencias de la trama urbanística no ha paralizado, en cambio, la actividad de las defensas de los detenidos por el crimen. Los abogados de dos de los arrestados han recurrido su encarcelamiento a la Audiencia de Alicante. Estos letrados representan al sucesor de Ponsoda en el cargo, Juan Cano, y Pedro Hermosilla, dueño del prostíbulo Mesalina. La investigación policial considera a Cano como el inductor del mortal complot, fraguado en el mencionado lupanar. Por estos hechos, hay otros cinco encarcelados, entre ellos, dos sicarios checos que presuntamente ejecutaron a tiros a Ponsoda el 19 de octubre de 2007.

Francisco González, abogado de Hermosilla, ha ido más lejos y pide la imputación del testigo protegido de la acusación, un ex portero del club de alterne. González asegura que el entonces portero del prostíbulo puede acusado a su vez, según el artículo 450.1 del Código Penal, de la omisión del deber de impedir un delito por no haber acudido a la policía nada más haber recibido la ilícita propuesta.

El testigo protegido acudió a la Guardia Civil en julio de 2009, justo dos años después de una de las reuniones en las que se urdió la trama. Fue invitado a entrar en el macabro cónclave para recibir el encargo de matar a Ponsoda. Pero declinó la oferta y sugirió a los instigadores la contratación de los dos sicarios ahora encarcelados como autores materiales de los disparos que acabaron con la vida de Ponsoda. El portero ubicó en el reservado del Mesalina a un empresario del calzado de Polop, al dueño y el gerente del club, a Juan Cano y a otra pareja que formaban un hombre y una mujer rubia. Éstos dos últimos todavía no han sido identificados.

El testigo reconoció en su declaración ante la Guardia Civil y la juez que había sido mercenario en África trabajando para gobiernos y guerrillas, antecedentes que conocían en el club donde dice que trabajaba. Porque tampoco está tan clara su vinculación laboral con el Mesalina. El portero presentó una demanda por despido improcedente contra La Llar de Altea, SL, la sociedad que explota el lupanar, dos meses después de declarar y desencadenar las detenciones.

El testigo protegido también tiene causas pendientes con la justicia. Está a la espera de juicio por lesiones provocadas en diciembre de 2006, cuando trabajaba de portero en una discoteca de Benidorm, por el que le piden 21 meses de prisión. Por todo ello, Francisco González sostiene que "el testigo miente" y que "quitando el acervo probatorio de su declaración, no existe prueba alguna para mantener en prisión a los acusados".