Manuel Charlín saldrá de la cárcel a final de año
A la espera de la nueva liquidación de sus cuatro condenas por la Audiencia Nacional, el patriarca de Los Charlines, Manuel Charlín, abandonará la prisión de A Lama a finales de año, según adelantaron ayer fuentes de instituciones penitenciarias. Para sus abogados, hace siete meses que tendría que estar en la calle. El Tribunal Supremo acordó rebajar en dos años su última sentencia, al anular uno de los tres delitos por los que había sido condenado por blanqueo de dinero del narcotráfico por el que fue detenido en 1995, en una macro operación del juez Baltasar Garzón. El octogenario patriarca ha permanecido quince años ininterrumpidos en la cárcel.Durante estos años de cautiverio, Charlín abandonó la penitenciaría únicamente para visitar al dentista. Del clan, sólo su hija Josefa Charlín seguirá en prisión hasta mediados de la próxima década.
El alto tribunal critica la decisión de invalidar las escuchas
Aunque acosado por las deudas con Hacienda, Charlín salió bien parado en el proceso por blanqueo en el que se intervino dinero y patrimonio por 15 millones de euros. A pesar de que la Audiencia Nacional acordó decomisar de los bienes, el Supremo cambió de criterio y decretó embargo. Alegó que no se podía acreditar qué parte del patrimonio había sido adquirido con dinero del narcotráfico. Así, se abrió la puerta para que la familia recuperase las propiedades si pagaban las millonarias multas establecidas en la sentencia.
Por otra parte, el Supremo dio un varapalo a la Audiencia de Pontevedra por haber anulado las escuchas telefónicas y absolver a cuatro presuntos narcotraficantes. El alto tribunal calificó de "erróneo" el criterio de la sala de Pontevedra y ha acordado anular la sentencia que en abril del pasado año absolvió a cuatro presuntos narcotraficantes y condenó a tres años de cárcel a un quinto imputado que reconoció su participación en el transporte de 500 kilos de cocaína en 2002. En respuesta al recurso del Ministerio Fiscal, el Supremo obliga a la sala a repetir el dictamen que invalidó las escuchas telefónicas que permitieron la incautación de la droga. El fallo señala que los pinchazos son "legítimos y procesalmente válidos".
Agapito Juez Porras, el conductor del camión donde se intervino la droga, reconoció los hechos. Fue condenado a tres años de prisión y a multa de cinco millones de euros que no pagó, al declararse insolvente. El fiscal antidroga solicitaba para cada acusado 13 años de prisión. Aunque fueron absueltos por la Audiencia Provincial, los acusados Ignacio González Lombardía, Oscar Jesús Torres Torres, Julián Guerrero Iglesias y Antonio García Pérez recurrieron alegando vulneración del secreto de comunicaciones por el entonces juez instructor de Vilagarcía, José Antonio Vázquez Taín.
La sentencia declarada nula también desestimó como prueba la declaración de Agapito Juez tras su detención, al entender que fue coaccionado por los agentes cuando le dijeron que "si colaboraba denunciando a los copartícipes en la operación recibiría trato de favor". El criterio de la Audiencia de no aceptar la legalidad de las escuchas porque la información relativa al teléfono de Agapito Juez procedía de intervenciones telefónicas practicadas en otro procedimiento ha sido invalidado por el Supremo, que sostiene que "por el hecho de que no conste en resoluciones anteriores no cabe aplicar la nulidad sin más".
