Andalucía marca la pauta de la transparencia

La información que se publica sobre los bienes de los ministros y los miembros del Congreso y el Senado es mucho más detallada que la que se ofrece en Galicia, pero no es la más clara del Estado. A la cabeza se sitúa Andalucía, que desde 2005 tiene habilitada una web en la que, con pocos pasos, se puede acceder a una lista detallada de las propiedades de los consejeros de la Junta y otros altos cargos, que cubre desde las viviendas hasta los vehículos a su nombre, pasando por los seguros contratados e incluso los créditos contraídos.

Tras el escándalo de la Operación Gürtel, las Cortes valencianas aprobaron, a su vez, que el Boletín Oficial de la Comunidad recoja las declaraciones patrimoniales de los diputados, y el Gobierno ultima una norma análoga para sus altos cargos. El Parlamento catalán también ha planteado la cuestión, pero son Extremadura y Castilla La Mancha las que, junto a Andalucía, más datos proporcionan. En ambas comunidades -feudos tradicionales del PSOE- se publican, desde mediados de los años 90, los registros de bienes y actividades tanto para altos cargos como para diputados.

En el resto de comunidades, el sistema es en varios casos similar al gallego: un registro público de actividades y otro, reservado, de patrimonio. Las diferencias suelen estar en el modo de acceso, telemático o en persona. Entre las más restrictivas se encuentran Madrid y Aragón.