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COLUMNA

Salvemos el Ensanche

La arquitectura y el urbanismo obedecen a unos intereses que no son neutros. A mediados del siglo XIX los potentados que gobernaban Valencia impulsaron la apertura de la calle de la Paz. Deseaban mejorar la vida en la ciudad, sí, pero tomaron esa decisión porque resultaba favorable a sus intereses. Querían descongestionar el centro urbano del tráfico creciente y agilizar la circulación de productos entre el Mercado Central y el puerto porque eran comerciantes e industriales, porque necesitaban que las mercancías fluyeran rápido para abaratar los costes. El plan preveía el derribo de la Torre de Santa Catalina y de cuantos edificios se interpusieran en su camino. Por fortuna, varios factores impidieron la realización del proyecto según el esbozo original, quedando conformada esta calle tal cual la podemos apreciar hoy.

El PP está dispuesto a repetir unas prácticas más propias del Ochocientos que del siglo XXI

Pasado siglo y medio de aquel proyecto, los líderes del PP en Valencia parecen no haber aprendido nada. Están dispuestos a repetir unas prácticas más propias del Ochocientos que del democrático siglo XXI en el que nos hallamos: me refiero a la decisión que han adoptado con respecto al barrio de El Cabanyal y su derribo. Si de lo que se trata es de repetir los usos burgueses del XIX no habrá inconveniente en que hablemos de lucha de clases.

Supongamos que, dada la excesiva afluencia de tráfico que soporta el centro de la ciudad, un grupo de ciudadanos propusiera la demolición de las viviendas que lindan con la Gran Vía para ampliarla en uno o dos carriles. Si se lo planteáramos al Ayuntamiento seguro que le parecería un despropósito, como también me lo parece a mí. Lo que sucede es que proponer la destrucción de El Cabanyal para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez es una barbaridad de similares dimensiones. Las razones que nuestros munícipes arguyen para llevar a cabo el derribo de este humilde barrio de pescadores podríamos utilizarlas también para reivindicar la demolición de algunas de las mansiones burguesas que limitan con la Gran Vía y la zona del Ensanche. Sería una medida que también nos beneficiaría a todos, ¿no les parece?

Entre el derribo de El Cabanyal y la hipotética ampliación de la Gran Vía no hay tantas diferencias. Ambos espacios se crean hacia finales del siglo XIX, y ambos reflejan una determinada realidad de la historia y la sociedad valencianas. El Cabanyal ha sido y es un humilde barrio de trabajadores, mientras que la zona de la Gran Vía y el Ensanche han sido y en parte siguen siendo hoy un barrio de casas lujosas y familias acomodadas. Si alguno de esos dos espacios desapareciera estaríamos falseando y destruyendo la historia viva de nuestra ciudad, esa ciudad que algunos dicen amar tanto.

En cambio, Rita Barberá Nolla, descendiente de aquellos potentados del XIX y del XX, los Nolla y Sagrera, está decidida a destruir ese humilde barrio mientras que seguro rechazaría la idea -igual de disparatada, repito- de ampliar la Gran Vía a costa de las majestuosas viviendas de la zona.

El Ayuntamiento y la Generalitat dicen actuar conforme a los intereses de los valencianos, pero los proyectos siempre los plantean para beneficiar a su gente. La polémica de El Cabanyal es sólo una manifestación visible de esos intereses y de esas políticas de clase que parecían ya relegadas al pasado pero que por desgracia están bien presentes en nuestros días. El PP valenciano viene actuando así desde hace tiempo, lo que pasa es que lo hace de forma silenciosa, sin el aspaviento y la publicidad que le dedican a otras cosas. En la superficie todo son fiestas y glamour, fórmulas uno y copas del América, pero en la trastienda la enseñanza y la sanidad, patrimonio de todos los ciudadanos, están siendo privatizadas. Así como los vecinos de El Cabanyal denuncian el abandono al que el Ayuntamiento ha sometido al barrio para justificar después su derribo, la enseñanza y la sanidad públicas están siendo desatendidas por nuestros dirigentes para justificar así su privatización.

En Valencia capital los colegios religiosos están subvencionados. En vez de promover una educación pública e igual para todos, el gobierno valenciano invierte nuestro dinero en escuelas católicas o ultracatólicas, algunas pertenecientes a la prelatura del Opus Dei, en las que además se fomenta una educación sexista. Entretanto, muchos centros de enseñanza públicos imparten las clases en barracones, con unas condiciones materiales deplorables.

Con la sanidad pasa lo mismo. El último centro inaugurado en la provincia, el hospital de Manises, lo lleva una empresa privada. La sanidad de todos deja de estar en manos públicas para pasar a gestión privada como un primer paso a su privatización definitiva. La salud de nuestros hijos y nietos entendida como una forma más de ganar dinero. Un modelo que se repite en Alzira, Torrevieja, Dénia, Elche y ya veremos si en el nuevo hospital La Fe.

Así es la política que lleva a cabo el PP en Valencia. La polémica de El Cabanyal sólo es una de las medidas más visibles que están dispuestos a tomar para lograr sus objetivos. Es un asalto a los derechos, los logros y la historia de los trabajadores de esta tierra; unos trabajadores que han luchado para conseguir que el Estado garantice unos servicios mínimos a los ciudadanos con independencia de su posición social y del dinero que ganen; un Estado del Bienestar que unos pocos están desmantelando para su propio beneficio. Si esto no son intereses de clase que baje Dios y lo vea.

Alejandro Lillo es historiador.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 22 de marzo de 2010