Recuperar la credibilidad
España se enfrenta estos días a una crisis de credibilidad. Los mercados, ni se creen que tengamos la capacidad para tomar dolorosas decisiones de ajuste, ni se creen los números del Gobierno o de las entidades financieras. Recuperar la credibilidad perdida es fundamental y requiere tres cosas: un diagnóstico adecuado, medidas para enderezar la situación y voluntad para llevarlas a cabo.
El diagnóstico de la crisis desde los medios oficiales partía de que ésta era un problema importado: España tenía una economía sólida, con bancos saneados y aseadas finanzas públicas. La solución propuesta eran políticas de demanda transitorias para "capear el temporal." Tanto el diagnóstico como la solución son erróneos. Es cierto que la crisis es global pero la gravedad de la misma depende de la situación de cada país y España sufre problemas propios que la crisis financiera mundial no ha hecho sino revelar y agudizar.
La burbuja inmobiliaria enmascaró durante mucho tiempo las deficiencias estructurales
Los mercados financieros siempre miran hacia delante y ahí es donde España falla
Nuestro crecimiento durante los últimos años tiene como origen el incremento de la población activa como porcentaje de la población total. Este modelo de crecimiento, siempre limitado por definición, ha tocado techo con la ruptura de la burbuja inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria enmascaró durante mucho tiempo las deficiencias estructurales de nuestra economía; su ruptura ha destruido un porcentaje insólito de la riqueza de las familias, fuertemente apalancadas, y esta destrucción de riqueza va a continuar: hay 1,5 millones de casas sin vender y su valor debe caer aún mucho y con ello el de las garantías de los préstamos bancarios. Y lo que parecían unas finanzas públicas sólidas no eran sino el espejismo de unas recaudaciones insostenibles causadas por el boom inmobiliario.
Dado este diagnóstico, ¿qué medidas nos sacarán de la crisis? La clave es volver a crecer para satisfacer las obligaciones adquiridas y para crear empleo. Y esto requiere reformas estructurales en profundidad. Pero antes de que esto suceda es necesario, primero, asegurar a los mercados que el país es gobernable y que va a cumplir sus obligaciones. Las propuestas del Gobierno de reforma de las pensiones van en la dirección correcta, ya que permiten recortar las obligaciones financieras a largo plazo sin agudizar la recesión. Y segundo, incrementar la transparencia del sistema financiero de forma que sea posible establecer qué bancos y qué cajas tienen en su balance los 325.000 millones de euros de crédito promotor. Sin transparencia, las culpas de unos manchan a todos. Estos dos pasos son urgentes y se pueden lograr de inmediato.
El siguiente paso es poner a la economía en una nueva senda de crecimiento basada en incrementos de la productividad. Esto pasa por reformas educativas que reduzcan el fracaso escolar y creen instituciones de excelencia mundial. Esto pasa por eliminar la nociva dualidad entre trabajadores permanentes y temporales que destruye cualquier incentivo para la formación laboral. Esto pasa por eliminar trabas administrativas para la creación de empresas y asegurar la unidad de mercado, por reforzar la solvencia en el largo plazo de la Seguridad Social y por tener un sistema tributario que prime el trabajo y el ahorro.
Todas estas medidas se tienen que poner en práctica con firmeza y vigor. Los mercados financieros siempre miran hacia delante y ahí es donde España falla. Los mercados ven un Gobierno atenazado por la gravedad de los problemas y que no entiende la crisis. La continuas y desafortunadas declaraciones de que ahora ya se ven brotes verdes aquí o allá no hacen sino contribuir a la sensación de que el Gobierno espera que la crisis abata sin sacrificio alguno más allá de parches parciales, caros e inefectivos, como la Ley de Economía Sostenible o el Plan E. Medidas claves como la reforma del sistema de pensiones se plantean de forma frívola, dependiendo de los últimos titulares negativos en la prensa, para luego apresuradamente modificarlas según la reacción de los sindicatos. A un problema económico se le añade uno político aún más grave de falta de capacidad de respuesta no sólo de nuestra clase política sino de la sociedad española en general, que no parece reaccionar ante la brutal destrucción de empleo y pérdida de riqueza que ha sufrido.
España sufre una economía maniatada que agradecerá con alegría las reformas que hagamos. Además, éstas se reflejarían, inmediatamente, en una mejora sustancial de la prima de riesgo soberano, relajando la presión sobre nuestra deuda y mercados financieros en general. Y con esta renovada capacidad de endeudamiento podremos financiar el proceso de reformas y mejorar la asistencia social a los afectados más negativamente por dichas reformas. Pero lo único que no puede hacerse es negar la crisis, tomar medidas más pensando en su efecto sobre los titulares de periódicos que sobre la necesidad de las mismas y, sobre todo, negarse a gobernar en el sentido profundo de la palabra. El tiempo para reaccionar se está acabando.
Jesús Fernández-Villaverde es profesor en la Universidad de Pennsylvania; Luis Garicano es profesor en la London School of Economics y Tano Santos es profesor en la Universidad de Columbia. Los tres son investigadores de FEDEA.
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