El PP deja fuera de la amnistía los edificios en suelo protegido
A falta de un acuerdo global, populares y socialistas acercaron ayer posturas en el Parlamento respecto a la reforma de la Lei do Solo, y más concretamente a su polémica amnistía para las edificaciones ilegales anteriores a 1 de enero de 2003. El PP aceptó la enmienda del PSdeG que excluye los suelos protegidos de la legalización, lo que allana el camino del llamado pacto por el territorio entre ambos partidos, que tendrá su primera manifestación en el apoyo socialista a la reforma urbanística en trámite.
La ponencia que discute las enmiendas al articulado de la ley pospuso su cierre hasta mañana, debido al envío desde el Ministerio de Vivienda de un informe con matices al proyecto legislativo, en su mayoría técnicos, a los que los diputados dedicaron casi toda la sesión de ayer. La mayoría se incorporan a la reforma de la LOUGA, entre advertencias ministeriales a la "inseguridad jurídica" provocada por las sucesivas reformas de la ley de 2002. El informe de Vivienda tumba el principal argumento de la Xunta para proceder a la amnistía, el de poder inscribir las viviendas legalizadas en el Registro de la Propiedad. Las normas relativas a dicho registro corresponden al Estado, sostiene el informe, que denuncia la "invasión de competencias".
Será en la sesión de mañana cuando la Consellería de Medio Ambiente presente una nueva propuesta para el artículo que prevé la amnistía urbanística, que probablemente será respaldado por los dos principales grupos parlamentarios. El departamento que dirige Agustín Hernández también matizará la legalización de naves industriales ilegales prevista en la reforma de la ley, introducida mediante una alegación del Grupo Parlamentario del PP.
A la espera de la nueva redacción de ambos artículos, los representantes del PSdeG y del PP en la ponencia, Mar Barcón y Román Rodríguez, respectivamente, coincidieron en alertar contra la sensación de que se trata de una amnistía general. "Se trata de dar salida a una realidad que tiene diversas causas y acarrea muchos problemas", explica el diputado del PP. Barcón, mientras, sostiene que los socialistas garantizarán que la legalización se haga "en condiciones". En el caso de las naves industriales, la nueva redacción sólo permitirá aplicar la legalización a polígonos que crecieron en distintos términos municipales, y no a industrias aisladas.
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