Vuelva dentro de un mes

"Por lo menos hice unas 10 llamadas en dos días para intentar pedir hora. No hubo manera. Así que he venido para que me den cita para otro día. Seguro que va para largo". El relato es de Begoña, una mujer que aguardaba en el centro de servicios sociales del Poblenou para tramitar asistencia domiciliaria destinada a su madre, que está imposibilitada. El caso de Begoña no es aislado. Llamadas de teléfono que no son atendidas y esperas de más de 15 días -hasta un mes- para poder concertar la primera cita son deficiencias recogidas en un informe interno del área de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona. Ese departamento hizo un chequeo sobre tres centros sociales que han realizado una prueba piloto del nuevo sistema de atención que se está implantando. Según el resultado, en las oficinas de Barceloneta y Marina se atienden menos del 50% de las llamadas que entran, que deberían ser el primer contacto con los centros sociales para pedir una cita. El problema del teléfono, no obstante, no es exclusivo de esas oficinas, ya que se repite en muchas otras.

Ciutat Vella, Nou Barris y Sant Martí, distritos con más demanda

"Me han dicho que no cogen el teléfono porque no podrían atender a las personas que esperan", añade Begoña mientras espera su turno. El pasado martes a las 16.30 horas, unas 15 personas aguardaban ser atendidas en el centro del Poblenou. Muchos no tenían cita e iban a concertarla, previa exposición de su caso a la única trabajadora que atendía a los usuarios en la mesa de la recepción.

Según el informe municipal, en los dos centros chequeados la espera para la primera cita es de más de 15 días en el 75% de los casos. A veces es más larga, lo que motiva que la persona que necesita la ayuda acabe desistiendo porque ya ha buscado otra solución. El tiempo para la segunda entrevista -que suele ser de seguimiento y control- puede ser de más de 30 días. Ése es el plazo que le dieron el martes a un ciudadano rumano, Florian, que solicitó ayuda económica.A veces, esa primera cita no resuelve nada y se remite al usuario a otras oficinas. Eso le ocurrió a Shabir, un paquistaní afincado en España desde 2000. Los problemas le llegaron con la crisis. Perdió el empleo y, tras el subsidio de paro, ahora cobra 420 euros como renta mínima. "Pero el alquiler es de 800 euros y no llegamos", dice en un correcto castellano. Así las cosas, pidió una cita hace un mes y medio, y el martes pasado salió de las oficinas del centro del Poblenou con una dirección anotada. "Me han dicho que tengo que ir a otra oficina para pedir una ayuda para el alquiler", explicaba con la decepción dibujada en su rostro. A las seis de la tarde ya no quedaba nadie en la sala de espera del centro del Poblenou. En el del Turó de la Peira, pese a que la web municipal señala que el horario es hasta las ocho de la tarde los martes y jueves, el martes a las 19.15 ya estaba cerrado. No todo el panorama es igual. María, usuaria del centro de servicios sociales de Sant Antoni, sostiene que tuvo la asistencia social que necesitaba para atender a su cuñado -imposibilitado por una hemiplejia- de un día para otro: "Todo ha ido como una seda, vienen dos veces al día".

Antonio Lorite (UGT), presidente del comité de empresa del Ayuntamiento de Barcelona, afirma que la mayoría de los centros sociales -hay 34 y se incrementarán hasta 41- y sus trabajadores están desbordados: "Hay listas de espera de hasta 40 días por una plaza de comedor social". Los mayores problemas se dan, de acuerdo con la información que llega a ese sindicato, en los centros de Ciutat Vella y Nou Barris, Sants-Montjuïc y Sant Martí. Son los distritos con una mayor concentración de inmigración, un sector de la población en el que hay más usuarios de los servicios sociales porque también es uno de los más perjudicados por la crisis económica. En el centro de servicios sociales de la plaza del Pedró, en el barrio del Raval, por ejemplo, la mayor parte de las personas que entraron en dos horas el miércoles por la mañana de la semana pasada eran inmigrantes. Al salir explicaban que tramitaban ayudas de alimentos o económicas, para afrontar el alquiler o el pago de recibos de suministros.

UGT sostiene, además, que el año pasado algunos centros sociales denegaron asistencia por falta de recursos, hasta que recibieron más fondos. Esa misma crítica hace el personal de la oficina de la Síndica de Greuges de la ciudad tras constatar que en 2009 hubo problemas de dotaciones presupuestarias en algunos centros. El departamento de Acción Social del Consistorio niega que se hayan rechazado peticiones de servicios básicos -como ayuda alimentaria- por falta de recursos en 2009, año en el que el incremento de la demanda osciló entre el 20% y el 27%, según diferentes cálculos. Sí admite, en cambio, que las necesidades que hay en cada barrio pueden llegar a desplazar otros servicios que no se consideran tan prioritarios. Eso provoca, en la práctica, diferencias entre distritos. Es el caso de una mujer inmigrante con un hijo pequeño que vivía en una habitación realquilada en un piso. Durante un tiempo tuvo la ayuda de una trabajadora social durante dos horas, dentro de un programa de atención a familias en riesgo de exclusión. Al cambiarse de domicilio -en un distrito diferente- y volver a solicitar la misma ayuda, tuvo un no como respuesta.

La discrecionalidad de algunas ayudas es admitida por trabajadoras que atienden cada día las peticiones. "Cada caso es diferente y hay que valorar muchas cosas, entre ellas el contexto familiar y social", argumenta una trabajadora social. "Lo que hace falta es clarificar las prestaciones sociales que hay y los baremos. Llevamos tiempo reclamando un catálogo de los servicios sociales", apunta Lorite. Mayte Fandos, edil de CiU, ha pedido reiteradamente que se clarifiquen los criterios de las ayudas y las condiciones: "Da la sensación de que todo depende de criterios discrecionales".