No disparen al promotor

Es un hecho que la crisis económica, incluso antes de estallar en toda su dimensión, puso sordina a algunas voces críticas con el urbanismo salvaje que durante años destrozó el territorio de la Comunidad Valenciana. Asustados los hubo que acabaron por convencerse de que habían ido demasiado lejos en sus reproches, precipitando el desplome del sector de la construcción y, en consecuencia, allanando el camino al pavoroso desempleo actual. Otros optaron por el simplismo de identificar a todos los promotores con los empresarios, cuando resulta obvio que ni todos los empresarios son constructores, ni todos éstos, empresarios. Que hubo mucho especulador que se disfrazó de promotor/empresario para ocultar su verdadera identidad.

A estas alturas, sin embargo, ya nadie pone en cuestión que "el ladrillazo" padecido por el territorio fue un exceso. Hasta los propios promotores (que en sus "buenos" tiempos suspiraban por que la costa valenciana llegara hasta las Baleares para así no parar de construir) reconocen que se pasaron. Y los informes de la CEV y de AVE abogan claramente por un desarrollo sostenible de la construcción. Por eso sorprende aún más que de forma intermitente aparezcan críticas a los socialistas porque, con un informe policial como soporte, denunciaron la conexión PP-empresarios-financiación ilegal. Sorprenden por la simpleza de sus argumentos, la deliberada confusión empresarios-promotores o la necedad de que los socialistas son enemigos de la patronal.

La última ocasión en que este argumentario ha vuelto a ser puesto en circulación ha sido con ocasión de unos folletos editados por el PSPV en el que este partido explicaba su posición contraria a la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez de Valencia a través del barrio de El Cabanyal. Una vez más se apartaba el foco de lo que realmente es el objeto del debate: la destrucción del patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad para desviar la atención hacia una cuestión secundaria, pero cierta. Decían los socialistas "su Plan Cabanyal podría beneficiar a empresas vinculadas al caso de corrupción más vergonzoso de la historia de la Comunitat". Un partido que aspira a ser alternativa de gobierno no puede jamás redactar un párrafo como el anterior. Acusar sin nombres y sin razones es propio de organizaciones populistas de escasa raigambre democrática. Las que adujo más tarde el portavoz del grupo parlamentario en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, explicando que se referían a las empresas que ellos denunciaron por su relación con la presunta financiación ilegal del PP que se investiga a raíz del caso Gürtel, no se sostienen. Y todos sabemos cómo se financian los partidos políticos. ¿O no?

La presunción de inocencia no es válida sólo para los políticos. Los empresarios también tienen derecho a ella, promotores incluidos. Las empresas que se citan en la denuncia de los socialistas no se caracterizan por su vocación especuladora precisamente. En los ejemplos de urbanismo salvaje que puso como ejemplo el pasado viernes el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, antes de reunirse con la patronal de la provincia de Valencia no aparece ninguna de las empresas denunciadas en el caso Gürtel. Un partido de gobierno no puede jugar con según qué cosas.

Y un partido que es Gobierno en España no debería condenar a empresas por el hecho de que aparezcan implicadas en unos hechos que aún no se han sustanciado judicialmente. No es de recibo que se las aparte de uniones temporales a la hora de optar a concursos públicos, condenadas sin juicio. Lo más paradójico es que alguna de estas promotoras si reciben encargos de ayuntamientos socialistas, pero el Gobierno de Zapatero las trata como apestadas. No disparen contra el promotor. No, sin motivo.