El Gobierno sabe pero no contesta

Están a punto de cumplirse cinco meses desde que la diputada socialista Rosa Alcalá solicitó al Gobierno de Esperanza Aguirre que le facilitara en soporte digital -"a ser posible"- una copia del contrato firmado con una empresa de protección telemática a víctimas de la violencia machista.

Fue el pasado 19 de septiembre. A día de hoy, la diputada no sólo no ha recibido la copia, sino que está a la espera de que el Ejecutivo regional le diga a qué departamento debe dirigirse para consultar la documentación que solicitó. Es uno de los muchos ejemplos que pone el grupo socialista en la Asamblea para ilustrar la situación que padecen los diputados regionales a la hora de ejercer el control al Gobierno, que forma parte de su labor.

De 90 iniciativas sin respuesta, 15 esperan desde hace 8 meses y 75, más de 90 días

Aunque el Reglamento de la Asamblea establece en su artículo 18.2 que el Consejo de Gobierno cuenta con un plazo de 30 días para "facilitar los datos, informes o documentos solicitados o manifestar las razones fundadas en derecho que lo impidan", en la práctica el plazo puede superar con creces este tope. Por eso, el pasado miércoles los socialistas registraron en el Parlamento regional un escrito de protesta "por entender vulnerados los derechos de los parlamentarios".

La queja se basa en 90 iniciativas de sus diputados, que aún no se han contestado. De ellas, 15 fueron admitidas a trámite el pasado 15 de junio, lo que supone ocho meses de retraso. Hay más: 35 iniciativas están pendientes desde hace más de 100 días y otras 40 han superado ya los tres meses.

El pasado 19 de enero, cuando muchas de estas peticiones de información llevaban ya meses en espera de una respuesta, la Mesa de la Asamblea aceptó la petición del Gobierno de que se aplicara en estos casos el artículo 18.3 del Reglamento. Eso supone que, en lugar de enviar la respuesta por escrito a cada diputado a su despacho en la Asamblea, éstos deben acudir a la consejería a la que dirigían sus peticiones para consultar la documentación, o al almacén donde se guarden los papeles. Es una situación excepcional que se aplica "cuando el volumen o la naturaleza de los datos, informes o documentos solicitados lo determinen". Pero que se solucionaría con digitalizar el papeleo.

"Cuando los diputados contactan con las consejerías respectivas reciben las más peregrinas excusas para concretar el momento de proporcionar la documentación requerida", escribe el grupo socialista en su documento a la Mesa de la Asamblea.

"No puede ser eficaz un trabajo de control al Gobierno, cuando se plantean unos plazos que están fuera de todos los tiempos políticos", lamenta la portavoz socialista, Maru Menéndez, que acusa al Ejecutivo regional de "obstaculizar" a propósito la acción de control de la oposición.

"Se contesta más del 90% de las solicitudes de la oposición", rebate a través de una portavoz la Dirección General de relaciones con la Asamblea, que dirige Inmaculada Sanz. Es el departamento del Ejecutivo regional que se encarga de coordinar la actividad del Gobierno regional en su relación con los diputados. También plantea una queja: "En esta legislatura ha habido ya 3.000 solicitudes de información, el doble que la legislatura pasada", agrega la portavoz, que asegura que existe un "afán de colapsar a los funcionarios con una avalancha de peticiones". Y sugiere que habría una carrera entre los diputados para ver quién hace más preguntas ahora que se acerca el momento de hacer las listas electorales.

El Reglamento de la Asamblea no fija ningún tope para las peticiones que pueden cursar los parlamentarios. Tampoco casa la supuesta carrera electoral cuando muchas de las peticiones datan de hace meses y cuando falta más de un año para las elecciones. Pero de la manera de actuar del Gobierno regional se deduce que hay una disparidad entre éste y la oposición (PSM e IU) en la manera de interpretar las normas de funcionamiento.

Porque, pese a que el Reglamento fija un tope de 30 días para proporcionar la información, la dirección regional toma ese plazo como límite para que la Mesa de la Asamblea dé el visto bueno que le permita acudir a la vía del artículo 18.3 (en la que los diputados acuden a consultar el expediente), en lugar como tope para informar a los diputados.

Como el criterio no es el mismo, el grupo socialista plantea en su escrito que se "regulen método y plazos" para la entrega de documentación. Y quieren que la cuestión se trate mañana en la Mesa de la Asamblea. Aunque sobre todo quieren que les contesten.