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El PNV exige a López que cumpla en tres meses acciones en I+D pendientes desde 2007

Sólo los peneuvistas rechazan que la Cámara acceda a actas del Guggenheim

"¿Cómo es posible que ustedes no hagan en tres años un plan de actuación [del Consejo Vasco de Ciencia Tecnología e Innovación, creado por el anterior Ejecutivo en 2007] y le pidan a este Gobierno que lo haga en tres meses?". El parlamentario socialista Óscar Rodríguez rechazó ayer de ese modo la pretensión del PNV y EA de que el Parlamento exigiera ahora al Gobierno en ese plazo un plan de líneas estratégicas, objetivos, infraestructuras científico-tecnológicas y marco financiero, nombrar al comisionado que debe dirigir ese consejo y al comité científico asesor, tareas todas ellas que el Ejecutivo anterior dejó sin hacer.

"Deben explicar ustedes esto en vez de pedir explicaciones a los demás", respondió Rodríguez a la peneuvista Estibaliz Hernáez. "Es una irresponsabilidad que el lehendakari no haya reunido ni una sola vez al Consejo. Es un año de inacción" había acusado ésta antes.

La Cámara pide al Gobierno que aclare su plan para el Consejo de Ciencia

El terreno venía abonado ya desde el último pleno de control: el portavoz del PNV, Joseba Egibar, usó el mismo argumeto para descalificar el liderazgo del lehendakari, Patxi López. "Trabajar no es pasear a la ministra Garmendia por Euskadi, organizar el Basque Culinary Center, o visitar algunas empresas", abundó Hernáez, quien acusó al Ejecutivo de funcionar "gracias a la inercia" del Gobierno de Ibarretxe.

Sus afirmaciones encendieron al portavoz socialista . "Es obvio que el Gobierno no ha reunido al Consejo, tan obvio como que necesita una revisión", sostuvo Rodríguez. Ello no significa que el Gobierno no actúe en I+D+i, defendió, esgrimiendo los acuerdos con Mondragon Unibertsitateta, Ikerbasque, la UPV o los convenios con Mercedes y Repsol del coche eléctrico, así como la subida del 9,5% en la dotación presupuestaria este año.

"Critican por criticar, porque no reconocen la legitimidad de Patxi López para ser lehendakari, porque siguen sin digerir la salida del poder. Ni defienden alternativas constructivas, ni tienen quien las lidere y cuando hay un acuerdo rechazan su existencia y lo llaman pacto de no agresión", abundó, en referencia a la denominación que dio Egibar al pacto de estabilidad presupuestaria PNV-PSE del otoño pasado. "Un acuerdo es un acuerdo y se defiende. Ya aprenderán a hacer oposición, ya le pillarán el tranquillo", concluyó, tras reclamar de nuevo respeto en su ejercicio.

De paso, Rodríguez dejó caer que los originales de las actas de las 10 reuniones celebradas por el Consejo no figuran en los archivos del Gobierno, que ha tenido que valerse de copias. "Ni eso dejaron en Lehendakartiza cuando se fueron", espetó a Hernáez.

Lo que la Cámara terminó pidiendo ayer a López, con los 42 votos que sumaron PSE, PP y Aralar, fue que aclare sus planes para ese órgano, que ya distribuyó 200 millones de presupuesto hasta 2012, antes de que acabe el actual período de sesiones. Hernáez y el parlamentario de EA, Jesús María Larrazabal, mostraron inquietud por su futuro, mientras el popular Borja Sémper defendió el derecho del Ejecutivo a realizar "cambios, si lo estima oportuno". UPyD los pidió expresamente.

El PNV, por otra parte, se quedó solo también en su intento de que el Parlamento no reclamara al Gobierno medidas para que las sociedades, fundaciones, consorcios, asociaciones participadas o subvencionadas con fondos públicos sean controladas por la Cámara. Todos los demás grupos se unieron a raíz de una iniciativa del PP, después de que este partido no haya podido obtener las actas de las reuniones del Patronato, el Comité Ejecutivo y el Consejo y Junta de Sociedades del Guggenheim. El Ejecutivo no las tenía y, una vez que las obtuvo, no puede darlas al Parlamento por afectar a entidades de naturaleza mercantil, aunque dependan de fondos públicos.

PSE y PP por separado

Como la semana pasada a cuenta del caso Egunkaria, el PSE y su socio preferente, el PP, volvieron a chocar ayer en una votación, al no apoyar el primero la exigencia del segundo al Gobierno de que arbitre "mecanismos de inspección" sobre las ayudas sociales para perseguir el fraude. Los popualres se quedaron solos, mientras qu el resto de la Cámara respaldaba con 63 votos una enmienda de PSE, PNV y EA, que apoyaron también Aralar y EB, en la que se pide "eficacia" en la aplicación de las leyes de Servicios Sociales y Garantía de Ingresos.

La popular Laura Garrido afrontó la acusación de todos los grupos de estar dirigiendo la "sospecha" y la "duda" a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. "Hay que reducir al máximo el fraude", coincidió la socialista Teresa Laespada, pero "no es momento de hablar de fiscalizar a quienes están sufriendo más". Y menos aún cuando la crisis levanta "recelos" por los beneficiarios de las ayudas.

El PNV abogó por "legitimar socialmente" a sus perceptores, mientras EA tachó de "paleoliberal" la postura popular. UPyD negó que el fraude sea generalizado y Aralar reprochó a los populares que "no diga nada" sobre el fraude fiscal.

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