Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Sanidad ve indicios de prevaricación en su ex director territorial de Vizcaya

El informe del 'caso Margüello' certifica irregularidades en las adjudicaciones

La comisión de investigación del caso Margüello tiene ya en sus manos el informe redactado por la Viceconsejería de Régimen Jurídico del Departamento de Justicia que confirma que existen indicios suficientes para emprender acciones penales contra el ex director territorial de Sanidad de Vizcaya, José Ramón Elorriaga, por un delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas).

El informe certifica que la institución de la que el ex director era responsable no siguió los procedimientos establecidos en 2006 para concertar los servicios con una de las empresas de las que era socio José Carlos Margüello, ex director de Calidad del hospital de Cruces. Los sobrecostes y las supuestas adjudicaciones irregulares de estas empresas fueron hechos públicos por el actual equipo de Sanidad, que encabeza Rafael Bengoa, en verano pasado. A pesar de los indicios, los letrados recomiendan esperar al desarrollo de un expediente de revisión de oficio pendiente de finalizar.

El informe aconseja esperar a los resultados del expediente abierto

"Resulta evidente la ausencia de todo procedimiento" en las concesiones

El estudio, que forma parte del segundo informe enviado ayer por Sanidad al Parlamento, fue finalizado por la viceconsejeria el pasado mes de diciembre. En él se recogen también las conclusiones del informe jurídico realizado por la propia consejería de Sanidad: "Resulta evidente la ausencia de todo procedimiento" en las concesiones de los contratos a la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI, en que participaba Margüello.

La autorización sanitaria de funcionamiento se concedió por una resolución en junio de 2006 sólo "con la presentación incompleta de la documentación".

La unión temporal de esta empresa con la Clínica Indautxu y Rehabilidom, creada para derivar pacientes de Osakidetza, pasó de recibir 212.800 euros por sus servicios a 2,7 millones de euros por el mismo trabajo y sí siguió los procedimientos. Sin embargo, en el primer caso no existe constancia de que se revisara la documentación ni si se llevó a cabo una visita de inspección; "es decir, no se hicieron las comprobaciones oportunas para determinar si la empresa reunía las condiciones necesarias para conseguir esta autorización", apuntan los servicios jurídicos. Los redactores del informe destacan una paradoja: el hecho de que "mientras la empresa dispone de una autorización sanitaria de apertura y funcionamiento, ésta es ignorada por la Administración Pública, pues la empresa en cuestión no figura en la relación de centros, servicios y establecimientos sanitarios con autorización sanitaria".

El informe se muestra tajante en cuanto a los indicios de pevaricación, pero aconseja esperar a que el expediente de revisión de oficio avance para emprender acciones penales contra Elorriaga. Entre las dudas destaca un documento de la dirección que encabezaba Elorriga, aunque sin firma de éste, que "indica las dudas o confusión sobre la necesidad de la autorización sanitaria", ya que la memoria de la empresa indicaba que los trabajos de Gestión de Servicios Sanitarios XXI eran de asesoría y consultoría, no de servicios sanitarios, de los que se encargarían otras personas.

Las irregularidades constatadas en la gestión devuelven al ex responsable de Sanidad en Vizcaya al centro del caso Margüello.

Elorriaga ya fue señalado en las primeras investigaciones como posible responsable de supuestas ilegalidades, aunque el propio Margüello dudó en unas declaraciones en julio pasado que el director las hubiese cometido. Otros dos facultativos que también participaban en estas sociedades (Eduardo Climent y Francisco Javier Zubiaga) quedaron libres de toda sospecha a finales de año. A los directores no se les puede aplicar la Ley de Función Pública ni sus penalizaciones, explica el informe de Justicia. La vía penal supone la inhabilitación de siete a diez años.

En paradero desconocido

Poco o nada se sabe del paradero de las personas que desempeñaban cargos públicos relevanmtes y a los que ahora apuntan las diversas investigaciones de Sanidad. La publicación de las supuestas irregularidades en las adjudicaciones de los servicios de Osakidetza con empresas privadas de atención domiciliaria y rehabilitación ha tenido como consecuencia la discreción de sus protagonistas.

José Carlos Margüello, ex jefe de Calidad de Cruces, quien compaginó su trabajo gestor en el Servicio Vasco de Salud con su participación en varias empresas privadas que se vieron beneficiadas entre 1997 y 2008, está públicamente desaparecido. En el hospital incluso sus antiguos compañeros desconocen su situación.

El ex consejero de Sanidad, Gabriel Inclán, dejó Euskadi para reciclarse en dos hospitales diferentes. En la Universidad Católica de Santiago de Chile pasó dos meses, estancia que interrumpió para acudir a la Diputación Permanente en verano pasado para rendir cuentas sobre el caso. Ahora, trabaja en el hospital Clinic de Barcelona como facultativo de Medicina Interna. José Ramón Elorriaga, ex director territorial de Vizcaya, es médico, ha trabajado como gestor en diversos hospitales y fue relevado de su cargo provincial con el cambio de Gobierno.

Esperando las cuentas

La comisión de investigación del caso Margüello en el Parlamento vasco, que preside la popular Laura Garrido, espera tras la recepción del segundo informe de Sanidad, otro estudio, esta vez del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Hasta la fecha, la comisión ha celebrado varias reuniones de carácter más informal, pero comienza su andadura real este mes, después de que los parlamentarios pidieran retrasar el inicio de las reuniones por la tramitación de los presupuestos.

Tras la parálisis de enero, mes inhábil en la Cámara, y la recepción del segundo estudio de Sanidad, la comisión especificará su calendario y las comparecencias para esclarecer las responsabilidades políticas en las supuestas irregularidades cometidas entre 1997 y 2008. "No tiene sentido hablar de posibles comparecientes cuando esa lista se puede modificar a tenor de las conclusiones de ese segundo informe", apuntó Garrido en diciembre.

La comisión, creada a pesar de los obstáculos interpuestos por el PNV, se encuentra ante otro escollo: la recusación del encargado de la fiscalización de Osakidetza en el Tribunal de Cuentas, José Miguel Bonilla. El PNV critica su relación con la gestora económica de Emergencias, lo que podría retrasar la auditoría de Osakidetza.

El caso destapado

- 1 de julio de 2009. El consejero Bengoa presenta a los medios las presuntas irregularidades de Osakidetza.

- 30 de julio. El actual consejero y el anterior, Gabriel Inclán, comparecen en la Cámara vasca para explicar las adjudicaciones de las empresas concertadas.

- 24 de septiembre. El Parlamento pide una auditoría de Osakidetza al Tribunal de Cuentas sin el apoyo del PNV.

- 30 de octubre. Los grupos piden crear una comisión de investigación, sin el respaldo del PNV

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de febrero de 2010

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >

Más información