El Síndic de Greuges denuncia la disminución de servicios sociales durante el 2009 en Cataluña

Rafael Ribó, Síndic de Greuges, ha presentado hoy su informe anual ante el Parlament. Y la conclusión es clara: en tiempo de crisis, ha habido una disminución de servicios sociales. Por primera vez, las quejas que el defensor del pueblo catalán ha recibido sobre vivienda y servicios sociales han superado a las tramitadas por procedimientos de la administración pública, habitualmente situadas en el número 1 del ranking de greuges de los catalanes. "Las restricciones presupuestarias están afectando a servicios y prestaciones en ámbitos especialmente sensibles", ha lamentado Ribó, quien ha opinado: "cerrar el grifo del dinero público no debe afectar al núcleo duro de las medidas contra la exclusión social y en pro de la igualdad de oportunidades".

El Síndic ha remarcado cuatro puntos en los que la disminución de fondos ha repercutido especialmente en la prestación del servicio, a tenor de las quejas que ha recibido la reducción de profesores y programas de innovación en las escuelas; la supresión de ayudas de atención social a personas con discapacidad; las pocas subvenciones a famílias acojedoras para la infancia en riesgo de exclusión social; y la falta de presupuesto para atender las demandas de ayuda al pago del alquiler.

Ribó también ha denunciado otros casos, aunque no los vincula a recortes presupuestarios: los retrasos "desmedidos" en la aplicación de la Ley de la Dependencia y los requisitos que piden los Ayuntamientos para la inscripción en el padrón municipal. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Tortosa utiliza el padrón, para el que pide una cédula de habitabilidad, como método para detectar casos de sobreocupación, a raíz de una queja ciudadana. Este año, tras el caso de Vic, que planteó restringir el padrón a inmigrantes sin papeles, el Síndic está estudiando a fondo los requisitos para empadronarse en los municipios catalanes.

Una denuncia particular ha despertado la atención de Ribó: la de una aspirante a maestra embarazada que no pudo asistir a las pruebas de admisión para dar a luz y no le dieron la oportunidad de aplazar su exámen. Ribó ha considerado que se trata de un caso "flagrante de discriminación por maternidad".

En 2009, el Síndic ha realizado 24.690 actuaciones, de las cuales 5.941 quejas, la mayoría relacionadas con temas de urbanismo y vivienda (1.068 quejas) y servicios sociales (1.019 quejas). Las resoluciones del Síndic son escuchadas: en el 77% de los casos, las administraciones aceptan sin rechistar el veredicto de Ribó; en el 11,51% se acepta parcialmente, y en el 10,81% no se acepta.