Adjudicado sin aval técnico el plan general de Gondomar

El gobierno de tránsfugas de Gondomar ha adjudicado la redacción de un nuevo plan general de urbanismo para el municipio a la empresa Eptisa contra el criterio de los técnicos que formaban parte de la mesa de contratación y mediante un procedimiento irregular con el que, según el BNG, "pretenden recuperar el plan general de la corrupción de 2006 y atender así a los compromisos heredados del gobierno de Carlos Silva, que son los mismos que estuvieron detrás de la moción de censura" que desalojó de la alcaldía al nacionalista Antón Araúxo.

Al concurso para redactar el plan de urbanismo se presentaron siete empresas y, sorprendentemente, la mejor valorada por los técnicos de la mesa de contratación (arquitecto municipal, un representante de la Diputación Provincial y dos de la Xunta) obtuvo finalmente la peor valoración por decisión de los cuatro ediles presentes en la mesa (el alcalde, Martín Urgal, el ex alcalde Carlos Silva, el concejal de Urbanismo, Alfonso de Lis, y el portavoz, Manuel Núñez), que impusieron su criterio con el voto de calidad del alcalde.

La valoración de los técnicos fue anulada por un contra-informe de Alfonso de Lis, que introdujo nuevos baremos.La secretaria y la interventora municipales, que formaban parte de la mesa, coincidieron en rechazar la propuesta "política" por desconocerla y porque los miembros de la mesa, por ley, deben disponer de ese tipo de informes con una antelación mínima de 48 horas. No ha sido la única irregularidad de este procedimiento.

En la primera sesión de la mesa, el BNG alegó vicios de nulidad en la tramitación, ya que aún no se había resuelto en el juzgado la declaración de lesividad suscitada, antes de la moción de censura, por la tentativa del gobierno nacionalista de contratar la redacción de un nuevo plan general. El BNG, pese a ser preceptivo, no volvió a ser convocado a ninguna de las siguientes reuniones de la mesa, que por eso mismo fue impugnada, sin que tampoco a día de hoy se haya resuelto esa reclamación.

"Los mismos de siempre haciendo lo de siempre: chanchullos, trapalladas, ilegalidades y oscurantismo. Un escándalo con demasiados precedentes", resumía ayer el BNG, que volvió a recordar las ilegalidades urbanísticas que afectan directamente al alcalde, la construcción prohibida de un hotel rural, y al concejal de Urbanismo, una nave industrial en suelo rústico de protección en Oia.

Propuesta del PP

Esos dos inmuebles, sin embargo, podrían obtener legalización al amparo de la nueva legislación urbanística que promueve la Xunta. Precisamente ayer, el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, anunció que la reforma de la Lei do Solo que se tramita el Parlamento, mediante una enmienda del PP, legalizará en la provincia de Pontevedra más de 500 naves industriales que surgieron al margen del planeamiento urbanístico antes de la entrada en vigor de la citada ley, la mayoría en Mos y las comarcas de A Louriña y O Condado.

Hernández aseguró que el objetivo de la regularización de las naves es "reforzar la seguridad jurídica". Así, se da mayor estabilidad a una realidad existente, pero que permanece en una situación de alegalidad que le impide contar con servicios urbanísticos apropiados y desarrollar adecuadamente sus funciones.

La medida consiste en incluir las naves en un ámbito de suelo urbanizable. Los propietarios estarán obligados a donar todas las infraestructuras urbanísticas básicas (viario, encintado de aceras, alumbrado público, abastecimiento y saneamiento).