El 97% de los futuros pensionistas pierde con la ampliación del cómputo

El Gobierno ya no concreta cuánto quiere ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, pero no renuncia a hacerlo. Eso sí, para defenderlo, recurre a circunloquios complejos. "Lo razonable es que busquemos una fórmula que garantice que la pensión va a ser lo más correspondiente posible con las aportaciones hechas al sistema", afirmó ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social. A continuación, Octavio Granado, advirtió de que esto supondrá una "pequeña" reducción de la mayoría de las pagas de los futuros pensionistas, concretamente afectará a un 97% o un 98%, atendiendo a los datos de 2007.

La "fórmula" de la que habló Granado, que tiene que ser consensuada en el Pacto de Toledo y con los agentes sociales, "significa que los despedidos al final de su vida laboral [que cifró en un 2% o 3%] van a ver mejoradas sus pensiones, y que el resto vamos a vernos minorados en una parte que puede ser muy pequeña". "Es muy fácil con un pequeñísimo esfuerzo por parte de todos reponer los derechos de los que se ven más perjudicados", concluyó, en un acto organizado por el Fórum de la Nueva Economía.

La Seguridad Social rechaza ampliar el periodo de cálculo a toda la vida laboral

El secretario de Estado no concretó más. Sin embargo, sí que descartó que él fuera partidario de ampliar el cómputo a toda la vida laboral, como se ha hecho en Reino Unido, Suecia o Austria. "Plantearía muchos problemas", argumentó. Se refería a problemas técnicos y saltos en las de las carreras de cotización. "No sería razonable", zanjó.

En la actualidad, la cuantía de una pensión se calcula con la base de cotización de los últimos 15 años de la vida laboral del trabajador que se jubila. Si éste pierde su trabajo en estos años, su pensión se ve considerablemente mermada (más aún si se tiene en cuenta la dificultad de los mayores de 50 años para encontrar trabajo).

Los últimos años de la vida laboral suelen coincidir con los salarios más altos de los trabajadores, y, por tanto, con las bases de cotización más altas. Por ello, aumentar el periodo de cómputo acaba por traducirse en una pensión más baja para la gran mayoría.

De salir adelante en el Pacto de Toledo -esta propuesta ya figura en el documento que el Gobierno aprobó el pasado 29 de enero y envió a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo- sería la tercera vez que se amplía el cómputo en democracia. Ya se hizo en 1985 y en 1997.

Menos énfasis puso Granado para defender la otra gran propuesta de Ejecutivo, y la que ha llevado a los sindicatos a la calle, retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años. Afirmó contundente que el Ejecutivo no piensa retirarla, para luego matizar: "Las propuestas se enuncian y a partir de ese momento son objetos de negociación y transacción", afirmó.

Pensiones públicas

El responsable de la Seguridad Social defendió la necesidad de hacer reformas, consensuadas en el Pacto de Toledo, en el sistema para asegurar su futuro. Gracias a las llevadas a cabo en el último cuarto de siglo, según Granado, el instituto público goza de una "buena salud financiera" (el año pasado logró un superávit de 8.500 millones).

También habló sobre pensiones el ministro de Trabajo. Celestino Corbacho reafirmó su apuesta por el sistema público de pensiones con el complemento de planes privados. "Pero no porque el sistema principal [el público] vaya a tener problemas", sino para complementar los ingresos que se pierden al jubilarse, ya que la pensión siempre es menor que el último sueldo cobrado. Aunque la postura de Corbacho, que admitió que él mismo tiene un plan de pensiones, es la que ha mantenido tradicionalmente el Gobierno y con mayor convicción si cabe el PP, la portavoz parlamentaria de este grupo, Soraya Sáenz de Santamaría, acusó al ministro de "generar alarma".