Caixanova sólo acepta la fusión con el doble de ayudas públicas y a menor coste

Los mensajes se hacen explícitos en la cuenta atrás para cerrar el acuerdo de fusión de las dos cajas gallegas, que permanece enquistado tras los encuentros de este fin de semana. La premura solicitada por el Banco de España a las partes, incluso en la mañana de ayer a través de varias conversaciones, tiene como fecha tope el próximo miércoles. Las cifras que Caixanova ha trasladado al Banco de España para asumir el coste de la fusión hacen muy difícil el acuerdo, más allá de cuestiones como su peso en la entidad resultante, que se da prácticamente por hecho.

De acuerdo con los planteamientos expuestos en varias reuniones celebradas en presencia de los responsables de la autoridad monetaria, la entidad que preside Julio Fernández Gayoso pone sobre la mesa la necesidad de contar con 2.000 millones de euros de inyección de fondos públicos para garantizar la solvencia de la caja fusionada, prácticamente el doble de los 1.190 millones que establecía la auditoría de KPMG encargada por la Xunta. Ese importe de ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca (FROB) fijado en la auditoría es el límite máximo teniendo en cuenta que las entidades sólo pueden solicitar en ayudas públicas el 2% de sus activos ponderados de riesgo, que Caixanova quiere estirar.

El Banco de España requiere resultados en la negociación antes del miércoles

El cierre de oficinas se elevaría a 500 desde las 280 que planteó la auditoría

Para llegar a un acuerdo, hay otras condiciones previas. Según fuentes cercanas a la entidad viguesa, el complemento en ayudas al fondo de rescate, todavía por definir, deberá tener un coste mucho menor que el de los recursos del FROB, que establece su devolución a un tipo de interés de entre el 7,5% y el 8%. De acuerdo con las mismas fuentes, Caixanova plantea al Banco de España que la viabilidad de la caja única sólo quedaría garantizada con tipos que ronden el 2%, lo que haría mucho más liviano el proceso de digestión de la integración. La propia caja viguesa es consciente de la dificultad de que sus condiciones sean aceptadas por el Banco de España, ya que crearían un precedente para otras fusiones en marcha en las que sus proatonistas también podrían reclamar, y seguramente lo harían, el mismo trato y fondos adicionales.

A las conversaciones, que prosiguieron durante todo el fin de semana, se sumaron las reuniones en el plano político. Primero, el mismo sábado a última hora, en el despacho del presidente de la Xunta, donde la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, dio cuenta a Feijóo del estado de las negociaciones. En la tarde de ayer una cita en Santiago entre varios de los miembros del Gobierno gallego valoró con cierto pesimismo la situación ante los planteamientos mostrados por los directivos de Caixanova.

A los 2.000 millones en fondos públicos se sumaría, de acuerdo con las fuentes financieras consultadas, el cierre de unas 500 oficinas, muy por encima de las 280 sucursales (el 20% de la red de ambas cajas) que establecía la auditoría encargada por San Caetano.

En la cuenta atrás para cerrar el acuerdo permanece inmóvil la misma fecha, pero esta vez marcada por ley en el calendario y por un motivo bien distinto. El próximo miércoles Caixa Galicia tendrá que haber aprobado la formulación de sus cuentas auditadas correspondientes al año pasado, para lo cual tenía tres meses desde el inicio del año. Caixanova hizo sus deberes el pasado 4 de febrero, sin presentar salvedades en sus números. Como en el resto de entidades financieras, será el consejo de administración de la primera caja gallega el órgano encargado de aprobar el informe de Pricewaterhouse. Este aspecto cobra especial relevancia en las negociaciones por ser, de llegar a un acuerdo de integración, el andamiaje que servirá para valorar la dimensión real de la caja que dirige José Luis Méndez y poder armar el balance definitivo de fusión.

Para aprobar la auditoría, el consejo de Caixa Galicia fue convocado en primer término para el pasado jueves, día en que se decidió finalmente que fuera su comisión delegada la que se reuniese, quedando aplazado el consejo para el viernes. Tampoco ese día se sentaron sus 21 miembros en la sede de Rúa Nueva, y el encuentro se pospuso sine die. En cualquier caso, fuentes oficiales de la entidad dan por seguro que se reunirá como muy tarde el miércoles.

La comisión delegada de Caixa Galicia está formada por el presidente, Mauro Varela, dos vicepresidentes y cuatro vocales del consejo de administración, que representan a todos los grupos que componen el consejo, órgano encargado de aprobar la auditoría antes del 31 de marzo que impone el calendario.