Los socialistas enfrían el deseo del PP de impedir ya listas radicales en 2011
Rajoy: "Quiero acordar con el Gobierno para que no se presenten nunca"
Los socialistas vascos quisieron ayer marcar distancias con un debate abierto por el PP que todavía ven indefinido y con dificultades legales: cómo articular legalmente el veto a la presencia de la izquierda abertzale ilegalizada en las elecciones de 2011, sobre todo si personas procedentes de ese mundo se cobijan en las listas de una formación plenamente legal como EA. "A nosotros no se ha dirigido nadie para nada y no sabemos en qué términos de cambios legales puede estar pensando el PP", reconoció a EL PAÍS el portavoz parlamentario socialista, José Antonio Pastor. "Hasta que no veamos algo concreto no vamos a entrar en ningún debate", añadió.
Socialistas y populares coinciden, tanto en Euskadi como en el conjunto de España, en impedir que quienes no condenan la violencia puedan concurrir a los comicios de 2011. Las diferencias llegan a la hora de articularlo. El PP quiere además disolver ya los 42 ayuntamientos que la ilegalizada ANV gobierna en Euskadi y Navarra, algo que los socialistas y los gobiernos central y vasco ven imposible con la legislación actual en la mano. Todos los ediles de ANV forman parte ahora de grupos mixtos y sus actas son individuales, con lo que sólo se puede actuar contra cada uno de forma personal si comete un delito.
El PP no ha cerrado aún ninguna propuesta concreta sobre la que debatir
El hecho es que el PP no tiene articulada ninguna propuesta legal ni ningún documento escrito. Sus intenciones, que su presidente, Antonio Basagoiti, trasladó al lehendakari, Patxi López, en la última reunión que ambos mantuvieron, el 24 de febrero, ya las adelantaba el líder popular tres días antes en una entrevista en este periódico: que Rajoy y Zapatero pacten los cambios legales precisos "para evitar que una cosa así se pueda producir y si se llegan a colar, poder sacarlos". De esa fase de sondeos no se ha pasado.
Los populares quieren que el Gobierno central "no se limite a contemplar" si Batasuna mantiene contactos con partidos legales para ir a las elecciones y lo ataje ya, para que no suceda lo mismo que con EHAK en las autonómicas de 2005 o con ANV en las municipales y forales de hace cuatro años. "Es el Gobierno es el que tiene la responsabilidad de evitar que se convierta en un coladero. Es su responsabilidad arbitrar los instrumentos legales", recalcaba ayer el portavoz parlamentario del PP vasco, Leopoldo Barreda, quien confirma que su partido no ha elaborado por ahora ninguna propuesta concreta. Otros dirigentes del partido ratificaron este mismo extremo.
El propio líder popular Mariano Rajoy, confirmó en Fuenlabrada (Madrid) que quiere "acordar con el Gobierno para que Batasuna o cualquier otra franquicia de ETA no se vuelva a presentar a las elecciones nunca, mientras existan terroristas", pero sin aclarar cómo hacerlo, informa Europa Press. Rajoy encabezará el sábado en San Sebastián un acto del PP vasco para celebrar el primer aniversario del cambio.
Fuentes de los ministerios del Interior y de Política Territorial indicaron a este periódico que llevan "meses" trabajando en nuevas fórmulas legislativas que quieren consensuar con el resto de los partidos en el pacto antiterrorista cuando estén cerradas. Esas fórmulas han de pasar, incialmente, por la ley de Partidos o la Ley de Bases de Régimen Local. Respecto a esta última, el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, recordaba en el Congreso el pasado jueves que el Gobierno central va a buscar "el máximo consenso" sobre una nueva fórmula que impida que "una formación política ilegalizada pueda gobernar un ayuntamiento". La intención del Ejecutivo central es que esta reforma entre en el Congreso antes del próximo junio.
El Gobierno vasco asiste aquí de espectador, recordaban fuentes del mismo. La postura del lehendakari es de "absoluta exigencia" a la izquierda abertzale, pero las decisiones legales corresponden al central y a los tribunales.
Diferencias entre socios
Los socialistas y su socio preferente, el PP, volverán a votar por separado el próximo jueves en el pleno del Parlamento sobre la disolución de los ayuntamientos de ANV. El debate prevé ser un calco del que se registró el pasado mes de septiembre, y en el que el PP ya salió derrotado.
"No entiendo a qué viene volver a discutir un tema seis meses después cuando no han variado las circunstancias. No es razonable políticamente", apuntaba ayer el socialista José Antonio Pastor, adelantando el no del PSE.
La propuesta del PP quiere activar ya la disolución de las corporaciones aplicando la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. El PSE ha enmendado la propuesta y plantea promover mociones de censura en esos ayuntamientos y extremar la vigilancia sobre sus acuerdos.
¿Por qué el PP vuelve sobre el asunto ahora? Su parlamentario Carlos Urquijo considera que la incautación por la Guardia Civil a la ilegalizada Segi en octubre de documentación sobre el AVE vasco que podría haber sido facilitada por dos ayuntamientos de ANV (Elorrio y Atxondo) es novedad suficiente para ello. "El PSE no puede tener ahora excusas para no votar a favor y si lo hacen, deberán explicarlo".
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