Altos cargos y diputados mantienen en secreto sus declaraciones de bienes

El patrimonio de los conselleiros de la Xunta continúa siendo, en plena era de Internet y la transparencia informativa, una incógnita. El Gobierno central publica los bienes del presidente y de los ministros, y los interesados pueden saber desde este mes a qué se dedican los diputados y senadores cuando no están en sus escaños de Madrid, así como si cobran extras al margen del trabajo parlamentario. Lo hacen incluso algunos ayuntamientos como el de Santiago de Compostela. En las instituciones autonómicas, en cambio, la información es mínima y los únicos datos accesibles al público son las declaraciones de actividades de los altos cargos de la Xunta, registradas en unos formularios tipo en los que se repite una pauta para el presidente y los conselleiros: la sección "actividades privadas" está en blanco.

Las promesas de transparencia del bipartito llevaron a la aprobación en 2006 de una ley que constituía dos registros, uno de actividades y otro de bienes patrimoniales, regulados después por un decreto que entró en vigor al final de la legislatura. Este segundo registro se declaró secreto, salvo un informe anual que se presenta al Parlamento y que debe elaborar la Oficina de Incompatibilidades e Boas Prácticas -creada al efecto- para dar cuenta de los incumplimientos y posibles irregularidades en las declaraciones de los políticos. Transcurrido un año desde la entrada en vigor de la norma, el primer informe todavía está pendiente.

La Consellería de Facenda, de la que depende la oficina, apunta que el documento está casi terminado y que pronto llegará al Parlamento, pero el PSdeG no se fía. Su viceportavoz parlamentario José Manuel Lage Tuñas alude al caso de los convenios aprobados por varias consellerías, ausentes de la web durante meses por un "error informático", según adujo el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda. "Tuvimos que reclamar tres veces para que los publicasen", señala.

El diputado socialista anunció la semana pasada que su grupo quiere ahora una ley que acabe con las restricciones actuales y obligue a publicar en la Red cuánto ganan, cuánto ahorran y cómo los altos cargos de la Xunta, y también los propios diputados, además de las propiedades que poseen en el momento de ser nombrados y hasta dos años después de cesar en sus funciones. Esos ficheros serían exhaustivos hasta el punto de cubrir también el patrimonio, actividades e intereses de las parejas y familiares de diputados y altos cargos.

Mientras no se desarrolle esta propuesta, cuya aprobación depende de la voluntad del PP, seguirá vigente el modelo actual, que sólo detalla los puestos que ocupan los conselleiros, en organismos públicos relacionados con sus cargos. Entre todos -incuyendo secretarios generales y directores de las consellerías- menos de una decena consignan actividades privadas. Sólo unos pocos, como el director de la Axencia Galega de Industrias Culturais, el músico Juan Carlos Fasero, o el secretario general de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, reconocen ingresar ciertas cantidades en concepto de derechos de autor.