Paso adelante, paso atrás

El panorama de los pactos para resucitar la economía española ofrece tímidas gotas de optimismo y una buena dosis de decepción. La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, y el ministro de Fomento, José Blanco, proclamaron ayer tras la reunión con el PP que existe un amplio espacio de acuerdo en varias medidas económicas contra la recesión. La interpretación del portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, no fue tan optimista. Se pueden conseguir "acuerdos puntuales", dijo, pero "no puede haber un acuerdo global con un Gobierno que sube los impuestos, en especial del IVA". Es un avance.

La posición del PP se aprecia con claridad. Apoyará "a la carta" medidas que no le facturen costes políticos -reducción del IVA para la rehabilitación de viviendas o agilización de los créditos del ICO a las empresas- y seguirá escudándose en que no hay que subir impuestos para eludir el pacto político global. Las cartas están echadas y difícilmente cambiarán en el plazo de negociación marcado por el presidente del Gobierno (dos meses). La estrategia consiste en dejar que se deteriore la credibilidad del Gobierno y esperar un éxito fácil en las próximas citas electorales. Un pacto global, aunque tenga sentido para calmar a la comunidad financiera internacional, daría oxígeno al Gobierno en las encuestas, en opinión de la dirección del PP.

Al Gobierno le quedan los acuerdos anticrisis con otros partidos, como CiU. No es lo mismo firmar un gran acuerdo de Estado, en el cual todos los partidos avalen la estabilización financiera del Estado y la reforma de las cajas (es decir, el restablecimiento del crédito privado a la pequeña y mediana empresa), que un conjunto de consensos sobre medidas específicas que podrían negociarse en el curso parlamentario. Pero la bondad de los acuerdos radica en que se apliquen con rapidez. Por tanto, bienvenidos sean. Las pequeñas y medianas empresas no pueden depender del tacticismo de los partidos para acceder a créditos que marcan la línea entre la supervivencia y la desaparición.

Donde los avances se ven muy, muy lejanos, salvo rectificaciones, es en el diálogo social. Las últimas propuestas del presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán (despido más ágil y barato, y un contrato precario para los menores de 30 años, entre otras), irritaron ayer al Gobierno y a los sindicatos. No sólo por el estilo -Díaz Ferrán las expuso en un artículo en EL PAÍS-, sino también por sus contenidos. De hecho, la patronal no tuvo más remedio que volver a guardar en el cajón dicho contrato especial para jóvenes, con una duración de entre seis meses y un año, sin protección por desempleo y sin cotizaciones a la Seguridad Social. Un contrato de esa naturaleza sería inadmisible, por ser discriminatorio y porque equivoca el objetivo de la reforma. Que es aumentar el empleo estable, no la precariedad.