PSE y PP sostienen que el proyecto en Aragón refuerza a Afer ante Bilbao

El anuncio de la puesta en marcha de la fábrica de pisos de Afer en Aragón ofrece serios argumentos al grupo empresarial para exigir una indemnización multimillonaria a la Diputación de Vizcaya. Tal es, al menos, la opinión en la que coincidieron ayer el PSE y el PP, los dos principales grupos de la oposición en las Juntas Generales, tras conocerse que la compañía de Jabyer Fernández ha cerrado la financiación para construir sus primeros pisos en serie modulares.

En el anodino pleno de las Juntas en Gernika, el de Afer fue un asunto comentado en los pasillos por sus futuras repercusiones. La filial Habidite -la empresa creada para gestionar este novedoso proyecto de construir pisos en una fábrica mediante módulos y luego ensamblarlos en el solar donde se levantarán- tiene firmados desde 2006 tres convenios con la Diputación de Vizcaya para construir una planta en Alonsotegi. El retraso en el cumplimiento de los acuerdos por parte de la Diputación (no ha puesto el suelo a disposición de Habidite) acabó en un enfrentamiento de Fernández con la institución foral y denuncias mutuas en los tribunales por rescisiones de obras públicas concedidas a Afer y el impago de una deuda fiscal de la compañía de 43 millones. La consecuencia ha sido que se ha frustrado la planta de Habidite en Alonsotegi.

"No voy a comentar nada", se limita a contestar José Luis Bilbao

Pero la proyectada fábrica en Magallón (Zaragoza) puede cambiar la situación. Afer, pese a sus problemas económicos en Euskadi -tiene a su sociedad participada Iurbentia, la deudora de los 43 millones, en concurso de acreedores; a la constructora Fonorte, con 120 empleados, en situación preconcursal con una deuda de 12 millones; y a Afer in Situ, con 700 trabajadores, con la petición de aplazamiento del pago del IVA por 4,3 millones-, ha logrado un crédito financiero de 24,5 millones. Como informó ayer este diario, el dinero se destinará a una promoción de 170 viviendas de protección oficial (de ellas 20 modulares), que fue suscrito el pasado viernes entre Ibercaja y una UTE formada por Habidite y Residere, otra filial de Afer. Esta misma unión de empresas había logrado la adjudicación de la promoción del Gobierno aragonés el 31 de diciembre de 2008. La inclusión de los pisos modulares le ha servido a Fernández para poder impulsar la fábrica, que funcionará, sostiene, en seis meses, con una inversión de 30 millones y la creación de 500 empleos, y la intención de que en 2011 tenga disponibles las 20 viviendas en serie.

En los pasillos de la Casa de Juntas, el diputado general, José Luis Bilbao, mantuvo su postura oficial de no hablar de este tema. "No voy a comentar nada", se limitó a señalar. El portavoz del PP, Carlos Olazábal, quien sigue mostrando dudas hacia el proyecto porque cree que es "difícil técnicamente", opinó que la planta en Aragón sería "una clara demostración de que la Diputación, por sus incumplimientos de los convenios, ha creado un perjuicio patrimonial". Apuntó que la noticia crea "un verdadero problema" a la institución foral, porque "sería la prueba evidente de que el proyecto en Alonsotegi era ejecutable". Con ello, Fernández tendría "un derecho de reclamación" de daños y perjuicios en los tribunales.

El socialista Melchor Gil coincidió en que supone "un golpe de mano" para que Afer reclame perjuicios a la Diputación y detacó: "Nos enfrentaremos a una demanda en la que podemos perder 40 o 60 millones, que es el presupuesto de un departamento foral".

Los partidos minoritarios no comentaron las consecuencias del más que probable litigio. José Ferrera, de Ezker Batua, dijo que nunca había creído en el proyecto y su promotor mientras que Iosu Murgia, de Aralar, apuntó que no se puede aplicar en Vizcaya porque "responde a una situación anterior de boom inmobiliario".