En el nombre de David

Joan Vendrell, un técnico jubilado del Ayuntamiento de Sant Boi, se emocionó ante su ordenador cuando vio, siguiendo la sesión por Internet, como el Congreso aprobaba una proposición de ley impulsada por él: la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) que permitirá que nunca más la justicia repita actuaciones como la que afectó en 2007 a su hijo David, autista, cuando inició los trámites para incapacitarlo. Pese a que David, de 32 años, puede ser agresivo fuera de su entorno, la juez María Isabel del Valle García, ex titular del Juzgado número 6 de Terrassa, se negó a ir a la residencia en la que vive durante el proceso para incapacitarlo. Ahora, tras la reforma de la ley, los jueces, si es necesario, tendrán que moverse de sus sillas.

"Es una historia de democracia directa", dice el diputado Comín

Casi fue una escena insólita porque el Congreso aprobó de forma unánime la modificación del artículo 759, al que se le añadirá un apartado que dice que el juez o el médico forense se desplazarán al lugar donde esté la persona a la que se pretenda incapacitar siempre y cuando se le haya presentado antes un informe médico. El supuesto es calcado al que afrectaba a David porque tanto el director de la residencia como un abogado acudieron al juzgado en 2007 para avisar a la juez que el chico podía ser agresivo y tener un brote psicótico. "Casi no los quiso ni escuchar. Les dio medio plantón y dijo que tenía mucho trabajo", recuerda Vendrell, que admite que la ley amparaba a la juez y que avisa que no le ha incitado en ningún caso el ánimo de venganza. "No lo he hecho sólo por mi hijo: es para que que no le pase a nadie nunca más".

De formación periodística y antiguo luchador antifranquista, Vendrell buceó entre leyes y descubrió que se podía pedir el cambio de una ley a través de la comisión de peticiones del Parlament, que se encarga de gestionar desajustes que los ciudadanos descubren en las normas. "Tenía confianza en que si planteas cosas con cara y ojos, se acaban consiguiendo", dice Vendrell, que en los años noventa mantuvo una larga lucha contra una residencia privada que expulsó a su hijo, y logró al final que la Generalitat construyera centros públicos.

El expediente de David siguió un camino parlamentario impecable. Vendrell compareció ante los diputados y su petición fue aprobada por unanimidad tanto en la comisión como en el pleno. Y llegó al final al Congreso. Era el día después de la nevada y el diputado Antoni Comín, del PSC-Ciutadans pel Canvi, y Josep Maria Pelegrí, de Unió, cogieron el AVE -"vimos Cataluña blanca"- y defendieron el caso ante unos 80 diputados repartiéndose 14 minutos. Nadie votó en contra y hasta el presidente del Congreso, José Bono, se felicitó por la iniciativa llegada desde el Parlament.

"Es una historia con final feliz. La demostración de que la política sirve para algo. Fue un caso claro de democracia directa", afirma orgulloso Comín. Y añade una doble satisfacción: haber logrado el "pequeño milagro" de que la comisión que preside haya desterrado cualquier signo de partidismo y apruebe las resoluciones por unanimidad. Mientras, Vendrell celebró la conquista con su familia y ahora solicitará que se desbloquee el caso de su hijo en el juzgado. "Vive en una burbuja grandiosa. Es como si a un pájaro que está en una jaula le abrieras la puerta y no quisiera salir", describe este hombre, amante de los blogs y bregado en mil luchas, y ya medita otra: que los centros sanitarios y hospitales dispongan de espacios para atender a jóvenes como su hijo por la tarea colosal que supone, por ejemplo, tenerlos horas y horas de espera en lugares para ellos hostiles.