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Reportaje:vida&artes

Derechos de autor, que no derecho al monopolio

Las acusaciones a las sociedades gestoras y la ley contra las descargas reabren la polémica sobre los límites de la propiedad intelectual - La recaudación y reparto de los fondos, bajo sospecha

Si alguien quiere explotar una finca, por ejemplo, de la duquesa de Alba, debe pagar un alquiler. El arrendatario no cuestiona cómo obtuvo la duquesa esos terrenos, cuántas veces los alquiló antes, y si es justo o no que los disfrute 500 años después de que Enrique IV de Castilla se los otorgara a sus antepasados. Paga y se acabó. Se llama derecho de propiedad y tiene casi la misma antigüedad que la civilización.

Si alguien desea utilizar una canción, por ejemplo, de Serrat, para un spot publicitario o un programa de radio también debe pagar un alquiler, al menos en teoría. Y es que en este caso, sí hay muchos que se preguntan si es lícito que el cantante cobre por su obra cada vez que se emita, o si sus herederos tienen derecho a seguir haciéndolo una vez que fallezca. Se llaman derechos de autor y, aunque apenas existen desde hace 300 años, son permanentemente cuestionados.

Las licencias suman al año 500 millones, menos que el canon de TVE

Una gestora tuvo en exclusiva hasta 1987 todos los repertorios

Desde DAMA, se defiende el cobro sólo por el uso efectivo de la obra

Kiko Veneno: "La gente percibe a la SGAE como a un banco"

Además de su propia existencia, se discute su cuantía y su forma de ser recaudados y repartidos por las sociedades de gestión de derechos. El debate a propósito de legislación contra las webs de descargas de Internet no autorizadas que prepara el Gobierno y un reciente informe de la Comisión Nacional de Competencia (CNC), que acusa a las sociedades de gestión de ser un monopolio poco transparente, no han hecho sino poner al descubierto, una vez más, las posturas irreconciliables (cuando no odio declarado) entre detractores y partidarios de los derechos de autor.

Lo encarnizado del debate resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta que los derechos de autor sólo mueven en España alrededor de 500 millones de euros al año, menos que el canon que deben pagar las televisiones privadas y las operadoras de telefonía e Internet para financiar la ausencia de publicidad de TVE.

Ante el revuelo, desde todas las instancias se vuelve a pedir una reforma urgente de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), de 1987, aunque en muy diferentes sentidos. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tiene ya su reforma en marcha: ha incluido en la Ley de Economía Sostenible una modificación parcial de la LPI para elevar la defensa de la propiedad intelectual a la categoría de derecho fundamental, y la creación de un procedimiento de urgencia que permita cerrar webs de descargas de archivos sujetos a derechos de autor como películas, canciones o videojuegos.

Gran parte de la oposición -todos menos CiU y PP- piden la retirada de esa disposición y que el Parlamento, a través de la subcomisión creada hace un año, proponga una reforma completa de la LPI, que aborde otros aspectos como el papel de las sociedades de gestión. Una reforma completa que también exige Competencia, el organismo dependiente de Economía, que aboga por una liberalización de este mercado, ahora en manos de ocho sociedades de gestión, y que cualquiera pueda montar una gestora de derechos, sin necesidad de contar con la autorización administrativa del Ministerio de Cultura.

Las asociaciones de Internet, parte de la comunidad internauta más activista y los abogados de los que explotan páginas de descargas se suman a esa petición de liberalización, aunque su principal caballo de batalla es la eliminación de la disposición final de la LES. Argumentan que el derecho de propiedad intelectual no puede justificar en ningún caso la conculcación de otros derechos, como el de expresión. Algunos van más allá y apuestan por prescindir del copyright y buscar otras fórmulas como el copyleft, que permite la libre (y gratuita) distribución de obras con permiso del autor, con la consiguiente desaparición de las sociedades de gestión.

En España, estas sociedades sin ánimo de lucro son las únicas que pueden recaudar los derechos de autor. Sin embargo, no todas utilizan los mismos criterios. La SGAE, la más grande y que hasta 1987 tuvo el monopolio absoluto de los derechos, recauda los derechos de televisiones, radios, discotecas, salones, y, en general, de cualquiera que reproduce la obra de sus asociados. Después de deducir los costes de administración, que representan una media del 15,6%, la SGAE abona los derechos a sus socios. Para asignarles las cantidades según la utilización de sus obras, utiliza dos métodos: el 80% se realiza a través de un programa informático que procesa los programas de los grandes usuarios (televisiones, radios, cine espectáculos, venta de discos); el 15% se reparten mediante sondeos efectuados por una empresa especializada; y el 5% restante se reparte por analogía con alguno de los procedimientos anteriores.

Paloma Llaneza, abogada experta en propiedad intelectual, entiende que con esta fórmula internamente el peso de las distribuidoras o editores con derecho de voto es muy superior al de los autores independientes, lo que determina que los acuerdos y normas internas de reparto sean decididos por aquéllos. "Es un sistema muy poco pensado para un entorno como el de Internet en el que se comparte y se difunde en tiempo real desde la mesa camilla de tu casa. La existencia de sistemas de gestión digital de los derechos (DRM) haría posible la entrada de nuevos actores que permitirían una gestión online de derechos barata y sencilla".

Las sociedades de gestión se sienten amenazadas. Atribuyen el informe del CNC a "intereses ocultos" y recuerdan que un informe encargado por el Ministerio de Administraciones Públicas en 2008 dejaba claro que la gestión colectiva era el mejor de los sistemas posibles. Manuel Medina, el presidente de la recién constituida Ibercrea, que agrupa a cuatro sociedades de gestión -AGEDI, AIE, CEDRO y SGAE- señala que se trata en todo caso de un "monopolio impropio", es decir, sólo este tipo de entidades pueden gestionar colectivamente estos derechos de propiedad intelectual, pero no existe númerus clausus, puesto que Cultura puede autorizar nuevas entidades y la asociación a las mismas no es obligatoria.

"Es obvio que hay intereses en que la gestión colectiva desaparezca porque, al no tener éstas ánimo de lucro ocupan un espacio que otros desearían copar pero con ánimo de ganancia. Por otra parte, las sociedades asumen la responsabilidad de recaudar, conforme a determinados criterios, el importe de los derechos de sus socios y eso constituye un coste que algunos negocios desean disminuir y, si fuese posible, eliminar. La creación de un clima hostil hacia la recaudación de derechos está alentada por esos intereses y se alimenta de forma muy demagógica", asegura Medina.

La SGAE, la principal sociedad ya que gestiona más del 70% de los derechos de autor en España, está en entredicho permanentemente. Su particular cruzada por el cobro de derechos en cualquier ámbito (bodas, fiestas populares, peluquerías, etcétera), aunque amparada por la LPI, y sus inversiones para crear una red de teatros le han creado una imagen de recaudador voraz y le han hecho blanco favorito de las críticas de internautas, hasta la obsesión.

En los ataques furibundos a la SGAE, coinciden insólitamente personajes muy distantes desde el punto de vista ideológico como el locutor Federico Jiménez lo Santos o el ex presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, por poner un ejemplo. Frente a esos detractores, la SGAE cuenta con defensores a ultranza, algunos con tan mala prensa como los cantantes Ramoncín o Víctor Manuel, y otros que parecen contar con el favor internauta como el showman Gran Wyoming, entre otros muchos.

Pese a la creación de Ibercrea, lo cierto es que no existe unidad entre las sociedades de gestión. Algunas como DAMA, de directores y guionistas audiovisuales, defienden otra forma de gestión. Esta sociedad, que estuvo pleiteando durante cinco años con SGAE con quien compite, sólo cobra por el uso efectivo de las obras, todo el dinero que recauda va íntegramente a los socios (no hace inversiones en otras actividades) y los votos de todos ellos valen lo mismo (no existe voto ponderado como en la SGAE).

Enrique Urbizu, presidente de DAMA, piensa que la gestión debe seguir siendo colectiva, pero que las entidades no deben tener limitaciones en un determinado ámbito de los derechos (directores, guionistas, artistas, músicos, etc.), sino que puedan gestionar cualquier derecho de propiedad intelectual, sin especializaciones, lo que salvaría el problema del monopolio del que habla CNC. Al margen de las diferencias, Urbizu sí cree que detrás de esa presión por la gratuidad de los derechos de autor, hay determinados "grupos económicos".

La rebelión contra la SGAE se hace a veces desde el interior. Como el cantante Kiko Veneno, fundador de la Plataforma de Autoeditores (PAE). "La gente percibe hoy a la SGAE como un banco, y es muy difícil ocultar que se defienden antiguos privilegios, los privilegios hay que democratizarlos y tienen que fluir el aire y las explicaciones. Lo principal, lo gordo, todos necesitamos la música. Mucha de la lucha de la derecha es contra la cultura, a secas. No sé si estamos a tiempo de crear alternativas, en un mundo que acelera hacia el monopolio. Sin la SGAE estaríamos jodidos", indica en su blog.

La teoría del plagio permanente

Más allá de reformas legales, el debate sigue siendo si los autores tienen derecho o no a percibir una retribución por dejar reproducir sus obras, o si deben buscarse otras fuentes de financiación. La última aportación al mismo ha sido la trifulca mantenida por el ex presidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra y el escritor Antonio Muñoz Molina, en este mismo diario. Haciendo uso de una parábola sobre la compra de unas naranjas, el político extremeño pone en duda que se pueda hablar de propiedad intelectual puesto que toda obra se apoya en creaciones anteriores y no es completamente original. Cuando alguien compone una melodía del tipo que sea, ¿no está influido por todo lo que ha escuchado, leído y visto a lo largo de su vida? ¿Es que la creación cultural no es acaso la forma recurrente que tenemos de hacer las cosas? ¿Alguien puede decir que lo que ha creado no es el producto de sus influencias? Una película de cine, ¿no es la consecuencia de las miles de películas de cine que se han creado a lo largo de la historia? ¿De qué propiedad intelectual nos están hablando los que hablan de esa forma?

Siguiendo esta original teoría del plagio permanente podría colegirse que los políticos no deberían tampoco ser retribuidos por legislar puesto que todas las leyes se apoyan en otras anteriores, hasta remontarse al código de Hammurabi. Muñoz Molina va más lejos. Al escritor también le gustaría ser tan selectivo en sus gastos ciudadanos como el señor Rodríguez Ibarra en sus compras de fruta o de canciones. Me gustaría no pagar con mis impuestos, indiscriminadamente, a toda la innumerable casta de los políticos españoles, retirados y en activo, sino tan sólo a aquellos que me parecen honrados, o que no practican la más barata demagogia.

En la contrarréplica, el presidente extremeño apostaba por un modelo de subvenciones desde el Estado al estilo de lo que se hace en la producción cinematográfica sin que nadie se haya rasgado las vestiduras. Muchos autores denuncian precisamente este modelo de cultura subvencionada al servicio del poder político de turno, al que tanto el PSOE, con los llamados artistas de la ceja, como el PP, financiando producciones ruinosas de sus afines como la última película de José Luis Garci, recurren cada vez más a menudo.

El escritor Javier Marías, en su artículo Los robos presentes, denunciaba precisamente este peligro del arte al servicio del poder. Tal vez la única solución sea que los Estados asuman su irresponsabilidad y acaben por financiarlas (...). Pero, ¿qué clase de cultura será la que dependa de los políticos? Ellos decidirán quiénes la hacen y quiénes no, y también sus contenidos, más pronto o más tarde. Un modelo soviético, o en el mejor de los casos mexicano. Un modelo dirigido, burocrático, politizado, funcionarial, en el que se premiará a los dóciles y a los amigos del Gobierno de turno, los únicos facultados para escribir libros y hacer cine o televisión.

Pese a las quejas, lo cierto es que muchas veces la defensa de los derechos de autor no equivalen a la defensa del autor, sino de las grandes corporaciones editoriales y audiovisuales que comercian con ellos desde una posición dominante. El caso más flagrante es el de los Beatles. Cada vez que suena una canción del cuarteto de Liverpool, ninguno de sus miembros cobra un céntimo, sino Sony y Michael Jackson (ahora sus herederos), que los adquirieron a Nothern Songs, que los había conseguido por un precio ridículo al inicio de la carrera de los Beatles.

El debate es antiguo. El dilema del artista que debe entregarse al favor de un mecenas para sobrevivir o conformarse con la fama, y buscarse otro medio de vida, se remonta a siglos atrás. Ya Cervantes en El Quijote recoge la queja de un escritor, su alter ego, por la baja retribución de su obra. Pues ¿qué? dijo el autor ¿quiere vuesa merced que se lo dé a un librero, que me dé por el privilegio tres maravedís, y aun piensa que me hace merced en dármelos? Yo no imprimo mis libros para alcanzar fama en el mundo; que ya en él soy conocido por mis obras; provecho quiero; que sin él no vale un cuatrín la buena fama (II, Cap. LXII).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 5 de febrero de 2010

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