El PP denuncia que De Miguel tenía dos empresas cuando era diputado

El PP de Álava está decidido a hacer del caso De Miguel un frente político preelectoral. Ajenos a la cadena de dimisiones y ceses que se han vivido desde que fueron detenidos el pasado 17 de marzo el ex diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial de Álava, los populares volvieron ayer a la carga. Así, denunciaron "incompatibilidades" de Alfredo de Miguel en el ejercicio de su cargo aduciendo que mantuvo actividades privadas en paralelo.

El secretario general de los populares alaveses y portavoz en las Juntas Generales, Javier de Andrés, difundió documentación del Registro Mercantil en la que se relaciona al ex diputado foral con dos empresas. De Miguel figura desde 2006 como administrador único de Landaburu Etxea, S.L, sociedad dedicada a "la construcción en general y al comercio de inmuebles" y como apoderado desde 2007 de Eskalmelo S.L, cuya actividad es "la construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil".

Presentan escritos que relacionan a De Miguel con dos constructoras

Archivada la causa abierta contra Piris por los terrenos de Salburua

La normativa foral establece que el cargo de diputado es de "dedicación exclusiva". Así que el PP ha pedido a la Diputación, el martes y ayer por la mañana, que les presente la declaración de actividades de Alfredo de Miguel, de libre acceso. En las dos ocasiones se la han negado, la última, justificando que "no tenían las llaves de la caja fuerte", explicó De Andrés. Fuentes de la Diputación anunciaron ayer que pondrían a disposición de los populares la documentación en el día de hoy.

De Andrés, con un inusitado rigor en un dirigente del PP ante la corrupción, también denunció que el PSE está haciendo "el boca a boca" al PNV, por su actitud tras conocerse la trama de corrupción. El secretario general de los socialistas alaveses, Txarli Prieto, le volvió a pedir ayer la prudencia que reclama su partido en tantas ocasiones y que respetara el secreto de sumario sin aventurarse en componendas.

Se refería Prieto, por ejemplo, a otra de las denuncias que ayer aportó quien se postula como candidato del PP a la Diputación de Álava. De Andrés anunció que iba a presentar una pregunta en el Parlamento vasco para saber si Aitor Tellería, otro de los presuntos implicados en la trama de corrupción, se mantenía en su puesto como gerente del Centro de Empresas e Innovación de Álava (CEIA), empresa participada mayoritariamente por el Gobierno vasco. Este diario conocía desde hace más de diez días que, por razones ajenas a este caso, el Departamento de Industria ya había retirado la confianza a Tellería (como ocurre con los cargos de confianza en todo cambio de gobierno) y esperaba el correspondiente informe jurídico para llevar a cabo su cese, que se hizo efectiva precisamente ayer, horas antes de la rueda de prensa del mandatario popular.

Sin 'caso Piris'

Por otra parte, ayer se supo que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria ha archivado la querella presentada por el fiscal jefe, Josu Izaguirre, al gerente de la sociedad municipal Ensanche 21, Alfredo Piris, ante la presunta comisión de un delito contra la administración púbica en la venta de unos terrenos al Baskonia. Izaguirre se había querellado contra él por cifrar el precio de unas parcelas públicas por debajo de una tasación que había realizado el propio empleado municipal. Izaguirre es el fiscal que decidió iniciar la investigación contra ocho militantes del PNV alavés tras recibir la denuncia de un empresario que le informó de que había sido objeto de una petición de comisiones por parte de uno de los ahora imputados, según ya adelantó este diario.

El proceso contra Piris analiza cómo el club de baloncesto Baskonia planifica una ciudad deportiva como complemento al equipo. El presidente de la entidad apostó por una cesión gratuita de su parcela por parte del Ayuntamiento a cambio de otras prestaciones en el resto de los terrenos de titularidad municipal en los que se iba a intervenir, cinco parcelas dispuestas en hilera destinadas a uso terciario, junto al parque de Salburua.

Su propuesta fue frenada en 2003 por los servicios jurídicos municipales. La valoración de los terrenos quedó en 16 millones, pero nadie se interesó por ellos. El Ayuntamiento los sacó a concurso, con una mínima de 8 millones. Sólo se presentó el Baskonia, que adquirió los terrenos por 8,3 millones y vendió cuatro de las cincpo parcerlas, una a la Caja Vital, dos a la constructora Jaureguizahar, y una a Ebrogán, por 17,6 millones en total. Con las plusvalías, el Baskonia construyó su ciudad deportiva.

El proceso contó con el respaldo del partido que entonces gobernaba, el PP, además de PSE, PNV y EA, todos ellos presentes en el consejo de Ensanche 21. Pero el fiscal jefe apunta al gerente de la sociedad pública, Alfredo Piris, porque entiende que fueron los informes de Alfredo Piris los que condujeron a la toma de esa decisión, que ahora queda sobreseída.