Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

Chaves aboga por un "acuerdo dialogado" con la Xunta

Cruce de cartas entre Xunta y Gobierno. El mismo día que el Ejecutivo presentaba el recurso contra la Lei de Caixas en el Tribunal Constitucional, el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, se dirigía a Feijóo para requerirle que ponga "hora y lugar" para iniciar las negociaciones sobre la nueva norma. En la misiva, Chaves manifiesta la voluntad del Gobierno de alcanzar un "acuerdo dialogado". El presidente de la Xunta respondió ayer mismo al vicepresidente para reclamar el inicio del diálogo "cuanto antes, si es posible esta semana".

El acuerdo que propone Chaves permitiría "solventar de forma pactada las discrepancias existentes" y "dar satisfacción a todos los intereses en presencia". El titular de Política Territorial recuerda que su voluntad de diálogo ya se la comunicó a Feijóo "hace unos días, en conversación telefónica". "Puedo adelantarle la voluntad del Gobierno del que formo parte de retirar el recurso de inconstitucionalidad en el mismo momento en que se formalice el acuerdo", señala.

Efecto retroactivo

El Ministerio de Justicia, mientras, formalizó ayer el recurso contra los diez preceptos de la Lei de Caixas sobre los que el Consejo de Estado advirtió indicios de inconstitucionalidad. La impugnación solicita la suspensión de las disposiciones objeto del recurso. De aceptarse a trámite, la suspensión tendría efecto con carácter retroactivo desde ayer, coincidiendo con la elección por el Parlamento de sus representantes en las asambleas de las cajas. El recurso reproduce y abunda en los argumentos del Consejo de Estado.

Los preceptos recurridos son los siguientes: el establecimiento de autorización de la Xunta para medidas en caso de situación de déficit patrimonial; el permiso autonómico a las fusiones frías o SIP; el carácter constitutivo del registro de órganos de gobierno y altos cargos de las cajas; la falta de proporcionalidad con la cifra de depósitos de los representantes de entidades de intereses colectivos; el rechazo a que formen parte del consejo de administración personas ajenas a la asamblea general; la aprobación de fusiones por mayoría simple, no reforzada; que el Parlamento sea la única entidad que pueda tener más de un representante en el consejo de administración; la preceptiva autorización por Facenda de determinados acuerdos de la asamblea; el informe previo para cualquier obra social superior a 500.000 euros, y el sistema de renovación de los órganos de gobierno.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de febrero de 2010