"Este señor me quiere cobrar comisión"

"Este señor me quiere cobrar una comisión para cerrar el trato". El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Álava, Josu Izaguirre, recibió personalmente hace varios meses esta denuncia de un conocido empresario, quien identificó, lógicamente, a la persona "muy conocida" que le exigía el pago y cuya identidad no puede ser desvelada por encontrarse el sumario en fase de instrucción.

Contrastada la denuncia del empresario, el fiscal abrió de inmediato la línea de investigación, que sigue adelante a pesar del golpe de efecto que supuso el pasado miércoles la detención de ocho destacados militantes del PNV de Álava, un grupo encabezado por Alfredo de Miguel, diputado foral dimisionario de Administración Local, y considerado, junto con Aitor Tellería, un ex concejal jeltzale de Vitoria, cerebros de esta supuesta trama.

El enriquecimiento personal, uno de los tres ejes de las investigaciones

Las indagaciones empiezan "a partir de ahora" y no tienen límite fijado

La espectacular detención y los registros consiguientes obedecen, en términos judiciales, a la necesidad de disponer de "todas las pruebas orales y materiales posibles" para consolidar las líneas de investigación abiertas. Según ha podido conocer EL PAÍS, la documentación recabada en algunos de los locales donde se practicaron registros minuciosos es de "gran valor" ya que confirma alguna de las hipótesis con las que se ha venido trabajando conjuntamente la fiscalía de la Audiencia y el titular del juzgado número 4 de Vitoria. A tal punto llega el calibre de algunos de los documentos hallados que no se descartan nuevas imputaciones en un proceso judicial que ha supuesto un golpe en la línea de flotación del PNV de Álava. De momento, la imputación de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales se mantiene para los ocho detenidos, que fueron puestos en libertad tras prestar declaración ante el juez.

La investigación se encuentra prácticamente en el punto de partida y "no tiene límite", según admiten fuentes próximas a la judicatura. De momento, no se presupone nada definitivo sobre el objeto perseguido "durante un tiempo prolongado" por los responsables de esta trama que ya han sido identificados. Eso sí, las pruebas detectadas sobre la intervención de un diputado foral (Alfredo de Miguel) permitieron concluir de mano al fiscal y al juez que se trataba de "una cosa fuerte".

El tráfico de influencias y el cruce de contabilidad son dos de los delitos que aparecen con mayor asiduidad entre la documentación de que disponen los investigadores. La petición de comisiones por numerosas gestiones acometidas en el conjunto del territorio alavés fluyen con facilidad entre los datos recabados.

De momento, no hay fecha para la finalización de las investigaciones abiertas, además en varios frentes. "Durará lo que tenga que durar", se admitía ayer en fuentes próximas al Palacio de Justicia de Vitoria. En realidad, apunta, "esto no ha hecho más que empezar; lo que ocurre es que han aparecido cosas lo suficientemente graves para tomar estas decisiones", aludiendo a las detenciones y a los registros de varias dependencias oficiales y privadas.

Las indagaciones sobre los movimientos contables de la sociedad Kataia Consulting, S.L., creada en junio de 2005 con el capital mínimo exigible para este tipo de compañías de 3.006 euros, representan uno de los vértices más significados. Durante su existencia, esta firma modificó en febrero de 2006 sus estatutos sociales cuando pasó de disponer de un administrador único (Iratxe Gaztelu, esposa de Koldo Otxandiano) a una administración mancomunada en la que figuran, además de la anterior, Ainhoa Bilbao Lasa, mujer de Alfredo de Miguel, y Araceli Bajo, casada con Aitor Telleria. Todos se encuentran imputados en la causa.

Kataia, considerada la auténtica caja de recaudación de la supuesta trama, refleja en sus cuentas corrientes un sinfín de transacciones. Este flujo de operaciones alberga, de hecho, la fundada sospecha del supuesto enriquecimiento personal que guiaba a la mayoría de los detenidos. No obstante, la investigación se abre también a otro tipo de operaciones relacionadas con la compra y venta de terrenos como ha ocurrido en parcelas del parque tecnológico de Miñano durante el período de Alfonso Arriola como director. Pendiente de confirmación en el sumario de este proceso judicial abierto, se cree que el traslado a este parque alavés de la firma de investigación automovilística Epsilon-Euskadi, instalada en Azkoitia (Guipúzcoa) desde su fundación para el desarrollo de un prototipo de coche de Fórmula-1, podría haber proporcionado importantes comisiones.

A su vez, también se investiga los efectos de la influencia ejercida por De Miguel sobre determinados proveedores. Es aquí donde coge cuerpo la posibilidad de que alguno de los imputados pudiera haber ayudado a financiar determinados gastos del PNV. En este contexto ha vuelto a ponerse de actualidad la compra de un emblemático edificio ubicado en la céntrica plaza de la Virgen Blanca de Vitoria que el PNV destinará a su futura sede y que costó 8 millones de euros. Al parecer, este pago a la familia Ibarra -propietarios, sin vinculación jeltzale alguna-, fue realizada por dos sociedades.