El plazo para impugnar la ley de área única acaba este mes

El Ministerio de Sanidad aún no ha concluido su informe sobre las posibles "incompatibilidades" que, según anunció ayer la ministra, Trinidad Jiménez, podría presentar la Ley de Libre Elección y de Área Única con otra norma de rango superior, la Ley General de Sanidad. Si se confirman, sería el Ministerio de Administración Territorial el que impugnaría la ley autonómica presentando un recurso de inconstitucionalidad. El plazo acaba a finales de febrero, pues es cuando se cumplen tres meses de su publicación.

Los reparos del ministerio se centran en la creación de un área única sanitaria -actualmente son 11- para los más de seis millones de habitantes de la región. La Ley General de Sanidad, que pese a las transferencias sigue siendo el marco que obliga a todas las comunidades, establece que las áreas de salud se delimitan teniendo en cuenta factores geográficos, socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, climatológicos y de vías de acceso a las instalaciones. El artículo 56 asegura que el área de salud "extenderá su acción a una población no inferior a 200.000 ni superior a 250.000 habitantes", con las excepciones de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

El ministerio ya avisó

Jiménez aseguró ayer que el área única "dificultaría la propia gestión, organización y funcionamiento de los servicios sanitarios". Algo de lo que llevan meses alertando los partidos de la oposición, las sociedades científicas y los sindicatos. CC OO y UGT se reunieron ayer con la ministra para reiterarle su preocupación y ella, que hasta ahora no se había pronunciado, anunció que su servicio jurídico estudia la norma hace tiempo. De hecho, el ministerio advirtió al Gobierno regional ya durante la tramitación de que el texto podría contener elementos de ilegalidad.

El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, aseguró ayer en declaraciones a la cadena SER que no le preocupa una eventual impugnación porque el ministerio no tiene "razones jurídicas". La viceconsejera, Ana Sánchez, insistió en la idea de que la norma "no vulnera para nada la ley general" y añadió que hay comunidades, como Andalucía, que aprobaron ocho áreas de salud, una por provincia, en los años ochenta. "Y nadie lo ha recurrido", afirmó. Los líderes de UGT y CC OO en Madrid, José Ricardo Martínez y Javier López, respectivamente, insistieron ayer en la "ilegalidad" de la norma regional.