Aguirre llevará al Gobierno de Zapatero a los tribunales

Las dos cartas que la Comunidad envió en octubre y diciembre al Ministerio de Economía y Hacienda reclamando una deuda de 5.583 millones de euros han tenido una respuesta negativa. Ahora, Esperanza Aguirre llevará el asunto a los tribunales. Considera que las cantidades se le adeudan por no haberse aplicado el "principio de lealtad institucional recogido en la Ley de Financiación Autonómica", según el vicepresidente regional, Ignacio González.

Se trata de dinero que debería haber recibido la Comunidad por nuevas obligaciones que le fueron impuestas desde el Gobierno central y que, según la Ley de Financiación Autonómica, debían haber ido acompañadas de dotación económica, hecho que no se ha producido, según el vicepresidente. La vía será la jurisdicción contencioso-administrativa, donde el Gobierno regional recurrirá la resolución de enero de la Dirección General de Coordinación Financiera que desestima la devolución de dos partidas, de 2.873 y 2.710 millones de euros.La primera corresponde a "los menores ingresos recibidos en 2002 por las reformas fiscales" del Gobierno central, según el vicepresidente regional. Es decir, por un cambio legislativo que corresponde al último mandato de José María Aznar. La segunda está relacionada con el "incremento de gasto por la legislación estatal", según González.

Se trata de más de un cuarto de la "deuda histórica" que la Comunidad calcula que le debe el Ejecutivo central y que cifra en 18.831 millones de euros.

Esta cantidad incluye 3.129 millones atribuidos a las partidas que se han dejado de recibir porque el modelo de financiación no ha reconocido el aumento de población de Madrid. También incluye fondos que corresponde a las inversiones que Zapatero habría dejado de hacer en la región en los últimos seis años (que calculan en 9.284 millones), el pago del servicio que han prestado las entidades colaboradoras de Sanidad (368 millones), el descenso de ingresos por las modificaciones fiscales del Estado desde 2002 (2.873 millones) y las nuevas obligaciones de gasto regional por modificaciones legislativas del Gobierno central (2.710 millones). Por último, incluye 211 millones no entregados de la Ley de Dependencia y 256 millones de las aportaciones no hechas al Consorcio de Transportes.