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El PSdeG rechaza el aval de la Lei do Solo a la piscifactoría de Touriñán

El PP y los socialistas pactan la amnistía de casas e industrias ilegales

Después de más de tres horas de reunión, la diputada socialista Mar Barcón resumía: "Ahora mismo, lo que nos separa es Touriñán". Y Touriñán es, en la reforma de la Lei do Solo que se debate en ponencia parlamentaria, el artículo 39, que regula los usos permitidos en suelos rústicos de especial protección de espacios naturales. Tal y como está redactado en el proyecto de ley, permite la instalación de una piscifactoría como la que prevé construir Pescanova en cabo Touriñán con un simple informe favorable de la Consellería de Medio Rural. El PP ofrece una nueva redacción, que el PSdeG estudiará hoy en una otra reunión de la ponencia.

Lo que parecía una sesión de trámite para cerrar el pacto entre los dos principales grupos parlamentarios se empantanó en el artículo 39. Populares y socialistas acordaron en cambio las condiciones en que se producirá la amnistía de las edificaciones ilegales existentes con anterioridad al 1 de enero de 2003, cuando entró en vigor la ley que ahora se reforma. Y, en contra de lo previsto, no se exceptúan de la legalización las casas sin licencia en suelo protegido, tal y como pedía el PSdeG en su enmienda. En esos casos será necesario un informe previo favorable de la Comisón Superior de Urbanismo, una garantía que los socialistas consideran suficiente.

En zonas protegidas, la legalización debe acompañarse de un informe especial Los socialistas estudian abstenerse en lugar de votar a favor de la ley

El plazo para legalizar las casas se acotará en el tiempo. Se abrirá un plazo de dos años para que sus propietarios acrediten las condiciones que exige la ley para contar con licencia e incorporar la propiedad a su patrimonio. El resto de las condiciones quedan prácticamente como estaban en el proyecto remitido por la Xunta al Parlamento. Así, quedarán excluidas las edificaciones en suelos dotacionales o zonas verdes y las que hayan sido objeto de la apertura de expediente.

El tiempo dedicado en la ponencia de ayer al artículo que afecta a la planta de Touriñán impidió cerrar la redacción de la otra legalización contemplada en la reforma de la Lei do Solo, la que afecta a naves industriales, incluida a través de una enmienda del PP al proyecto legislativo. Una transacción con el PSOE, que se cerrará hoy, estableció algunas condiciones que deben cumplir. La modificación legislativa sólo se aplicará en asentamientos industriales, nunca en naves aisladas, existentes también con anterioridad al 1 de enero de 2003. Deberán ocupar al menos el 50% del suelo afectado. Y no se autorizarán en suelos protegidos, como los próximos a la costa, "salvo que acrediten su necesaria vinculación con el mar". En estos casos, con informe de la Comisión Superior de la Urbanismo y del Consello de la Xunta. Los socialistas defienden esta excepción para dar cobertura legal a industrias del sector naval. Como en el artículo que legaliza las viviendas, no podrán beneficiarse los asentamientos que cuenten con un expediente administrativo abierto. El período de legalización será de tres años.

Pero el auténtico escollo de las negociaciones es ahora el artículo que afecta a actuaciones como la de Touriñán, hasta el punto de que el PSdeG estudia cambiar el voto favorable a la ley, que se someterá a aprobación definitiva dentro de dos semanas, por la abstención. Mar Barcón consultará con la dirección del partido y del grupo parlamentario antes de tomar una decisión definitiva. El PP ofreció añadir que el preceptivo informe de la consellería debe velar "por el cumplimiento de la legislación sectorial autonómica, española y europea".

Con esta redacción, la representante socialista en la ponencia legislativa considera que la Xunta no podría autorizar la planta de Touriñán. Román Rodríguez, del PP, sostiene que así se logra una redacción "garantista, pero no obstruccionista". El acuerdo presidió el resto de los artículos negociados, al aceptar el PP en torno al 85% de las enmiendas del PSdeG y el 70% de las del BNG.

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