Más control para la reactivación laboral

Evitar una sociedad subsidiada y trabajar para encontrar trabajo. La consejera de Empleo, Gemma Zabaleta, recalcó ayer en la comisión parlamentaria correspondiente que el nuevo servicio Lanbide vigilará más de cerca a los perceptores de ayudas para reactivarlos social y laboralmente lo antes posible. El Servicio Vasco de Empleo realizará un acompañamiento de los perceptores y tramitará las ayudas para agilizar el proceso y liberar a ayuntamientos y diputaciones de la sobrecarga que puede suponer esta gestión.

El compromiso para la reactivación pasa desde hace años por la firma de un convenio de inclusión, una especie de contrato por el que los perceptores se comprometen a hacer lo posible por volver al mercado laboral.

Varios municipios 'probarán' el nuevo Lanbide antes de la transferencia

Los perceptores contactarán con su orientador laboral una vez por semana

El documento obligará a estas personas a "estar disponibles para la activación laboral", explicó Zabaleta. Los convenios entraron en vigor hace una década, pero la consejería redacta unos nuevos, que verán la luz antes de verano y que incidirán en la reactivación. Tras recordar que el 50% del presupuesto del departamento está destinado a las ayudas, la consejera añadió que "el nivel de exigencia en esta materia será alto, puesto que alto es el nivel de protección del sistema". Antes incluso de que el perceptor de la ayuda haya comenzado a recibirla, se firmará el convenio y se concertará una entrevista con el orientador laboral para comenzar la búsqueda de empleo. Cada semana, el orientador realizará un acompañamiento de los perceptores, asesorándolos en su formación, entrevistas de trabajo y otras actividades. "No vamos a retirar la prestación por no encontrar empleo, pero sí por no hacer nada para lograrlo", matizó.

El titular de la ayuda no será el único involucrado: sus familiares desempleados se beneficiarán de la cuantía de la subvención y, por tanto, todas deberán buscar empleo de una forma activa . El departamento comenzará a poner en práctica esta forma de trabajo antes del verano en una selección de entre nueve y doce municipios, coincidiendo con los lugares en los que ya existe una oficina de Lanbide, antes de ampliarlo al resto de Euskadi.

A pesar de que se hará antes de completar la transferencia de las políticas activas de empleo, Zabaleta aclaró que se realizará mediante acuerdos con los ayuntamientos y las diputaciones y respetando la normativa competencial compartida entre las tres principales administraciones.

A día de hoy "hay desigualdades entre municipios, pero en algunas localidades las trabajadoras sociales se han visto engullidas por los trámites para solicitar las ayudas", explica Pedro Sánchez, director de Inclusión Social. Estos se realizarán desde este año en Lanbide, por lo que los trabajadores de los servicios sociales no se verán sobrepasados por el papeleo y se centrarán en las familias solicitantes y en su reintegración social. Para ello, la consejera propuso reformar la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social o incluir este cambio en la futura Ley de Empleo. El hecho de que la tramitación y la búsqueda de trabajo se realice en el mismo espacio tiene importancia para Sánchez porque "subraya que las prestaciones están relacionadas con el empleo".

Zabaleta recordó que está previsto presentar en junio los nuevos decretos de Renta de Garantía de Ingresos y de las Ayudas de Emergencia Social (AES), que sentarán las bases del Plan de Inclusión Activa 2010-2015. Sobre las AES, avanzó que estudiarán el gasto de cada ayuntamiento trimestralmente, para controlar la demanda. 3.000 de las 7.000 plazas que el Gobierno impulsa con el programa +Euskadi09 se adjudicarán antes de fin de marzo.