Salt: un problema de todos y de nadie

Los rumores corren por Salt. En cualquier momento parece que se vaya a montar una manifestación. Algunos inmigrantes se pasean por la puerta del ayuntamiento. Paran. Miran si hay alguna cámara de televisión. Se van. Vuelven. En las calles de Salt se palpa el nerviosismo. Como si la ciudad esperase que pasase algo. Lo mismo se puede decir de las instituciones, que se pasan la pelota del problema, hasta convertir Salt en un problema que afecta a todos pero del que no se responsabiliza nadie. El último en sumarse ayer fue el consejero de Interior, Joan Saura (ICV). "El código penal no se aplica", espetó.

La alcaldesa del municipio gerundense, Iolanda Pineda, no se esconde. Salt necesita más policías. Por eso siempre que puede aprovecha para reclamar a Interior más efectivos. Desde hace más de una semana un furgón de los Mossos d'Esquadra patrulla por el municipio por las noches. La medida es temporal. El deseo de Pineda es que se quedase para siempre. Desde Interior asumen el compromiso de mantener el orden. Y han reforzado la ciudad con efectivos. Pero Saura no entiende que el problema sea tanto la falta de agentes, como de multirreincidencia: delincuentes que infringen la ley repetidamente. Los mossos les detienen, declaran ante el juez, y vuelven a la calle. Cinco de los ocho multirreincidentes detectados en Girona, actúan en Salt. Lo explicó ayer el consejero en una visita al parque de bomberos de Cassà de la Selva (Gironès). Por eso pidió más contundencia a los jueces, a los que señaló sin disimulo.

El presidente de la Audiencia de Girona, Fernando Lacaba, replicó al consejero, informa Pere Ríos. "Que no mire a los jueces, sino al Congreso de los Diputados, al Ministerio de Justicia y a la Generalitat", dijo el magistrado para rebatir la supuesta inaplicación del Código Penal.Según Lacaba, cuando en 2003 se modificó el Código Penal se debió crear un registro de faltas, similar al registro de antecedentes penales, que permitiría a cualquier juez consultar si el detenido que tiene frente a él había sido condenado anteriormente por otras tres faltas en sentencia firme durante el mismo año y, a la cuarta, poder considerarlo como un delito.

Lacaba también explicó que, pese a la inexistencia de ese registro de faltas por parte del Ministerio, el Departamento de Justicia de la Generalitat podría haber creado su propio sistema informático para que, en el ámbito territorial de Cataluña, se pudiera saber si el detenido acumula estas penas de faltas por reincidencia. "En ocasiones se legisla de cara a la galería, porque las leyes que no van acompañadas de los presupuestos necesarios son papel mojado", aseguró Lacaba.

La alcaldesa Iolanda Pineda, por su parte, sigue también luchando para que la escuchen fiscales y magistrados. Por eso ha redactado un borrador de una carta que va a enviar al Poder Judicial para que no permita que personas que "han sido detenidas 44 veces sigan en la calle". Pero antes, el Ayuntamiento buscará el apoyo de las asociaciones de vecinos y de los comerciantes.

Ellos precisamente estaban entre los que interrumpieron el pleno el lunes con pancartas. Entonces amenazaron con medidas si no se hallaba una solución. Pero después de los enfrentamientos el jueves dentro y fuera del Ayuntamiento han echado el freno de mano. "No queremos que se llegue a estos extremos. Estamos preocupados. Sólo queremos más seguridad", explicó ayer Gemma Serra, portavoz de las asociaciones de vecinos.

A última hora de ayer el colectivo se miraba la letra pequeña de la carta de la alcaldesa. Se comprometen a esperar a que Justicia e Interior escuchen sus ruegos. Si en 15 días no contestan a la misiva, retomarán las movilizaciones. Pero no ahora. "La cosa está muy caliente. Queremos tranquilidad. No queremos un conflicto que se nos escape de las manos", insistió Serra.

Esa preocupación asalta también a las asociaciones de inmigrantes. Mohammed Ataouil, presidente de la asociación marroquí Al Hilal, negó que el colectivo vaya a manifestarse, aunque el pasado jueves, Morad el Hassani, asegurara en nombre de la misma asociación que sí iban a concentrarse en el pueblo. Hassani, de 28 años, abanderó como improvisado líder las protestas frente al ayuntamiento el jueves. Ataouil comparte la preocupación por lo que está ocurriendo. "Yo tengo negocios y también me han robado. Pero no puede ser que nos identifiquen sólo a nosotros por la calle", se queja. El lunes tiene cita en el Ayuntamiento. Pedirá que acabe esta situación. "Primero vamos a hablar y pedir que paren los registros indiscriminados", explica. Así que, por lo pronto, no hay manifestación por en medio. "Al menos convocada por nosotros", asegura.

El presidente de Al Hilal considera que no se puede criminalizar a los inmigrantes. "También hay españoles que roban". Pero el problema básico, a su entender, son las leyes españolas: "Al que robe, tres o cuatro o cinco años en la cárcel. Ya verás como así se arregla la situación".