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Justicia pedirá otro informe jurídico antes de enviar al fiscal el 'caso Margüello'

El Ejecutivo no tiene obligación de consultar a su Comisión Asesora

El Departamento de Justicia va a retrasar el envío del caso Margüello a la fiscalía, que la consejería de Sanidad, que dirige Rafael Bengoa, le reclamó en enero pasado, hasta que la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi emita un informe previo en el que dictamine si ve aconsejable dar ese paso con garantías o no.

El Gobierno quiere contar con ese respaldo jurídico y una buena articulación de su actuación ante la fiscalía. Un informe favorable de dicha Comisión, el máximo órgano asesor de la comunidad autónoma, sin dependencia jerárquica del Gobierno y con competencia para todas las administraciones -salvo las diputaciones-, supondría un factor de peso también para acallar las acusaciones de revanchismo hacia el Ejecutivo anterior, al que también asesoró.

La Comisión Jurídica Asesora mantiene parte de su anterior composición

La petición de un informe a la Comisión no es un trámite obligatorio para el Ejecutivo, que podría haber enviado directamente a la fiscalía las supuestas irregularidades en la concertación de servicios privados por parte de Osakidetza.

Sanidad denunció en verano que las empresas contratadas sin seguir los procedimientos establecidos estaban vinculadas a José Carlos Margüello, ex jefe de Calidad del hospital de Cruces. La información recabada por el departamento también involucra a su ex director territorial en Vizcaya, José Ramón Elorriaga, y está siendo estudiada por la comisión parlamentaria de investigación del caso Margüello, que preside la parlamentaria del PP Laura Garrido, para depurar responsabilidades. Ante las conclusiones que presenta el informe de Sanidad y la gravedad de los indicios, el Gobierno ha decidido someterse voluntariamente al criterio de su máximo órgano asesor.

La Comisión Jurídica Asesora está compuesta por un total de diez letrados, funcionarios de carrera con al menos diez años de servicio en las administraciones públicas o cinco en los cuerpos docentes de la Universidad del País Vasco (UPV). Su configuración actual es la misma que tenía durante los últimos gobiernos de Juan José Ibarretxe, salvo los cargos de presidente y vicepresidente.

Estos últimos cargos los ocupan, de modo automático según la regulación del órgano asesor, los responsables de Régimen Jurídico del Gobierno. A día de hoy, los puestos de presidenta y vicepresidente están ocupados por Amaia Ortiz, secretaria general de Régimen Jurídico, e Ion Gurutz Echave, director de Régimen Jurídico y Control Normativo, respectivamente.

La actuación más conocida de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi fue el dictamen sobre la constitucionalidad de la ley de Consulta del Gobierno de Ibarretxe. El informe dividió a sus miembros en dos bloques e hizo necesario el voto de calidad de su entonces presidente para enviar el proyecto al Parlamento con el visto bueno de la Comisión Asesora.

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