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COLUMNA

Pensiones

Hay un error muy extendido sobre la Seguridad Social. Mucha gente piensa que el dinero que pagamos en las cuotas es el mismo que luego ha de sufragar nuestras pensiones. Como si fuera una hucha en cuya ranura metemos mes a mes la aportación correspondiente y que se rompe el día de la jubilación. No es así. El sistema está montado como un impuesto. Una carga impositiva con la que pagamos lo que cobran los pensionistas de ahora y que nos otorga el derecho de cobrar cuando nos jubilemos nosotros.

Esa diferencia es algo más que un matiz, porque al no haber hucha, el cobro de la pensión dependerá de los trabajadores que estén en activo. Por ello es necesario desterrar del debate la idea de que el dinero que aportamos está ahí esperando a que cumplamos los años. Es básico para no cometer la estupidez de olvidar que, si queremos tener la garantía de cobrar, las cuentas tienen que cuadrar, y que si no salen, por muchos derechos que invoquemos, lo tendremos bien jodido.

Resulta indecente que haya empresas ofertando jubilaciones a los trabajadores de 48 años

A mí tampoco me entusiasma que alarguen la edad de jubilación a los 67 años, pero me gusta aún menos no tener la seguridad de que voy a cobrar. Bien es verdad que meter dos años más de clavo es una medida demasiado dura para ponerla en práctica sin antes intentar otras fórmulas que optimicen el sistema. Por mencionar lo más obvio, resulta indecente que haya empresas ofertando jubilaciones a los 48 años, y para qué hablar de ese ERE escandaloso de una empresa pública como Televisión Española. Gracias a actuaciones como ésa, la edad media de jubilación en términos reales está muy por debajo de los 65 años.

Existen mil fórmulas para penalizar las jubilaciones anticipadas y estimular el alargamiento de la vida laboral. Habrá mucha gente que quiera jubilarse cuanto antes, pero también son muchos los que quisieran seguir trabajando mientras puedan.

Los incentivos vigentes son ridículos y el sistema público debería articular métodos flexibles que permitan a los trabajadores permanecer el mayor tiempo posible en el mercado laboral sin pasar, como ahora, del todo a la nada.

La Administración debe facilitar la vida y el trabajo a los ciudadanos, nunca constituir un obstáculo como ahora ocurre. Todo esto tiene que ir al Pacto de Toledo sin demagogias ni posiciones electoralistas. Un necesario ejercicio de responsabilidad que ha de escapar de controversias tan estériles como la suscitada en torno a los planes de pensiones. Que el ministro de Trabajo no estuviera fino recomendando en estas circunstancias la contratación de un plan privado no obsta para que sea manifiestamente recomendable. Es el mejor instrumento para derivar la capacidad de ahorro hacia los años en los que apenas podamos generar recursos. Nada menos que 10 millones de españoles tienen contratados este tipo de productos. Una vez que se ha pagado la vivienda, los planes de pensiones son ya la única posibilidad de rebajar la factura de Hacienda. Décima a décima, la esperanza de vida en España va subiendo cada año y nuestro denodado empeño en resistirnos a la muerte exige un mayor esfuerzo de previsión.

Con más jubilados y menos trabajadores, es difícil que al sistema público de pensiones le puedan cuadrar los números. Habrá que hacer de nuevo las cuentas con las últimas proyecciones demográficas y pirámides de población; lo demás sería engañarnos a nosotros mismos. Y si queremos mayores garantías, la solución es la hucha, ahorrar y capitalizar el ahorro en un buen plan de pensiones. Desde hace dos años, mucho antes de que hablaran de aumentar la edad de jubilación, la contratación de planes se viene incrementado casi un 30%. El sentido común no escasea tanto como parece.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 20 de marzo de 2010