Universidad y economía sostenible

El primer Consejo de Ministros de 2010 acaba de acordar la remisión del anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible al Consejo de Estado y otros órganos consultivos como la Comisión Nacional de la Competencia, el Consejo Económico y Social, la Comisión del Mercado de Valores, el Banco de España o el Consejo General del Poder Judicial. Pero tan importante como el dictamen de cada uno de estos organismos sería el que elevase el Consejo de Coordinación Universitaria. Porque después de leído este extenso anteproyecto, e independientemente de la suerte parlamentaria que le espera, podemos adelantar ya que probablemente después de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983 ningún otro texto legal podría tener mayor influencia que éste en el desarrollo futuro de nuestras universidades.

Por fin los poderes se toman en serio la relación entre ciencia y cambio de modelo productivo

En su título preliminar se define la economía sostenible como aquella que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales. Y entre los ocho principios fundamentales que enumera para regir la acción de los poderes públicos, se menciona expresamente el fomento de la capacidad innovadora de las empresas, pero también la extensión y mejora de la calidad de la educación y el impulso de la formación continua.

En este sentido, varios capítulos del segundo de los tres títulos de la Ley, dedicado a la competitividad, tratan expresamente de la Universidad, la investigación y la transferencia de resultados de la actividad investigadora. ¡Aleluya!: por fin nuestros poderes ejecutivo y legislativo, tras tanta palabrería previa al "fuese y no hubo nada", parecen tomar en serio la relación entre la ciencia y la investigación y el cambio del modelo productivo. Sería una triste paradoja que en la Sociedad del Conocimiento hacia la que nos encaminamos, las universidades, que son auténticas "factorías de conocimiento", quedasen al margen, ensimismadas, sin transmitirlo a la sociedad para enriquecerla (no sólo materialmente). Pero tampoco olvida este anteproyecto otro capítulo dedicado a la enseñanza superior integrada y la movilidad entre la formación profesional superior y la universitaria.

A estas alturas del partido, nadie es tan ingenuo como para pensar que una mera Ley, por extensa y ambiciosa que nos parezca, vaya a ser capaz de transformar la realidad precaria en jauja. Del dicho al hecho va mucho trecho, y todos, por caso, recordamos que la LRU establecía hace la friolera de veintisiete años que las universidades deberían "disponer de recursos suficientes para el desempeño de las funciones que se les hayan atribuido", cuando la verdad es que hoy están como quien dice a la luna de Valencia.

Dichas funciones, según el resumen ejecutivo el documento Estrategia Universidad 2015 del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se cifran en tres: formación, investigación y transferencia de conocimiento y tecnología, a las que no debe dejar de añadirse la clásica misión universitaria de la creación y transmisión de la cultura. Pues bien: lo que en la LRU era el tímido pero decisivo avance concretado en el famoso artículo 11, por el que se autorizaba a los departamentos e institutos universitarios para contratar con entidades públicas o privadas la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, encuentra ahora en este nuevo anteproyecto de Ley su cabal desarrollo como uno de los pilares de la economía sostenible que se propugna.

Si esta nueva Ley en ciernes está llamada a construir un futuro que todos desearíamos que no se quedase en papel mojado, obligado es reconocer también que responde a experiencias previas realizadas en algunas universidades. Entre ellas, la Universidad de Santiago se distinguió, desde hace ya tres lustros, por desarrollar un entramado institucional al servicio de una transferencia de conocimiento para una economía sostenible a base de su Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología (CITT), su sociedad gestora de intereses Unixest, su incubadora de empresas Uninova, su plan de emprendimiento Uniemprende y su Sociedad de Capital Riesgo Unirisco.