Dos respuestas a un problema moral

La iniciativa legislativa popular es una de las instituciones de democracia directa que está contemplada en nuestro ordenamiento constitucional y es como consecuencia de una iniciativa de esta naturaleza como ha llegado al Parlamento de Cataluña la propuesta sobre si se deben o no prohibir las corridas de toros en dicha comunidad. No es un proyecto o una proposición de ley, es decir, una iniciativa gubernamental o parlamentaria lo que está en el origen del debate, sino una iniciativa popular, instrumentada mediante la recogida de firmas, con la finalidad de enviar una proposición a la Mesa de la Cámara que tiene que decidir sobre su tramitación parlamentaria.

En uso de sus atribuciones y con buen criterio, la Mesa del Parlamento ha decidido que, antes del trámite de toma en consideración de la propuesta por el Pleno de la Cámara, comparecieran una serie de personas reconocidas, bien porque se han singularizado por haber reflexionado sobre el tema, bien por estar profesionalmente vinculados al mundo del toro. Las comparecencias han sido muy equilibradas en opinión generalmente compartida, de tal manera que tanto el punto de vista de la abolición de las corridas como el de su preservación han sido presentados con un peso similar. El principio de igualdad de armas, que se exige constitucionalmente en todo tipo de procesos, se ha respetado en el Parlamento catalán.

Lo que no cabe es hurtar el debate sobre los toros, como ha hecho Aguirre

Gracias a esta iniciativa y a la tramitación parlamentaria asistimos, no sólo en Cataluña sino en toda España, al primer debate ordenado sobre la conveniencia de continuar o no con las corridas de toros. Pues, aunque el lugar del debate es el Parlamento de Cataluña, lo que allí se está diciendo está siendo recogido por los medios de toda España e incluso complementado con un debate en algunos de tales medios, como por ejemplo EL PAÍS, que también está siendo equilibrado, en mi opinión, acerca de dicha iniciativa.

No creo que nadie que esté siguiendo el debate pueda llegar a la conclusión de que se está debatiendo un problema de identidad nacional. No estamos ante un pulso al nacionalismo español por parte del nacionalismo catalán. Estamos ante un problema de naturaleza moral, que no entiende de identidades nacionales. En esto no creo que haya discrepancias entre quienes participan en el debate. Es en la valoración del problema donde las hay. A unos la valoración del problema les lleva directamente a una posición abolicionista. A otros, no.

Tengo la impresión de que, independientemente de la suerte que corra en el Parlamento la propuesta abolicionista, el debate volverá a plantearse en España y que la votación en el Parlamento de Cataluña no va a ser la última palabra. La convicción moral de los abolicionistas es de tal intensidad, que estoy seguro de que no dejarán de volver sobre el tema en el futuro, en Cataluña si no se aprueba la ley, y fuera de Cataluña tanto si se aprueba como si no. Y es prácticamente imposible que la sociedad española no tenga que atender a sus argumentos, para aceptarlos o rechazarlos. Bastaría con que se hiciera uso de la iniciativa legislativa popular prevista en el artículo 87.3 de la Constitución y desarrollada en la Ley Orgánica 3/1984, para que ello ocurriera. Y los requisitos que se exigen en la Constitución y en la ley no son difíciles de cumplir.

En todo caso, sería positivo que tal iniciativa se llevara a cabo y que el debate moral se produjera sin que pudiera ser desvirtuado con una carga nacionalista, que posibilita e incluso propicia conductas oportunistas como la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que sí es profundamente inmoral, en la medida en que resuelve un problema moral con una decisión administrativa autoritariamente decidida.

Se puede no tomar ninguna decisión. Pero si se toma alguna, únicamente puede ser fijada en sede parlamentaria. Tienen que ser los representantes democráticamente elegidos los que tienen que hacer la ponderación de las distintas valoraciones morales que están presentes en la sociedad respecto de las mismas y decidir lo que se considera que debe ser la voluntad general. Lo que no cabe es hurtar el debate, como ha hecho Esperanza Aguirre, y sustituir la voluntad de los ciudadanos por la suya propia. La posición del Parlamento de Cataluña está siendo democráticamente impecable. La reacción de la presidenta Aguirre dista mucho de serlo.