El patrimonio que declaran a la Cámara los diputados es confidencial

¿Puede una empresa controlar los gastos en dietas de sus empleados? La respuesta en el ámbito privado sería un sí rotundo, pero en el público no tanto. La polémica sobre el cobro de estas indemnizaciones por parte de los diputados, que ha llevado al Parlamento a anunciar que revisará el sistema, ha revelado una práctica común en el hemiciclo: recibir el abono de kilometrajes por acudir a O Hórreo y compartir coche para ahorrar.

La denuncia socialista contra el portavoz del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, ha abierto una polémica cíclica. El diputado reconoce haber compartido vehículo con José Manuel Baltar Blanco, vicepresidente de la Cámara, para viajar a Ourense durante ésta y la pasada legislatura. "Vine alguna vez con él [Baltar Blanco] y algún otro diputado ha venido conmigo", relata antes de recordar que reciben el ingreso de esas dietas de forma automática.

El caso de Miranda revela una práctica habitual entre los diputados, que comparten vehículo o se instalan cerca de Santiago por comodidad. El cambio de domicilio debería ser comunicado a la Comisión del Estatuto del Diputado para no recibir el pago de un trayecto que no han realizado, ya que las dietas se calculan en función del domicilio habitual.

Los diputados están obligados a informar también de su patrimonio personal y sus posibles intereses empresariales al jurar el cargo, así como de las modificaciones que sufren durante la legislatura. Pero desde 1994 los bienes y empresas de los diputados son información confidencial, que comunican al Parlamento en un sobre cerrado. La Comisión del Estatuto del Diputado es el único lugar en que se abrirá ese sobre y el reglamento del Parlamento permite acceder al registro sólo a quien alegue "interés legítimo". La decisión final para revelar esos datos recae en la Presidencia de la Cámara.

De esta forma, si un diputado decide instalarse en Santiago pero no notifica el cambio, seguiría percibiendo el pago de la indemnización por desplazamiento (0,27 euros por kilómetro). En caso de haber declarado que reside en Burela (Lugo) podría recibir unos 30.000 euros durante una legislatura. Si el domicio es Verín (Ourense), la cantidad puede superar los 60.000 euros. "La mitad de un piso", dice un diputado socialista, que considera un "escándalo" las prácticas de algunos compañeros de hemiciclo.

Los diputados sólo revelan si han renunciado al cobro del kilometraje por voluntad propia, pues el Parlamento se niega a facilitar incluso la cifra de diputados que han tomado esa decisión. Sus servicios jurídicos alegan que vulnerarían la ley de protección de datos.