El edil de Rivas que dimitió hizo 15 pagos más a la empresa de su esposa
El PSM sólo le pidió que dejara el puesto cuando descubrió las nuevas facturas
Francisco Javier Fernández, el concejal del PSM de Rivas que tuvo que dimitir de su cargo de edil de Mantenimiento el pasado jueves por haber otorgado un contrato a una empresa participada por su esposa, su suegro y sus cuñados, había gestionado otros 15 pagos a esta compañía de sus familiares. El importe de las facturas, cuya emisión comienza en 2006, oscila entre los algo más de 500 euros por arreglar una puerta a algo más de 10.000 por otros trabajos realizados para el Consistorio ripense, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. En total son cerca de 25.000 euros, más los 17.000 del primer contrato.
Estas 15 irregularidades tuvieron que ser esgrimidas por IU, socio de gobierno del PSM, para convencer al secretario general de los socialistas, Tomás Gómez, de que obligase a dimitir al concejal, según fuentes municipales implicadas en esa negociación. Fuentes de la dirección del PSM confirmaron la información.
Ninguno de los contratos firmados fue sometido a concurso público
Todos los contratos a favor de la empresa familiar son jurídicamente considerados "actos económicos", es decir, pagos inferiores a 18.000 euros y que no estuvieron sujetos a ningún tipo de concurso o publicidad. Álvarez no negó ayer los hechos, aunque se limitó a afirmar que no piensa decir "nada más sobre estos asuntos". El jefe de los socialistas ripenses, Guillermo Magadán, reduce los montantes de las facturas y asegura que están en torno a los 300 euros, aunque algunas, concede, son de superior cuantía. Magadán declaró el jueves que el paso dado por Fernández era digno de elogio y que había cometido un error político.
Fernández se negó a dimitir en un principio, hasta que la dirección de su partido le obligó, condicionada por la gran cantidad de facturas halladas a nombre de la compañía de su esposa. El concejal argumentó en un principio que cuando en su día se sentó a firmar el contrato se encontró con que la adjudicataria era Toriba Asesores, donde figuraban como socios sus familiares. "Iba a darle el visto bueno, y de repente leí el nombre. Entonces me inhibí del proceso", aseguró. Fernández insistió en que no quería desviar responsabilidades hacia el concejal que finalmente dio su aprobación al contrato con el visto bueno de un técnico del departamento de Mantenimiento. "No se dio cuenta. Firmamos cientos de documentos así", dijo.
El mismo día en que se desveló la relación entre Fernández y Toriba, el Ayuntamiento rescindió el contrato y convocó un concurso. Además, anunció que iniciaría una investigación.
