Derechos de autor, que no derecho al monopolio

Si alguien quiere explotar una finca, por ejemplo, de la duquesa de Alba, debe pagar un alquiler. El arrendatario no cuestiona cómo obtuvo la duquesa esos terrenos, cuántas veces los alquiló antes, y si es justo o no que los disfrute 500 años después de que Enrique IV de Castilla se los otorgara a sus antepasados. Paga y se acabó. Se llama derecho de propiedad y tiene casi la misma antigüedad que la civilización.

Si alguien desea utilizar una canción, por ejemplo, de Serrat, para un spot publicitario o un programa de radio también debe pagar un alquiler, al menos en teoría. Y es que en este caso, sí hay muchos que se preguntan si es lícito que el cantante cobre por su obra cada vez que se emita, o si sus herederos tienen derecho a seguir haciéndolo una vez que fallezca. Se llaman derechos de autor y, aunque apenas existen desde hace 300 años, son permanentemente cuestionados.

Las licencias suman al año 500 millones, menos que el canon de TVE

Una gestora tuvo en exclusiva hasta 1987 todos los repertorios

Desde DAMA, se defiende el cobro sólo por el uso efectivo de la obra

Kiko Veneno: "La gente percibe a la SGAE como a un banco"

Además de su propia existencia, se discute su cuantía y su forma de ser recaudados y repartidos por las sociedades de gestión de derechos. El debate a propósito de legislación contra las webs de descargas de Internet no autorizadas que prepara el Gobierno y un reciente informe de la Comisión Nacional de Competencia (CNC), que acusa a las sociedades de gestión de ser un monopolio poco transparente, no han hecho sino poner al descubierto, una vez más, las posturas irreconciliables (cuando no odio declarado) entre detractores y partidarios de los derechos de autor.

Lo encarnizado del debate resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta que los derechos de autor sólo mueven en España alrededor de 500 millones de euros al año, menos que el canon que deben pagar las televisiones privadas y las operadoras de telefonía e Internet para financiar la ausencia de publicidad de TVE.

Ante el revuelo, desde todas las instancias se vuelve a pedir una reforma urgente de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), de 1987, aunque en muy diferentes sentidos. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tiene ya su reforma en marcha: ha incluido en la Ley de Economía Sostenible una modificación parcial de la LPI para elevar la defensa de la propiedad intelectual a la categoría de derecho fundamental, y la creación de un procedimiento de urgencia que permita cerrar webs de descargas de archivos sujetos a derechos de autor como películas, canciones o videojuegos.

Gran parte de la oposición -todos menos CiU y PP- piden la retirada de esa disposición y que el Parlamento, a través de la subcomisión creada hace un año, proponga una reforma completa de la LPI, que aborde otros aspectos como el papel de las sociedades de gestión. Una reforma completa que también exige Competencia, el organismo dependiente de Economía, que aboga por una liberalización de este mercado, ahora en manos de ocho sociedades de gestión, y que cualquiera pueda montar una gestora de derechos, sin necesidad de contar con la autorización administrativa del Ministerio de Cultura.

Las asociaciones de Internet, parte de la comunidad internauta más activista y los abogados de los que explotan páginas de descargas se suman a esa petición de liberalización, aunque su principal caballo de batalla es la eliminación de la disposición final de la LES. Argumentan que el derecho de propiedad intelectual no puede justificar en ningún caso la conculcación de otros derechos, como el de expresión. Algunos van más allá y apuestan por prescindir del copyright y buscar otras fórmulas como el copyleft, que permite la libre (y gratuita) distribución de obras con permiso del autor, con la consiguiente desaparición de las sociedades de gestión.

En España, estas sociedades sin ánimo de lucro son las únicas que pueden recaudar los derechos de autor. Sin embargo, no todas utilizan los mismos criterios. La SGAE, la más grande y que hasta 1987 tuvo el monopolio absoluto de los derechos, recauda los derechos de televisiones, radios, discotecas, salones, y, en general, de cualquiera que reproduce la obra de sus asociados. Después de deducir los costes de administración, que representan una media del 15,6%, la SGAE abona los derechos a sus socios. Para asignarles las cantidades según la utilización de sus obras, utiliza dos métodos: el 80% se realiza a través de un programa informático que procesa los programas de los grandes usuarios (televisiones, radios, cine espectáculos, venta de discos); el 15% se reparten mediante sondeos efectuados por una empresa especializada; y el 5% restante se reparte por analogía con alguno de los procedimientos anteriores.

Paloma Llaneza, abogada experta en propiedad intelectual, entiende que con esta fórmula internamente el peso de las distribuidoras o editores con derecho de voto es muy superior al de los autores independientes, lo que determina que los acuerdos y normas internas de reparto sean decididos por aquéllos. "Es un sistema muy poco pensado para un entorno como el de Internet en el que se comparte y se difunde en tiempo real desde la mesa camilla de tu casa. La existencia de sistemas de gestión digital de los derechos (DRM) haría posible la entrada de nuevos actores que permitirían una gestión online de derechos barata y sencilla".

Las sociedades de gestión se sienten amenazadas. Atribuyen el informe del CNC a "intereses ocultos" y recuerdan que un informe encargado por el Ministerio de Administraciones Públicas en 2008 dejaba claro que la gestión colectiva era el mejor de los sistemas posibles. Manuel Medina, el presidente de la recién constituida Ibercrea, que agrupa a cuatro sociedades de gestión -AGEDI, AIE, CEDRO y SGAE- señala que se trata en todo caso de un "monopolio impropio", es decir, sólo este tipo de entidades pueden gestionar colectivamente estos derechos de propiedad intelectual, pero no existe númerus clausus, puesto que Cultura puede autorizar nuevas entidades y la asociación a las mismas no es obligatoria.

"Es obvio que hay intereses en que la gestión colectiva desaparezca porque, al no tener éstas ánimo de lucro ocupan un espacio que otros desearían copar pero con ánimo de ganancia. Por otra parte, las sociedades asumen la responsabilidad de recaudar, conforme a determinados criterios, el importe de los derechos de sus socios y eso constituye un coste que algunos negocios desean disminuir y, si fuese posible, eliminar. La creación de un clima hostil hacia la recaudación de derechos está alentada por esos intereses y se alimenta de forma muy demagógica", asegura Medina.

La SGAE, la principal sociedad ya que gestiona más del 70% de los derechos de autor en España, está en entredicho permanentemente. Su particular cruzada por el cobro de derechos en cualquier ámbito (bodas, fiestas populares, peluquerías, etcétera), aunque amparada por la LPI, y sus inversiones para crear una red de teatros le han creado una imagen de recaudador voraz y le han hecho blanco favorito de las críticas de internautas, hasta la obsesión.

En los ataques furibundos a la SGAE, coinciden insólitamente personajes muy distantes desde el punto de vista ideológico como el locutor Federico Jiménez lo Santos o el ex presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, por poner un ejemplo. Frente a esos detractores, la SGAE cuenta con defensores a ultranza, algunos con tan mala prensa como los cantantes Ramoncín o Víctor Manuel, y otros que parecen contar con el favor internauta como el showman Gran Wyoming, entre otros muchos.

Pese a la creación de Ibercrea, lo cierto es que no existe unidad entre las sociedades de gestión. Algunas como DAMA, de directores y guionistas audiovisuales, defienden otra forma de gestión. Esta sociedad, que estuvo pleiteando durante cinco años con SGAE con quien compite, sólo cobra por el uso efectivo de las obras, todo el dinero que recauda va íntegramente a los socios (no hace inversiones en otras actividades) y los votos de todos ellos valen lo mismo (no existe voto ponderado como en la SGAE).

Enrique Urbizu, presidente de DAMA, piensa que la gestión debe seguir siendo colectiva, pero que las entidades no deben tener limitaciones en un determinado ámbito de los derechos (directores, guionistas, artistas, músicos, etc.), sino que puedan gestionar cualquier derecho de propiedad intelectual, sin especializaciones, lo que salvaría el problema del monopolio del que habla CNC. Al margen de las diferencias, Urbizu sí cree que detrás de esa presión por la gratuidad de los derechos de autor, hay determinados "grupos económicos".

La rebelión contra la SGAE se hace a veces desde el interior. Como el cantante Kiko Veneno, fundador de la Plataforma de Autoeditores (PAE). "La gente percibe hoy a la SGAE como un banco, y es muy difícil ocultar que se defienden antiguos privilegios, los privilegios hay que democratizarlos y tienen que fluir el aire y las explicaciones. Lo principal, lo gordo, todos necesitamos la música. Mucha de la lucha de la derecha es contra la cultura, a secas. No sé si estamos a tiempo de crear alternativas, en un mundo que acelera hacia el monopolio. Sin la SGAE estaríamos jodidos", indica en su blog.