El rechazo de CiU al informe de los expertos hace fracasar la Ley Electoral

Era la oportunidad para regenerar la política y la ocasión para frenar la desafección de la ciudadanía. Tras los escándalos del caso Pretoria y del saqueo del Palau, los políticos se aprestaron a hacer gestos para acercarse a los ciudadanos y decidieron impulsar el proyecto de ley electoral guardado en un cajón desde 2007. El intento ha durado apenas tres meses. Los tres socios del tripartito y Ciutadans acusaron a CiU y, en menor medida, al PP de haber bloqueado la tramitación de esa ley.

Cataluña vive una paradoja: es la comunidad histórica por excelencia y, en cambio, es la única que carece de Ley Electoral propia. "La que ya funciona es razonablemente buena", alegó Josep Maria Pelegrí, portavoz adjunto de Convergència i Unió (CiU), que tuvo que justificar la postura de la federación ante las críticas de PSC, ERC, ICV-EUiA y Ciutadans. En la sesión de ayer y ante el bloqueo que había llegado la ponencia, Anna Simó, portavoz de ERC, propuso que todos los partidos renunciaran a su propio modelo electoral y acataran el informe de los juristas que elaboraron un informe. Todos dijeron que sí menos el PP, partidario de la circunscripción única y no de las veguerías, y CiU. "No vamos a abandonar nunca el territorio", señaló Pelegrí. "No permitiremos que Tarragona Lleida y Girona pierdan peso".

"Con el modelo de CiU, Barcelona perdía siete escaños", dice ICV

Mientras en el Parlament, los partidos se cruzaban reproches, el presidente de la comisión de expertos, el catedrático Josep Colomer, difundió un comunicado demoledor contra todos los partidos. Los políticos centraron su discusión en el reparto de escaños, pero Colomer rebatió esa tesis y aseguró que desde 2007, cuando empezó a trabajar la comisión, el principal obstáculo ha sido la sustitución de las listas cerradas por otra forma de voto que permitiera elegir a candidatos de diferentes formaciones.

"Los partidos están encerrados en sí mismos y los que controlan la organización tienen pánico de que los ciudadanos intervengan en la selección de sus representantes", señaló en un comunicado. La nota, que provocó desconcierto entre los aludidos, acaba con una conclusión categórica. "Se ha perdido no sólo una oportunidad de mejorar la cualidad democrática del sistema político. También se ha demostrado que el Parlamento es incapaz de gobernarse, o sea, de hacer la ley que regule su propia elección. Si no pueden gobernarse ellos mismos, ¿por qué piden más poder de autogobierno?".

Todo apunta a que el proyecto de ley seguirá durmiendo el sueño de los justos por mucho que Ciutadans pel Canvi recordara ayer que la iniciativa legislativa popular (ILP) que presentó solicitando la ley electoral siga su curso. Pero si la ILP prosperara, acabaría de nuevo en otra ponencia en la que volverían a coincidir los mismos diputados incapaces de alcanzar el consenso.

La aprobación de la ley precisaba de las dos terceras partes del hemiciclo y CiU, con su rechazo, se situó en el ojo del huracán. "Lo fácil es culparnos. Fuimos nosotros los que recuperamos la ponencia", dijo Pelegrí, que explicó que con su modelo el PSC ganaba incluso dos escaños. Los expertos partían de dividir Cataluña en siete veguerías, otorgando dos escaños por cada una. CiU pedía tres y la octava veguería del Penedès. El consenso entre cuatro partidos les puso en el disparadero. "Con la fórmula de CiU, Barcelona perdía siete diputados respecto al informe de expertos y era inaceptable", denunció Jaume Bosch, de ICV. "El fracaso ha sido porque CiU y, en menor medida, el PP no han querido el punto de encuentro. Y esto es así y en la China Popular", señaló Simó. "La propuesta de CiU se aleja clamorosamente del resto de grupos", señaló el socialista David Pérez invitando a Artur Mas, presidente de CiU, a reconsiderar su postura. "Hay partidos que quieren que Tarragona, Lleida y Girona pierdan peso", contestó Mas aplazando el asunto a la próxima legislatura.