Más de 3.000 personas piden el fin del veto a Astano

Por enésima vez, la comarca ferrolana se echó ayer a la calle para pedir el fin del veto impuesto a Astano en 1984. La plataforma Rumbo 21 reunió a más de 3.000 personas en una marcha capitalizada por el BNG y la CIG, cuyos respectivos líderes, Guillerme Vázquez y Suso Seixo, encabezaron la protesta. Desde el puerto de Curuxeiras hasta la plaza de Armas, los manifestantes -casi 5.000 según el Bloque- clamaron por el fin de la prohibición que pesa sobre el astillero de Fene para la construcción de buques civiles y exigieron al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que cumpla su compromiso de renegociar el veto ante la UE durante el semestre de la presidencia española.

"Es un veto político, injusto y discriminatorio", manifestó Guillerme Vázquez, que pidió a Zapatero "que no eluda su responsabilidad" y acabe con la restricción para generar empleo en una comarca especialmente castigada por la crisis, con 17.000 parados. Sin consignas políticas, el escritor Manuel Rivas dio lectura a un extenso manifiesto que repasó la historia de la factoría naval para denunciar el "sinsentido" de un veto que mantiene a la antigua Astano bajo "una eutanasia forzada".

"Somos el país del tiempo perdido", proclamó Rivas. "Los que mejor saben hacer barcos no pueden hacerlos". Pidió "unidad" para que Galicia en bloque presione a la Administración para acabar con "el esperpento" de la "arqueología industrial".

A la manifestación se sumó el ex diputado Francisco Rodríguez, el portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera, además de los regidores nacionalistas de Mugardos, San Sadurniño, o el regidor socialista de Fene, Iván Puentes, prácticamente el único miembro del PSdeG que se sumó a la marcha. El PP y Terra Galega la respaldaron sobre el papel pero sus dirigentes no acudieron. Hubo pitadas contra el PSOE ferrolano e Izquierda Unida, que no respaldaron la protesta, y críticas a los sindicatos CC OO, UGT y USTG, que rehusaron participar y denunciaron la utilización partidista del veto, "con fines electorales". Estos sindicatos consideran que tras el levantamiento del veto se esconde el interés de algunos empresarios por privatizar el astillero, que pertenece al grupo Navantia.

Desde Rumbo 21, que nació para impulsar una iniciativa legislativa popular que pide el regreso de Astano a la construcción de buques civiles, sostienen que no tienen más interés que la defensa de una "causa justa". Rumbo 21 reunió más 18.000 firmas en respaldo a su propuesta, aún no debatida en el Parlamento gallego. El veto expira el 2015.