El alcalde de Tui burla la orden de parar la actividad de una pirotecnia

Una sentencia firme de los tribunales, dos órdenes de la Xunta y las firmas de centenar y pico de vecinos no han conseguido erradicar la Pirotecnia La Gallega SL de la parroquia tudense de Baldráns. En el último accidente del polvorín, en 2005, la explosión causó daños en una veintena de casas y antes las hubo peores, con víctimas mortales y heridos. El titular de la empresa asegura que sólo realiza en ese taller tareas de mantenimiento, en espera de una licencia autonómica que, según él, está al caer y que le permitirá reanudar la actividad. Mientras, el alcalde de Tui, Antonio Feliciano Fernández Rocha, del PP, a quien corresponde vigilar el cumplimiento de la sentencia, marea la perdiz y declara cumplida la orden de inactividad, contra los testimonios vecinales.

La explosión de tres casetas, en 2005, causó daños en decenas de casas

Tribunales y Xunta han ordenado la demolición de las instalaciones

Pirotecnia La Gallega sostuvo, hasta que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) lo desacreditó el año pasado, que la licencia de actividad del taller de Baldráns estaba implícita en una licencia municipal de obra que obtuvo en 1932 para construir una caseta, en la que instaló el taller. Ni de aquélla ni de la concedida en 2002 para reforzar el cerramiento de la finca puede deducirse la licencia de actividad.

El Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Raminp) obliga desde 1966 a emplazar los talleres de pirotecnia a una distancia de 2.000 metros de los núcleos de población. La Gallega está en medio de Baldráns, con decenas de viviendas y un supermercado en un radio de 200 metros. Pasa muy cerquita la carretera de Tui a Salvaterra y, tangencial a la finca, la de Baldráns al barrio de A Malladoira, el campo de fútbol y el cementerio, es decir, con su tránsito. Los daños de 2005 los provocó una explosión de tres casetas; en otra, en 1981, murió una operaria y otros cinco empleados quedaron inválidos. Los vecinos viven con miedo en el cuerpo.

En el solar donde volaron las tres casetas, el empresario construyó siete. Pero "ni el transcurso del tiempo, ni el pago de los correspondientes tributos, ni la tolerancia municipal pueden implicar acto tácito de otorgamiento de licencia", sentenció en 2007 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra, en un fallo que ratificó el año pasado, en firme, el TSXG.

La Xunta, en la notificación de la orden de ejecución de la primera sentencia, dispuso la "suspensión inmediata" de la actividad industrial, la demolición de las casetas destinadas a esa actividad y la reposición de los terrenos afectados al estado anterior al inicio de las obras. Todo ello sigue intacto. El recurso ante el TSXG y otros, hasta agotar todas las vías judicial y administrativa, aplazó la ejecución de las medidas que reclamó la Xunta, pero que se hicieron imperiosas tras la sentencia del Superior, en abril de 2009.

El alcalde de Tui quedó emplazado entonces a verificar la paralización de obras y actividades en el recinto de la pirotecnia y a ordenar, como medidas cautelares, la retirada de materiales (de obras y actividad), el precintado de las instalaciones, la suspensión del suministro de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones, así como a proceder a la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas al infractor si éste no actuaba en consecuencia.

Así lo decretó Fernández Rocha en junio del año pasado. Pero el 1 de septiembre, mediante otra resolución, autorizó el suministro de energía al recinto y ahora, ante el juzgado que lo dirime y contra los testimonios vecinales, sostiene que la sentencia se está cumpliendo. Pero con argumentos trampeados.

Un mes después de que el alcalde paralizara la actividad de La Gallega, la Guardia Civil le señaló que el corte de suministro eléctrico creaba "un problema de seguridad ciudadana" al anular las alarmas del recinto, cuyo material explosivo y pirotécnico corría así riesgo de ser utilizado ilícitamente. También desde la dependencia de industria de la Subdelegación del Gobierno se solicitó la reanudación del servicio eléctrico para garantizar la seguridad de los productos "y la seguridad ciudadana general". Pero este resultado paradójico, al que se supedita la seguridad de los vecinos de Aldráns, sólo se produce por las mañas del alcalde con los papeles que lo avalan.