La Xunta muestra su irritación con el Gobierno tras otro fracaso negociador

Más de 20 horas y cuatro reuniones después, la Xunta y el Gobierno siguen atascados en los puntos fundamentales del recurso contra la Lei de Caixas. Por lo menos ayer concretaron acuerdos en seis de los once aspectos cuestionados por el informe de inconstitucionalidad, aunque, según fuentes de la Xunta, ya habían quedado prácticamente perfilados en la reunión anterior. Entre ellos, el veto a una fusión virtual (Sistema Institucional de Protección, SIP), después de que las partes aceptasen copiar la redacción que figura en la ley andaluza; o el control de la Obra Social, sobre la que Facenda ha admitido que aflojará la supervisión borrando el párrafo que dice que será necesario un informe favorable para programar inversiones de más de millón de euros.

Por lo demás, la delegación gallega, que llegó a Madrid "con el pijama en la maleta", por si hoy continuaban los contactos (palabras de Alfonso Rueda, conselleiro de Presidencia), se marchó muy enfadada con la actitud de sus interlocutores en el Ministerio de Administraciones Públicas y llegó a cuestionar su capacidad para llevar el diálogo a alguna parte. "¿Tienen capacidad para llegar a acuerdos? Probablemente el secretario de Estado [Gaspar Zarrías, de Cooperación Territorial] dirá que ha habido avances significativos, nosotros no podemos estar de acuerdo en ningún caso", aseguró Rueda.

El Gobierno central sigue punto por punto el guión que dibujó la ministra de Economía, Elena Salgado, cuando dijo aquello de que "las leyes no se negocian, se respetan". Está tensando la cuerda para que la Xunta renuncie a sus dos premisas básicas: que no se alteren los principios esenciales de la ley aprobada y que, en vez de redactarla de nuevo, donde haya dudas se acompase la legislación con la de otras comunidades autónomas. El Gobierno gallego no quiere ceder, aunque es consciente de que tampoco le sirve de nada cambiar la mitad de los artículos recurridos si sobre la otra mitad continúa el bloqueo. Si acepta la renovación al 50% de las asambleas, la fusión de Caixa Galicia y Caixanova quedaría muy remota porque es difícil que alcance la masa crítica suficiente que haga cambiar de opinión a la caja de Vigo.

Para el conselleiro de Presidencia, el Gobierno no tiene ninguna prisa en desatascar el recurso: "Se nos ha llegado a decir que no se le puede pedir tanta celeridad a la Administración del Estado". La gota que colmó el vaso fue que Zarrías diese por terminada la mesa de diálogo sin haber fijado la fecha de la próxima cita en Madrid. Al dejarlos "a expensas de la agenda", los gallegos advirtieron de que la situación se parece cada vez más a una maniobra para forzar un bloqueo. Nada que ver con la versión de Zarrías, para el que las prisas podrían "provocar equivocaciones por ambas partes". Su idea es convocar de nuevo la mesa "esta misma semana y cerrar el acuerdo", algo que por cierto mencionó la semana pasada. "Quedan cinco aspectos por dilucidar, estoy convencido de que podemos llegar a un acuerdo definitivo". Ese mismo mensaje de optimismo, que contrasta con la irritación de la Xunta, fue reiterado ayer por otras fuentes del Ejecutivo.

Pero el acuerdo no será fácil a juzgar por lo que ha pasado. Las posturas sobre el precepto que determina cómo se hará la primera renovación de los órganos de gobierno (según la ley actual, en dos meses y cambiando al 75% de la asamblea) están, si cabe, más alejadas que al principio. "El Estado ya está planteando cuestiones añadidas a las que plantea el recurso de inconstitucionalidad y al dictamen del Consejo de Estado. No puede haber acuerdo en este punto", zanjó la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás. Para el interlocutor del Gobierno, "con la redacción actual se renovaría el 90% a los dos meses de su entrada en vigor y el 10% restante en un año", lo que contraviene la normativa básica recogida en la Ley de Órganos Rectores de las Cajas (LORCA).

El principal acuerdo tomado ayer permite a la Xunta seguir manteniendo la capacidad de veto sobre las fusiones virtuales siempre que lo justifique por la hipotética insolvencia de la operación y no en el "interés" de Galicia al que aludía la ley aprobada en el Parlamento gallego por PP y BNG.