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Tribuna:LA CUARTA PÁGINA

La nueva estrategia mundial contra la droga

Las políticas represivas de la producción y el consumo han fracasado. Liderada por Europa y con nuevos enfoques en EE UU, la comunidad internacional ensaya métodos más humanitarios a la par que más eficaces

A principios de marzo, se celebró en Viena la 53ª reunión de la Comisión sobre Drogas Narcóticas. Desde 1946, este foro es el organismo estratégico fundamental de la estructura de Naciones Unidas para abordar los asuntos relacionados con las drogas. Hace 12 años, los dirigentes mundiales se reunieron en Nueva York en una Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS en sus siglas en inglés) sobre el Problema Mundial de las Drogas, en la que se comprometieron a obtener un mundo sin drogas antes de 2008.

Sin embargo, pese a programas de miles de millones de dólares como la Estrategia Andina, el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida y otros planes bilaterales y multilaterales que se han puesto en práctica, el problema no ha desaparecido sino que, en muchos aspectos, ha empeorado: abundancia de todo tipo de drogas ilícitas, niveles estables de pureza de dichas sustancias, precios iguales o menores y un número creciente de consumidores cada vez más jóvenes en el mundo.

La guerra al cultivador no ha logrado erradicar la producción de opio en Afganistán

Tras Bolivia, Colombia y Perú, México demuestra que una acción equivocada agrava los problemas

En gran parte, el fracaso de los esfuerzos de la comunidad internacional durante los últimos 53 años puede atribuirse a que se ha centrado sobre todo en luchar contra los síntomas del tráfico ilegal de drogas y ha ignorado las repercusiones que tiene en las condiciones de seguridad y desarrollo de países y regiones enteras. Esta estrategia disfuncional y parcial se ha ocupado de forma desproporcionada de los componentes más débiles dentro de la cadena ilegal de producción y en las sociedades consumidoras: los cocaleros y cultivadores de amapolas en Latinoamérica y Asia, por un lado, y los drogadictos, por otro. Durante decenios, se ha estigmatizado a estos últimos y se les ha tratado como criminales, en vez de enfermos o personas a las que es preciso abordar con programas de información y prevención para limitar los daños causados por el consumo. Medio siglo después, y aprendidas varias lecciones importantes, ha llegado un cambio estratégico que se observa, al menos, en tres planos importantes: Estados Unidos, la Unión Europea y la red internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

La UE, con la Comisión Europea al frente, ha demostrado en los últimos años que cuenta con un sólido modelo de cómo abordar el problema del consumo de drogas. La Estrategia para las Drogas de la UE (2005-2012) y su correspondiente Plan de Acción (2009-2012) muestran que está trabajando en la implantación de unas políticas pragmáticas y eficaces, de base científica, en un intento de aproximarse a una estrategia antidroga más humanitaria y centrada en la salud. En cuanto a la oferta mundial de drogas, entre 2007 y 2010 la UE habrá invertido unos 180 millones de euros en el desarrollo rural de Afganistán como muestra de su firme compromiso de encontrar soluciones sostenibles para el problema del opio en dicho país.

Respecto al papel fundamental de Europa en la reducción de la demanda y el tratamiento de la drogadicción, el movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja está promoviendo ese mismo modelo de estrategia. Hay 121 Sociedades Nacionales reunidas bajo el paraguas del Consenso de Roma para una política antidroga humanitaria. El Consenso de Roma es un marco para el diálogo y la cooperación que compromete a la Cruz Roja y la Media Luna Roja de África, Asia, las Américas y Europa a promover e implantar métodos humanitarios para combatir la droga. El objetivo global es dar más importancia a la política contra la droga, llevarla a primera fila de las preocupaciones sociales, y formular y aplicar el control de la droga en función de los intereses de salud pública.

Ahora bien, si hablamos de todo el mundo, el progreso no puede ser total sin un cambio de estrategia antidroga en Estados Unidos. Los primeros indicios de cambio en la Casa Blanca están relacionados con Afganistán, donde, desde 2003, los estadounidenses han elaborado, implantado y coordinado por su cuenta una política antidroga que debería considerarse en teoría un "asunto afgano autónomo". El Gobierno de Obama reconoció el año pasado que su política antidroga en Afganistán había fracasado e incluso había sido contraproducente. El enviado especial para Afganistán y Pakistán, Richard Holbrooke, confirmó la relación causa-efecto de la que ya había advertido el Consejo Internacional de Seguridad y Desarrollo en 2005 y reconoció que la erradicación de la amapola ha puesto a los agricultores afganos en manos de los talibanes. Además, la destrucción de los campos de cultivo ha servido para reducir muy poco la fabricación de opio y la insurgencia talibán sigue beneficiándose de esta enorme y lucrativa industria ilegal, con unas ganancias medias anuales de 90 millones de euros.

Pero el cambio de la estrategia estadounidense no afecta sólo a Afganistán. En diciembre de 2009, la Cámara de Representantes aprobó unánimemente la ley H.R. 2134 que crea la Comisión para la Política Antidroga del Hemisferio Occidental, una comisión independiente que examinará si las estrategias antidroga de los últimos 30 años llevadas a cabo por EE UU en Latinoamérica están produciendo resultados positivos. El hecho de que se aprobara esta ley puede considerarse un reconocimiento implícito por parte de los legisladores estadounidenses de que su política antidroga no es eficaz y es necesario reformarla. Después de Bolivia, Colombia y Perú, México es el ejemplo más reciente de un país en el que el tráfico ilegal de drogas está causando un auténtico caos en la situación política, económica y de seguridad.

En el lado de la oferta, existe un modelo de solución sostenible: el programa Amapola para usos medicinales, una herramienta de desarrollo económico que consiste en permitir el cultivo de amapolas en Afganistán para fabricar medicamentos a partir del opio, como la morfina. Hasta ahora, la comunidad internacional ha ignorado bastante esta solución y ha preferido librar una "guerra contra las drogas" que hace hincapié en el castigo, la represión y la erradicación agresiva de cosechas. Ahora que EE UU ha enterrado el hacha de esta costosa guerra y ha anunciado una transformación de su programa antidroga en Afganistán, ha llegado el momento de revisitar la "amapola para usos medicinales" y llevar a la práctica proyectos piloto lo antes posible. Estos proyectos no sólo proporcionarán a los agricultores afganos unos ingresos decentes dentro de la economía legal, sino que impulsarán el desarrollo económico necesario para disminuir el cultivo ilegal de amapolas en el país, porque proporcionará a las comunidades rurales el dinero, la experiencia en desarrollo y las condiciones económicas que les permitirán eliminar gradualmente dicho cultivo.

La autorización del cultivo de amapolas se ha llevado a cabo con éxito en Turquía e India. La propia España es un importante productor de medicamentos a base de opio. Aunque la fabricación comercial de opio para usos medicinales en España es relativamente desconocida, es una de las mayores del mundo; el cultivo y la fabricación están en manos de la empresa Alcaliber, SA. Durante 2007 y 2008 España aumentó el cultivo de amapolas, en parte porque acababa de incorporarse al grupo de países autorizados para suministrar a EE UU. El año pasado estaba previsto un nuevo aumento que situaría a España y Francia en la primera plaza de la producción de materias primas opiáceas.

Ahora que EE UU está cambiando su política antidroga y puede contribuir a las mejoras producidas en la UE y las Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, existe una posibilidad importante de aplicar instrumentos sostenibles, eficaces y pragmáticos que sustituyan a la vieja caja de herramientas antidroga. Las nuevas estrategias sobre la demanda deben centrarse en la prevención, la educación, el tratamiento y la rehabilitación de los drogadictos en un entorno humanitario y de sanidad pública. Al mismo tiempo, es preciso abordar en el lado de la oferta los factores sociales negativos que arrastran al tráfico de drogas: subdesarrollo y pobreza, desempleo y exclusión social. En el caso de Afganistán, es más importante pasar al cultivo legal de amapolas para medicamentos que aumentar la producción en España, porque tenemos más que ganar si hay estabilidad y seguridad en Afganistán y la región en general.

Raymond Kendall es ex secretario general de Interpol y miembro del consejo asesor del Consejo Internacional de Seguridad y Desarrollo (ICOS). Jorrit Kamminga es director de investigación estratégica en ICOS, ha trabajado en Afganistán y en la actualidad participa en el programa de doctorado La Europa de las libertades en la Universidad de Valencia. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 25 de marzo de 2010