Sospechosos crónicos

El Tribunal Constitucional de Alemania ha declarado hace unos días que la ley de almacenamiento de datos de telecomunicaciones

es inconstitucional. Aprobada en 2008, se trata de una norma que obliga a las compañías del ramo a conservar todas las conversaciones (ya sean telefónicas o realizadas a través de la Red) que sus clientes han realizado en los últimos seis meses. La sentencia sostiene que hay una grave intromisión en la esfera privada de los ciudadanos, que podría convertir a todos en sospechosos crónicos, y ordena por tanto que los datos acumulados se destruyan.

He ahí un triunfo de la libertad del individuo frente al Gran Hermano que escruta desde la sombra cada uno de sus pasos. Sí, aunque no tanto. Lo que el Constitucional ha ilegalizado es la forma en que se ha realizado ese trabajo sucio. No cierra las puertas a que se reúnan y almacenen datos, pero exige que esa tarea se haga siguiendo un cierto orden y criterio, para que la información obtenida pueda ser controlada de manera transparente, estar sujeta a supervisión y permitir que el usuario sepa qué datos suyos se registran.

La ley que ha anulado el Tribunal Constitucional alemán obedece a una directiva europea de 2005, que se puso en marcha tras los atentados de Madrid y de Londres. Hay que considerarla, por tanto, una pieza más de la compleja lucha que los Estados nacionales han de librar contra el terrorismo yihadista, que nada sabe de fronteras y que ha incorporado como

una de sus armas más poderosas la vocación suicida de sus combatientes.

Fueron 35.000 las denuncias que los ciudadanos alemanes pusieron contra una ley que, seguramente, les recordaba tiempos aciagos (y no demasiado lejanos): el mayor recurso que ha llegado al Constitucional contra una norma del poder legislativo. Las reacciones a la sentencia fueron distintas. Unos la celebraron como una victoria de cuantos defienden los derechos fundamentales. Otros propusieron que se redactara otra ley que cumpliera los requisitos que exigían los jueces.

Una lección queda clara: que no todo vale para luchar contra el terrorismo. Y, también, que esa batalla es más difícil cuando se vigila el respeto a los derechos individuales.