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Reportaje:LO QUE OCULTAN LOS PIRATAS

Los amos opacos de Internet

Megaupload y Rapidshare ocupan la cima del negocio de las descargas

Sus webs están entre las 30 más visitadas por los internautas. Miles de ellos las utilizan para bajar películas o música. Pero no busquen en Google ningún dato financiero ni las declaraciones de sus responsables. No las encontrarán. Su eficacia para facilitar las descargas por Internet, que los estudios cinematográficos y las discográficas consideran un saqueo ilegal, va paralela a su opacidad. Se llaman Megaupload y Rapidshare y son los verdaderos amos de la red.

Se les conoce como ciberlockers o discos duros virtuales y su función es alojar cientos de miles de archivos de cualquier tipo, entre ellos películas, videojuegos y música que pueden estar sujetos a derechos de autor. A diferencia de los originarios programas de intercambio p2p (par a par) en el que los archivos están alojados en los ordenadores personales de millones de usuarios que, de forma desinteresada, los comparten con otros millones de internautas anónimos como ellos, los ciberlockers son programas de descarga directa, es decir, sus enlaces redirigen a servidores que alojan el contenido completo, por ejemplo, de una película de estreno. Y eso les hace mucho más rápidos y eficaces que el nostálgico eMule.

Sus servidores alojan cientos de miles de películas y música, y viven del pago de sus suscriptores 'premium'

Para escarnio de las productoras de Hollywood, bajarse los recientes éxitos Avatar o En tierra hostil con una conexión a Internet de seis megas tarda entre media hora y dos horas en descarga directa, y más de un día con eMule. Hay otra diferencia fundamental. Los programas p2p son gratis, y en torno a ellos apenas se mueve un negocio residual publicitario. Nadie se lucra. En el caso de las descargas directas hay un negocio fabuloso, que las sociedades de gestión de derechos llaman piratería digital.

Tanto Megaupload como Rapidshare tienen como principal fuente de ingresos el pago mensual de sus suscriptores, aunque dispongan de un servicio gratuito alternativo al premium, de pago. En ambos casos, las películas se bajan por trozos -más de diez-, pero mientras que cuando es gratis hay que esperar a que se descargue una parte para empezar a bajar la siguiente en el premium se bajan todas a la vez. Es decir, frente a la gratuita, la descarga premium es, como mínimo, diez veces más rápida, no tiene límite de descargas y ofrece seguridad de que lo que te estás bajando es la película que buscas y no un archivo falso (casi siempre pornográfico).

Los precios oficiales son casi idénticos, aunque Rapidshare acaba de sacar una oferta entre 3 y 5 euros más barata: 9,9 euros por un mes; 19,9 por tres meses y 59,9 por un año. Megaupload tiene además una curiosa oferta "vitalicia" de 199 euros. Oficialmente, los únicos datos corporativos que facilitan son: Rapidshare tiene su sede oficial en la ciudad suiza de Cham y Megaupload en Hong Kong, y como máximos responsables figuran Christian Schmid en el primer caso y un correo electrónico en el segundo. Ni accionistas, ni cifra de ingresos, ni beneficios, nada.

Megaupload y Rapidshare están en la cima de la pirámide. En la base de su negocio se encuentran los administradores de páginas (webmasters) nacionales, las páginas que facilitan a los usuarios de cada país la búsqueda de los enlaces donde encontrar las películas. Son páginas como Todotorrente, Vagos, Spadescargas y otros cientos que, casi en ningún caso, alojan los archivos con los contenidos, evitando así que prosperen la mayoría de las demandas por vulneración de la propiedad intelectual que les ponen las productoras.

Los ingresos de estos administradores provienen de dos fuentes: la publicidad que alojan (en forma de banners o pop up) y la venta de los datos personales de sus usuarios registrados. Y es que, a diferencia de los alojadores, las webmasters no cobran nada a sus usuarios pero, en casi todos los casos, les obligan a registrarse aportando una serie de datos personales: correo electrónico, edad, domicilio, profesión, aficiones, hábitos de consumo, etcétera.

Aquí precisamente entra el eslabón intermedio de la cadena. Son las empresas de marketing dirigido que remiten publicidad vía correo electrónico. Generan su base de datos a partir de las que les proporcionan los webmasters y remiten publicidad a sus usuarios, según su perfil. El beneficio que se genera se reparte al 50% entre la empresa y el site que aporta los correos. En España la firma más importante de marketing electrónico es Canalmail, que dice disponer de 10,8 millones de suscriptores únicos que le proporcionan administradores de páginas como Vagos.es que, a su vez, dice tener 3,7 millones de usuarios registrados. Respecto a los ingresos, Canalmail, en su página, señala que cada administrador puede ganar "entre 30 y 15.000 euros al mes".

Curiosamente, Megaupload y Rapidshare reciben menos denuncias que las nacionales que alimentan sus servidores con películas. Su principal defensa jurídica es que no conocen el contenido de los archivos que les suben sus usuarios o las webmasters. Además, poseen un servicio ágil de retirada de los archivos cuando los propietarios de los derechos como los estudios denuncian que se han colgado contenidos suyos. Existe un protocolo y basta remitir un email (abuse@rapidshare.com) para que, en unas horas, se retire el archivo. No obstante, en esas horas, otros miles de enlaces han reemplazado a los que han sido retirados, y la oferta de películas no varía.

No son del todo inmunes. Rapidshare fue condenado a pagar 24 millones de euros tras la denuncia de la GEMA (la SGAE alemana) por almacenar y distribuir archivos de música de forma ilegal. La compañía ha anunciado que almacenará la dirección IP (la matrícula de cada conexión) de los usuarios que suban o descarguen contenidos protegidos, lo que pone en peligro la intimidad de sus usuarios y su propio negocio. Megaupload y Rapidshare dominan el negocio de las descargas. Las páginas nacionales son sólo sus manteros, aunque, como los inmigrantes del top manta, ocupen los titulares de la prensa y los banquillos de los tribunales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 28 de marzo de 2010